Ruth Miriam Zumaya Gonzalez

Expediente 1910/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1910/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Ruth Miriam Zumaya Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni existen documentos originales Importantes o de valor.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista lo de cuenta; téngase por recibido la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; fórmese expediente y regístrese con el número 1910/2022-3 en el libro de gobierno por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Sin embargo, no es caso admitir a trámite pues al tener este órgano jurisdiccional conocimiento previo del acto que como causa de pedir reclama a la autoridad responsable, resulta notoria la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que remite a la fracción X, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (...)" De la interrelación que los supuestos que transcritos, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra: a) La ley o acto que hayan sido materia de estudio de fondo en un juicio de amparo ejecutoriado con anterioridad. b) Que ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso, contra las propias autoridades responsables y por idéntico acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Pues bien, la aquí impetrante promovió un juicio constitucional previo, también contra el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de quien reclamó la sentencia de segunda instancia en el Toca Civil 54/2020, que declaró infundados los agravios en el recurso de apelación y por ende, confirma la determinación del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, en el incidente de desocupación del domicilio que fue conyugal, dentro del expediente 525/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, ordenando a la aquí quejosa la desocupación y entrega de ese bien raíz a su ex consorte. Situación que se corrobora con la sentencia firme que obra en el juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo Juzgado Octavo de Distrito, que constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 8°, sin que sea necesario traer a estos autos copia certificada de las misma, máxime que la propia quejosa reconoce su existencia en la demanda que nos ocupa. Resulta aplicable al respecto por igualdad de razón, la jurisprudencia XXVII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 295, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 199531), que a continuación se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDAPOR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Pues bien, en el anterior juicio de amparo 943/2020, se analizó el fondo del fallo de segunda instancia (en aquella época de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, dentro del Toca número 54/2020. En ella, se otorgó el amparo a Ruth Miriam Zumaya González aquí quejosa, sólo respeto al pago de las costas procesales que fue condenada en ambas instancias, en favor de su ex esposo Eddie Ehrenzweig Maldonado que promovió incidente sobre desocupación del domicilio conyugal, ubicado en calle Loma Topacio número 445, de la colonia Loma Bonita Residencial de esta ciudad, el cual fue adquirido a su nombre y el régimen patrimonial del matrimonio fue el de separación de bienes. De tal forma, que se dio respuesta a los argumentos que aquí repite la misma quejosa, sobre la supuesta violación a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debería según la quejosa, promoverse en su contra una acción real sobre juicio reivindicatorio y no el incidente de desocupación; además de que estima no debió condenársele a desocupar el inmueble, dada la existencia de hijo concebido en el matrimonio, a quienes la finca en la que habita el menor debe servir como habitación. Y finalmente, también argumentó que su ex esposo le regaló a su menor hija el inmueble disputado, pues así lo propuso y lo dispuso desde su nacimiento, por lo que ahora es inverosímil que pretenda despojarla de ese bien. Como se ve, se trata de los mismos argumentos contra el fallo de segunda instancia que es esencialmente en el mismo sentido, en este caso, liberándola del pago de costas en atención al fallo protector del anterior juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo órgano de control Constitucional. Por lo que, a nada práctico conduce admitir a trámite la nueva demanda, si claramente ya de determinó que no se asiste la razón a la impetrante del amparo, porque la tenencia del inmueble es en calidad de poseedora derivada, precisamente por aquella unión matrimonial que tenía con Eddie Ehrenzweig Maldonado, a quien le asiste el carácter de poseedor originario, ya que él fue quien lo adquirió y los contendientes contrajeron nupcias bajo el régimen de separación de bienes. De ahí que a los poseedores derivados solamente pueden ser compelidos a restituir un inmueble mediante acciones personales en relación con el vínculo jurídico que les permitió adquirir aquella calidad, en la especie, el matrimonio disuelto entre las partes, y no a través del ejercicio de una acción real como lo sigue sosteniendo la quejosa. Para ello, se invocó la jurisprudencia 1a./J. 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, Tomo XXV, Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 173412), de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO." En cuanto a la habitación por existencia de hijos menores de edad, se explicó que la pensión alimenticia del treinta por ciento de los ingresos de su contraparte, decretada en diverso expediente absorbe ese deber, como lo refiere os artículo 277 y 286 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Al respecto se citó la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Volumen 115-120, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época (registro 245721), de rubro: "ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPORCIONAR LOS. ALCANCE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 309 DEL CODIGO CIVIL." En cuanto al supuesto regalo de padre de la menor sobre el inmueble en disputa, desde su nacimiento, se desestimó