Ruth Mendoza Hernández
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ruth Mendoza Hernández
- Director de Prestaciones Y Servicios Al Derechohabiente de la Caja de Previsión Para Trabajadores A Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Paola Gissel Laborde Bernal, Directora de Prestaciones y Bienestar Social y a Miguel Ramírez Pérez, Subdirector de Prestaciones, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, han sido omisas en desahogar el requerimiento de diecinueve de septiembre del año en curso, donde se les requirieron diversas constancias. Se les recuerda a las autoridades que para dar cumplimiento al fallo protector, Paola Gissel Laborde Bernal, Directora de Prestaciones y Bienestar Social y Miguel Ramírez Pérez, Subdirector de Prestaciones, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, deben realizar lo siguiente: Situación que genera incertidumbre a este Juzgado Federal, en torno a la cantidad que se otorgó a la quejosa Ruth Mendoza Hernández, por concepto de pensión. Atento a lo anterior, y dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a Paola Gissel Laborde Bernal, Directora de Prestaciones y Bienestar Social y a Miguel Ramírez Pérez, Subdirector de Prestaciones, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para emitir la resolución y cálculo de la pensión de la quejosa Ruth Mendoza Hernández. Apercibidos que de no hacerlo, se impondrá a las personas físicas que ostenten el cargo de las autoridades requeridas, una multa de cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta de agosto de dos mil veintitrés, manifiesta las gestiones que se encuentra realizando para el cumplimiento del fallo protector y solicita que sea vinculada la alcaldía Benito Juárez, a efecto de que remita las aportaciones de la quejosa, toda vez que se trata de una relación obrero patronal; asimismo, remite la resolución de quince de septiembre del año en curso, CAPTRALIR/DG/SJN/6537/2023, en la que se determinó como cuota pensionaria final, la cantidad de $11,871.95 (once mil ochocientos setenta y un pesos 95/100 moneda nacional). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Sin que haya lugar a vincular a la alcaldía Benito Juárez en el presente asunto, pues al tratarse de una sentencia firme, la autoridad sentenciada quedó obligada a realizar todas las gestiones necesarias a fin de que lograr el cumplimiento de dicho fallo; máxime que ésta no fue requerida en el juicio de nulidad de origen. Por lo que al tener el fallo de nulidad el rango de cosa juzgada, se encuentra obligada la autoridad oficiante a cumplirlo y si estima necesaria la intervención de la alcaldía Benito Juárez, deberá realizar las gestiones necesarias directamente con dicha autoridad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 86/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 590, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros". Se les recuerda a las autoridades que para dar cumplimiento al fallo protector, Paola Gissel Laborde Bernal, Directora de Prestaciones y Bienestar Social y Miguel Ramírez Pérez, Subdirector de Prestaciones, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, deben realizar lo siguiente: ? DECLARAR LA NULIDAD del acuerdo de concesión de pensión por jubilación con número de patente 49341 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. ? Emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado en el que considere como sueldo básico el cálculo de la pensión asignada al actor, la totalidad de los ingresos que percibió durante el último año previo a la fecha en que causó baja definitiva, esto es, los conceptos de: SALARIO BASE; QUINQUENIO; GUARDIAS; ASIGNACIÓN ADICIONAL; AYUDA SERVICIO SUTGDF; PREVISIÓN SOCIAL SUTDF; APOYO CANASTA BÁSICA SUTGD; APOYO D SEGURO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUTGD; TIEMPO EXTRAORDINARIO; DESPENSA SUTGD; AYUDA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUTGD; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; ESTÍMULO ART. 150 FRACC. XI; SUBSIDIO CON. FAM. ART. 150 FRACC.XII; PRIMA VACACIONAL; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; asimismo, realizar el pago retroactivo de las diferencias que resulten con motivo de la emisión del nuevo dictamen de pensión, desde el momento en que fue otorgada, esto es, desde el día uno de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio signado por el Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el que remitió el diverso oficio CAPTRALIR/DG/SJN/6173/2023, de cinco de septiembre del año en curso, y copia certificada del oficio CAPTRALIR/DPBS/SP/1155/2022, en que se informa el aumento de pensión a favor de Ruth Mendoza Hernández con número de patente 49341, por la cantidad de $20,439.73 (veinte mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 73/100 moneda nacional), la cual indicó que se está reflejando desde el mes de noviembre de dos mil veintidós. Situación que genera incertidumbre a este Juzgado Federal, en torno a la cantidad que se otorgó a la quejosa Ruth Mendoza Hernández, por concepto de pensión. Atento a lo anterior, y dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a Paola Gissel Laborde Bernal, Directora de Prestaciones y Bienestar Social y a Miguel Ramírez Pérez, Subdirector de Prestaciones, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para emitir la resolución y cálculo de la pensión de la quejosa Ruth Mendoza Hernández. Apercibidos que de no hacerlo, se impondrá a las personas físicas que ostenten el cargo de las autoridades requeridas, una multa de cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de treinta de agosto de dos mil veintitrés, manifiesta las gestiones que se encuentra realizando para el cumplimiento del fallo protector y solicita que sea vinculada al cumplimiento la alcaldía Benito Juárez, a efecto de que remita las aportaciones de la quejosa, toda vez que se trata de una relación obrero patronal. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Sin que haya lugar a vincular a la alcaldía Benito Juárez en el presente asunto, pues al tratarse de una sentencia firme, la autoridad sentenciada quedó obligada a realizar todas las gestiones necesarias a fin de que lograr el cumplimiento de dicho fallo; máxime que ésta no fue requerida en el juicio de nulidad de origen. Por lo que al tener el fallo de nulidad el rango de cosa juzgada, se encuentra obligada la autoridad oficiante a cumplirlo y si estima necesaria la intervención de la alcaldía Benito Juárez, deberá hacer las gestiones necesarias ante ella, para lograr el cumplimiento de dicho fallo. 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 86/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 590, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros". En estas condiciones, se informa que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 2 a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, prevén el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, conviene señalar que los efectos de la concesión de la protección constitucional, son los siguientes: 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 3 JUICIO DE AMPARO P- 472/2022-VI "En este orden de ideas, la omisión apuntada conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Directora de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, así como el Subdirector de Prestaciones de dicha institución, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumplan cabalmente con la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, modificada en sus efectos por la resolución dictada en el recurso de apelación RAJ 164805/2019, interpuesto en el juicio de nulidad TJ/I 65303/2019, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la cual se reiteran los efectos: 'Consecuentemente, toda vez que las autoridades demandadas omitieron realizar una correcta determinación de la cuota pensionaria que corresponde al actor, al no haber atendido a las reglas previstas por los artículos 18, primer párrafo, 19, 20 y 54, fracción I, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones II, IV y 102, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, este Órgano Jurisdiccional estima procedente DECLARAR LA NULIDAD del acuerdo de concesión de pensión por jubilación con número de patente 49341 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 100, fracción IV y 102 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quedan obligadas las autoridades demandadas, a restituir a la parte actora el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, lo cual consiste en emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado en el que considere como sueldo básico el cálculo de la pensión asignada al actor, la totalidad de los ingresos que percibió durante el último año previo a la fecha en que causó baja definitiva, esto es, los conceptos de: 'SALARIO BASE; QUINQUENIO; GUARDIAS; ASIGNACIÓN ADICIONAL; AYUDA SERVICIO SUTGDF; PREVISIÓN SOCIAL SUTDF; APOYO CANASTA BÁSICA SUTGD; APOYO D SEGURO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUTGD; TIEMPO EXTRAORDINARIO; DESPENSA SUTGD; AYUDA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUTGD; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; ESTÍMULO ART. 150 FRACC. XI; SUBSIDIO CON. FAM. ART. 150 FRACC.XII; PRIMA VACACIONAL; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD'; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 4 asimismo, la demandada está obligada a realizar el pago retroactivo de las diferencias que resulten con motivo de la emisión del nuevo dictamen de pensión, desde el momento en que fue otorgada, esto es, desde el día uno de noviembre de dos mil dieciocho; lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia S.S.85, sustentada por la Sala Superior que señala literalmente lo siguiente:' (.)" En estas condiciones, se advierte que para dar cumplimiento al fallo protector, Paola Gissel Laborde Bernal Directora de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, así como Miguel Ramírez Pérez Subdirector de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, deben realizar lo siguiente: DECLARAR LA NULIDAD del acuerdo de concesión de? pensión por jubilación con número de patente 49341 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y? motivado en el que considere como sueldo básico el cálculo de la pensión asignada al actor, la totalidad de los ingresos que percibió durante el último año previo a la fecha en que causó baja definitiva, esto es, los conceptos de: SALARIO BASE; QUINQUENIO; GUARDIAS; ASIGNACIÓN ADICIONAL; AYUDA SERVICIO SUTGDF; PREVISIÓN SOCIAL SUTDF; APOYO CANASTA BÁSICA SUTGD; APOYO D SEGURO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUTGD; TIEMPO EXTRAORDINARIO; DESPENSA SUTGD; AYUDA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUTGD; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; ESTÍMULO ART. 150 FRACC. XI; SUBSIDIO CON. FAM. ART. 150 FRACC.XII; PRIMA VACACIONAL; PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; asimismo, realizar el pago retroactivo de las diferencias que resulten con motivo de la emisión del nuevo dictamen de pensión, desde el 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 5 JUICIO DE AMPARO P- 472/2022-VI momento en que fue otorgada, esto es, desde el día uno de noviembre de dos mil dieciocho. Por ende, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Paola Gissel Laborde Bernal Directora de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, así como a Miguel Ramírez Pérez Subdirector de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el término de diez días, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a Iván de Jesús Olmos Cansino DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en su calidad de superior jerárquico de las autoridades directamente responsables, los conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 6 actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibido que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. . Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas 29/08/24 00:45:13 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4c.94 FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 7 JUICIO DE AMPARO P- 472/2022-VI o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese
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