Ruth Millan Aguirre
Expediente 324/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ruth Millan Aguirre
- Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de siete de abril de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que sobreseyó el juicio fuera de audiencia, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el cual, y en atención a lo requerido por esta autoridad, remite copia certificada del exhorto 080/2022-JE2 dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, recibo y papeleta de envío vía Servicio Postal mexicano de uno de abril de dos mil veintidós, así como del proveído de cinco de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: **** Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Además, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje su cargo. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el expediente principal del juicio de amparo 339/2020 y su acumulado 340/2020, así como el testimonio de la ejecutoria de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en el amparo en revisión 21/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A **** , respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el resultando primero y por las razones y para los efectos indicados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A ***, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el resultando primero y por las razones y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia.". Por tanto, acúsese recibo y glósense al presente asunto las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que las restantes son copias simples de las actuaciones que obran en autos, y previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Causa Ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento de ejecutoria de amparo Ahora bien, con fundamento artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Menor en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con los efectos determinados en la ejecutoria emitida por el Tribunal oficiante, realizando lo siguiente: *** Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización1 , lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual pretende subsanar la prevención efectuada en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, no ha lugar a tener por desahogada la citada prevención, toda vez que la autorizada no se encuentra facultada para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", ya que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 1a. /J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Agosto de 2014, página 210, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Además, la promovente, quien es autorizada en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente puede realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo, ajenos a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyen en la configuración de la litis constitucional, como lo es el señalamiento de las autoridades responsables, los actos reclamados o la formulación de los conceptos de violación. Lo anterior es así, ya que la satisfacción de ese requisito debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y las autoridades responsables; por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 1a. /J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, materia común, cuya sinopsis es la siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". La citada jurisprudencia se aplica por analogía jurídica, ya que si bien es cierto se refiere a la ampliación de la demanda, también lo es que su contenido es exactamente aplicable a la demanda de amparo. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa que subsiste la prevención formulada en el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, así como el apercibimiento ahí decretado; además, que el término restante (de los días que ahí le fueron concedidos), se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 39/2012 (10a.), que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, página 400, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente.
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