dicho argumento porque nunca fue probado en el juicio ni en el incidente en de desocupación en cuestión, máxime que en términos de los artículos 1653 y 1666 del Código Civil Tamaulipeco, habría de constar en escritura pública el contrato de donación, el cual no fue exhibido. En consecuencia, se reitera que sólo se otorgó el amparo a la aquí quejosa respecto de la condena al pago de costas, pero en cuanto al fondo del asunto se determinó que no le asiste la razón en la condena a desocupar el inmueble en el que residió con su ex consorte cuando estuvo casada. Por ello, salvo la fecha de la nueva sentencia de segunda instancia se trata de la misma causa de pedir materia de estudio en la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el anterior juicio de amparo 943/2020, el índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Sentencia que al impugnada por el promovente, fue confirmada por el Primer Tribunal del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en ejecutoria de catorce de julio de veintidós, dictada en el amparo en revisión 163/2021. Por ende, resulta inconcuso que en la especie concurre de manera notoria e indudable la hipótesis de la fracción XI, que remite a la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues como ha quedado reseñado, aquí se solicita de nueva cuenta la protección constitucional por Ruth Miriam Zumaya González, contra la sentencia de segunda instancia dictada por la misma autoridad responsable, que ya fue materia de análisis en anterior ejecutoria de otro juicio de amparo. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 235, consultable en la página: 193, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 (registro 917769), que dispone: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cinco número 205, entre calles Leona Vicario y Cinco de Febrero, de la Colonia Prolongación Longoria, de esta ciudad, y como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones no así en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucía Lozano Soto, Eduardo A, Corona Gracia y Ervey Ramírez Manzanares. En otro aspecto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...para conocimiento de la parte quejosa...Reynosa, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista lo de cuenta; téngase por recibido la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; fórmese expediente y regístrese con el número 1910/2022-3 en el libro de gobierno por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Sin embargo, no es caso admitir a trámite pues al tener este órgano jurisdiccional conocimiento previo del acto que como causa de pedir reclama a la autoridad responsable, resulta notoria la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que remite a la fracción X, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (...)" De la interrelación que los supuestos que transcritos, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra: a) La ley o acto que hayan sido materia de estudio de fondo en un juicio de amparo ejecutoriado con anterioridad. b) Que ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso, contra las propias autoridades responsables y por idéntico acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Pues bien, la aquí impetrante promovió un juicio constitucional previo, también contra el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de quien reclamó la sentencia de segunda instancia en el Toca Civil 54/2020, que declaró infundados los agravios en el recurso de apelación y por ende, confirma la determinación del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, en el incidente de desocupación del domicilio que fue conyugal, dentro del expediente 525/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, ordenando a la aquí quejosa la desocupación y entrega de ese bien raíz a su ex consorte. Situación que se corrobora con la sentencia firme que obra en el juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo Juzgado Octavo de Distrito, que constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 8°, sin que sea necesario traer a estos autos copia certificada de las misma, máxime que la propia quejosa reconoce su existencia en la demanda que nos ocupa. Resulta aplicable al respecto por igualdad de razón, la jurisprudencia XXVII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 295, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 199531), que a continuación se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDAPOR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Pues bien, en el anterior juicio de amparo 943/2020, se analizó el fondo del fallo de segunda instancia (en aquella época de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, dentro del Toca número 54/2020. En ella, se otorgó el amparo a Ruth Miriam Zumaya González aquí quejosa, sólo respeto al pago de las costas procesales que fue condenada en ambas instancias, en favor de su ex esposo Eddie Ehrenzweig Maldonado que promovió incidente sobre desocupación del domicilio conyugal, ubicado en calle Loma Topacio número 445, de la colonia Loma Bonita Residencial de esta ciudad, el cual fue adquirido a su nombre y el régimen patrimonial del matrimonio fue el de separación de bienes. De tal forma, que se dio respuesta a los argumentos que aquí repite la misma quejosa, sobre la supuesta violación a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debería según la quejosa, promoverse en su contra una acción real sobre juicio reivindicatorio y no el incidente de desocupación; además de que estima no debió condenársele a desocupar el inmueble, dada la existencia de hijo concebido en el matrimonio, a quienes la finca en la que habita el menor debe servir como habitación. Y finalmente, también argumentó que su ex esposo le regaló a su menor hija el inmueble disputado, pues así lo propuso y lo dispuso desde su nacimiento, por lo que ahora es inverosímil que pretenda despojarla de ese bien. Como se ve, se trata de los mismos argumentos contra el fallo de segunda instancia que es esencialmente en el mismo sentido, en este caso, liberándola del pago de costas en atención al