Ruth Nallely Sandoval Bautista
Expediente 657/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2023
Partes del expediente
- Ruth Nallely Sandoval Bautista
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, y toda vez que no existen documentos originales agregados a este cuaderno, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto que fue desechado. A su vez, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 20 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Registro Visto el escrito de demanda de amparo signado por Ruth Nallely Sandoval Bautista, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Secretario Instructor del Tribunal Laboral de la Tercera Región Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese bajo el número 657/2023-IV. Desechamiento En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, ello sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (abril de 2000), Novena Época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del análisis de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que, conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De lo anterior, ahora se trae a colación los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, mismos que en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con los actos intraprocesales, a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, de la interpretación al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ante ese panorama normativo y jurisprudencial, deviene evidente que en el presente asunto no se actualiza alguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que se está ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque el acto reclamado tiene su origen dentro de un juicio en el que a la parte quejosa le reviste la calidad de actora y, en el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, reclamado de inconstitucional, la autoridad responsable, según lo informado en la demanda de derechos fundamentales, suspende el procedimiento natural para requerir informes al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en relación a las notificaciones existentes en el procedimiento de conciliación prejudicial. Para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que no acontece en la especie, y si bien es cierto que la quejosa aduce que la responsable carece de facultades para revisar actos verificados en la etapa conciliatoria prejudicial, también es cierto que ello, en su caso, será motivo de análisis en amparo directo, que se promueva en contra de la resolución definitiva. Pues es entonces cuando podría generar un perjuicio en su esfera jurídica. Es así, pues como ya se expuso con antelación, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, donde sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aun cuando ésta pudiera repercutir en un grado predominante o superior. Bajo esa línea de estudio, es evidente que en este asunto no se actualizan las condiciones establecidas por el legislador, para considerar que el acto es de imposible reparación, pues aun para el caso de que pudiera estimarse que afecta derechos sustantivos, no menos lo es, que esa afectación no se actualiza en forma material, pues no se advierte que se impida a la parte quejosa, el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por todo lo antes expuesto, se concluye que en el caso no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata, actual y material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno, y menos todavía, tal afectación se da de manera material, a grado tal que le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías promovida por Ruth Nallely Sandoval Bautista con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Domicilio En otro orden de ideas, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en los términos que cita, a las personas que menciona la parte agraviada en su escrito de cuenta, por tratarse del trabajador. Acceso a la información. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ruth Nallely Sandoval Bautista. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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