fallo protector del anterior juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo órgano de control Constitucional. Por lo que, a nada práctico conduce admitir a trámite la nueva demanda, si claramente ya de determinó que no se asiste la razón a la impetrante del amparo, porque la tenencia del inmueble es en calidad de poseedora derivada, precisamente por aquella unión matrimonial que tenía con Eddie Ehrenzweig Maldonado, a quien le asiste el carácter de poseedor originario, ya que él fue quien lo adquirió y los contendientes contrajeron nupcias bajo el régimen de separación de bienes. De ahí que a los poseedores derivados solamente pueden ser compelidos a restituir un inmueble mediante acciones personales en relación con el vínculo jurídico que les permitió adquirir aquella calidad, en la especie, el matrimonio disuelto entre las partes, y no a través del ejercicio de una acción real como lo sigue sosteniendo la quejosa. Para ello, se invocó la jurisprudencia 1a./J. 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, Tomo XXV, Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 173412), de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO." En cuanto a la habitación por existencia de hijos menores de edad, se explicó que la pensión alimenticia del treinta por ciento de los ingresos de su contraparte, decretada en diverso expediente absorbe ese deber, como lo refiere os artículo 277 y 286 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Al respecto se citó la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Volumen 115-120, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época (registro 245721), de rubro: "ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPORCIONAR LOS. ALCANCE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 309 DEL CODIGO CIVIL." En cuanto al supuesto regalo de padre de la menor sobre el inmueble en disputa, desde su nacimiento, se desestimó dicho argumento porque nunca fue probado en el juicio ni en el incidente en de desocupación en cuestión, máxime que en términos de los artículos 1653 y 1666 del Código Civil Tamaulipeco, habría de constar en escritura pública el contrato de donación, el cual no fue exhibido. En consecuencia, se reitera que sólo se otorgó el amparo a la aquí quejosa respecto de la condena al pago de costas, pero en cuanto al fondo del asunto se determinó que no le asiste la razón en la condena a desocupar el inmueble en el que residió con su ex consorte cuando estuvo casada. Por ello, salvo la fecha de la nueva sentencia de segunda instancia se trata de la misma causa de pedir materia de estudio en la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el anterior juicio de amparo 943/2020, el índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Sentencia que al impugnada por el promovente, fue confirmada por el Primer Tribunal del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en ejecutoria de catorce de julio de veintidós, dictada en el amparo en revisión 163/2021. Por ende, resulta inconcuso que en la especie concurre de manera notoria e indudable la hipótesis de la fracción XI, que remite a la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues como ha quedado reseñado, aquí se solicita de nueva cuenta la protección constitucional por Ruth Miriam Zumaya González, contra la sentencia de segunda instancia dictada por la misma autoridad responsable, que ya fue materia de análisis en anterior ejecutoria de otro juicio de amparo. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 235, consultable en la página: 193, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 (registro 917769), que dispone: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cinco número 205, entre calles Leona Vicario y Cinco de Febrero, de la Colonia Prolongación Longoria, de esta ciudad, y como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones no así en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucía Lozano Soto, Eduardo A, Corona Gracia y Ervey Ramírez Manzanares. En otro aspecto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...para conocimiento de la parte quejosa...Reynosa, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista lo de cuenta; téngase por recibido la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; fórmese expediente y regístrese con el número 1910/2022-3 en el libro de gobierno por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Sin embargo, no es caso admitir a trámite pues al tener este órgano jurisdiccional conocimiento previo del acto que como causa de pedir reclama a la autoridad responsable, resulta notoria la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que remite a la fracción X, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (...)" De la interrelación que los supuestos que transcritos, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra: a) La ley o acto que hayan sido materia de estudio de fondo en un juicio de amparo ejecutoriado con anterioridad. b) Que ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso, contra las propias autoridades responsables y por idéntico acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Pues bien, la aquí impetrante promovió un juicio constitucional previo, también contra el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de quien reclamó la sentencia de segunda instancia en el Toca Civil 54/2020, que declaró infundados los agravios en el recurso de apelación y por ende, confirma la determinación del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, en el incidente de desocupación del domicilio que fue conyugal, dentro del expediente 525/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, ordenando a la aquí quejosa la desocupación y entrega de ese bien raíz a su ex consorte. Situación que se corrobora con la sentencia firme que obra en el juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo Juzgado Octavo de Distrito, que constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 8°, sin que sea necesario traer a estos autos copia certificada de las misma, máxime que la propia quejosa reconoce su existencia en la demanda que nos ocupa. Resulta aplicable al respecto por igualdad de razón, la jurisprudencia XXVII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 295, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 199531), que a continuación se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDAPOR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Pues bien, en el anterior juicio de amparo 943/2020, se analizó el fondo del fallo de segunda instancia (en aquella época de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, dentro del Toca número 54/2020. En ella, se otorgó el amparo a Ruth Miriam Zumaya González aquí quejosa, sólo respeto al pago de las costas procesales que fue condenada en ambas instancias, en favor de su ex esposo Eddie Ehrenzweig Maldonado que promovió incidente sobre desocupación del domicilio conyugal, ubicado en calle Loma Topacio número 445, de la colonia Loma Bonita Residencial de esta ciudad, el cual fue adquirido a su nombre y el régimen patrimonial del matrimonio fue el de separación de bienes. De tal forma, que se dio respuesta a los argumentos que aquí repite la misma quejosa, sobre la supuesta violación a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debería según la quejosa, promoverse en su contra una acción real sobre juicio reivindicatorio y no el incidente de desocupación; además de que estima no debió condenársele a desocupar el inmueble, dada la existencia de hijo concebido en el matrimonio, a quienes la finca en la que habita el menor debe servir como habitación. Y finalmente, también argumentó que su ex esposo le regaló a su menor hija el inmueble disputado, pues así lo propuso y lo dispuso desde su nacimiento, por lo que ahora es inverosímil que pretenda despojarla de ese bien. Como se ve, se trata de los mismos argumentos contra el fallo de segunda instancia que es esencialmente en el mismo sentido, en este caso, liberándola del pago de costas en atención al fallo protector del anterior juicio de amparo 943/2020, del índice de este mismo órgano de control Constitucional. Por lo que, a nada práctico conduce admitir a trámite la nueva demanda, si claramente ya de determinó que no se asiste la razón a la impetrante del amparo, porque la tenencia del inmueble es en calidad de poseedora derivada, precisamente por aquella unión matrimonial que tenía con Eddie Ehrenzweig Maldonado, a quien le asiste el carácter de poseedor originario, ya que él fue quien lo adquirió y los contendientes contrajeron nupcias bajo el régimen de separación de bienes. De ahí que a los poseedores derivados solamente pueden ser compelidos a restituir un inmueble mediante acciones personales en relación con el vínculo jurídico que les permitió adquirir aquella calidad, en la especie, el matrimonio disuelto entre las partes, y no a través del ejercicio de una acción real como lo sigue sosteniendo la quejosa. Para ello, se invocó la jurisprudencia 1a./J. 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, Tomo XXV, Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 173412), de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO." En cuanto a la habitación por existencia de hijos menores de edad, se explicó que la pensión alimenticia del treinta por ciento de los ingresos de su contraparte, decretada en diverso expediente absorbe ese deber, como lo refiere os artículo 277 y 286 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Al respecto se citó la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Volumen 115-120, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época (registro 245721), de rubro: "ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPORCIONAR LOS. ALCANCE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 309 DEL CODIGO CIVIL." En cuanto al supuesto regalo de padre de la menor sobre el inmueble en disputa, desde su nacimiento, se desestimó dicho argumento porque nunca fue probado en el juicio ni en el incidente en de desocupación en cuestión, máxime que en términos de los artículos 1653 y 1666 del Código Civil Tamaulipeco, habría de constar en escritura pública el contrato de donación, el cual no fue exhibido. En consecuencia, se reitera que sólo se otorgó el amparo a la aquí quejosa respecto de la condena al pago de costas, pero en cuanto al fondo del asunto se determinó que no le asiste la razón en la condena a desocupar el inmueble en el que residió con su ex consorte cuando estuvo casada. Por ello, salvo la fecha de la nueva sentencia de segunda instancia se trata de la misma causa de pedir materia de estudio en la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el anterior juicio de amparo 943/2020, el índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Sentencia que al impugnada por el promovente, fue confirmada por el Primer Tribunal del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en ejecutoria de catorce de julio de veintidós, dictada en el amparo en revisión 163/2021. Por ende, resulta inconcuso que en la especie concurre de manera notoria e indudable la hipótesis de la fracción XI, que remite a la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues como ha quedado reseñado, aquí se solicita de nueva cuenta la protección constitucional por Ruth Miriam Zumaya González, contra la sentencia de segunda instancia dictada por la misma autoridad responsable, que ya fue materia de análisis en anterior ejecutoria de otro juicio de amparo. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 235, consultable en la página: 193, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 (registro 917769), que dispone: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ruth Miriam Zumaya González. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cinco número 205, entre calles Leona Vicario y Cinco de Febrero, de la Colonia Prolongación Longoria, de esta ciudad, y como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones no así en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucía Lozano Soto, Eduardo A, Corona Gracia y Ervey Ramírez Manzanares. En otro aspecto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

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