Ruth Maria Anrubio Mena
Expediente 268/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ruth Maria Anrubio Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VIII. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese. QSJA
- Principal
MESA VIII. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de ***, en su carácter autorizada de la parte quejosa para el efecto de oír y recibir notificaciones. Al respecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, lo anterior, toda vez que mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la promovente únicamente como autorizada de la parte quejosa para el efecto de oír y recibir notificaciones, mas no así con todas las facultades que establece la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que no puede promover en esta instancia constitucional. Notifíquese. QSJA
- Principal
AVISO. MESA VIII Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo, así como de las manifestaciones que hizo la autoridad responsable cuando rindió su informe justificado y desahogó el último requerimiento formulado por este juzgado, en el sentido de que la plaza que refiere el quejoso no es basificable porque no acredita bajo qué proceso adquirió las claves que argumenta, que no se le adeuda ningún tipo de salario y que sus pretensiones no están contempladas en el contrato de trabajo o contrato laboral; por tanto, tomando en consideración lo antes mencionado, en relación con el acto que reclama la parte quejosa, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. [...] Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. [...] Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado; y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ello, al no actualizarse una relación de supra a subordinación con la parte quejosa. Ahora bien, en el caso, la quejosa reclama en esencia: la omisión o falta de contestación al escrito que presentó el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó la basificación de las plazas ****, al cumplir con los requisitos previstos por la normatividad laboral aplicable, así como el pago de los salarios devengados de manera retroactiva. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que constituye una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse al Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en el acto reclamado, sino por el contrario, dicha controversia se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad responsable y la quejosa. Lo anterior se considera de esta manera, ya que de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el juicio de amparo, la parte quejosa refiere que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, presentó ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, el escrito por el cual solicitó la basificación de plazas ***, toda vez que se ha desempeñado en el sector educativo y al haber cumplido los requisitos previstos por la normatividad laboral; asimismo, solicitó se cubra a su favor el pago de los salarios devengados de manera retroactiva, es decir, aquellos salarios que le corresponden al haber realizado la actividad laboral, o bien, el trabajo encomendado por la autoridad educativa y que hasta la fecha no han sido cubiertos y se le informe el estado actual que guarda cada una de las actuaciones y peticiones anteriores. Por su parte, al desahogar el requerimiento formulado por este juzgado en auto de once de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable señala que las supuestas plazas que argumenta la parte quejosa, no son basificables, porque no acredita el proceso por el cual adquirió las claves que argumenta; de la misma manera, señala que no se le adeuda ningún tipo de salario y que sus pretensiones no están contempladas en el contrato de trabajo o contrato laboral. De lo anterior, se evidencia que la parte quejosa, en su calidad de trabajador realizó una petición a la autoridad aquí señalada como responsable (en calidad de patrón), a quien le solicitó la basificación de las plazas y se cubra el pago de los salarios devengados entre otras peticiones, por lo que resulta inconcuso que entre la parte quejosa y la autoridad responsable existe una relación laboral, es decir, de coordinación, pero no de supra a subordinación. Luego, dada la evidencia de que entre el trabajador y la autoridad señalada responsable subyace un vínculo empleado-patrón, es claro que, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)- cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional; en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, trabajador-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. En cambio, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. Consecuentemente, dado que el acto combatido por la parte impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; ello implica que la parte quejosa debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, se vulneran con la negativa reclamada, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. [...] Finalmente, en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
MESA VIII Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo, así como de las manifestaciones que hizo la autoridad responsable cuando rindió su informe justificado y desahogó el último requerimiento formulado por este juzgado, en el sentido de que la plaza que refiere el quejoso no es basificable porque no acredita bajo qué proceso adquirió las claves que argumenta, que no se le adeuda ningún tipo de salario y que sus pretensiones no están contempladas en el contrato de trabajo o contrato laboral; por tanto, tomando en consideración lo antes mencionado, en relación con el acto que reclama la parte quejosa, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. [...] Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. [...] Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado; y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ello, al no actualizarse una relación de supra a subordinación con la parte quejosa. Ahora bien, en el caso, la quejosa reclama en esencia: la omisión o falta de contestación al escrito que presentó el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó la basificación de las plazas ****, al cumplir con los requisitos previstos por la normatividad laboral aplicable, así como el pago de los salarios devengados de manera retroactiva. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que constituye una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse al Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en el acto reclamado, sino por el contrario, dicha controversia se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad responsable y la quejosa. Lo anterior se considera de esta manera, ya que de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el juicio de amparo, la parte quejosa refiere que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, presentó ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, el escrito por el cual solicitó la basificación de plazas ***, toda vez que se ha desempeñado en el sector educativo y al haber cumplido los requisitos previstos por la normatividad laboral; asimismo, solicitó se cubra a su favor el pago de los salarios devengados de manera retroactiva, es decir, aquellos salarios que le corresponden al haber realizado la actividad laboral, o bien, el trabajo encomendado por la autoridad educativa y que hasta la fecha no han sido cubiertos y se le informe el estado actual que guarda cada una de las actuaciones y peticiones anteriores. Por su parte, al desahogar el requerimiento formulado por este juzgado en auto de once de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable señala que las supuestas plazas que argumenta la parte quejosa, no son basificables, porque no acredita el proceso por el cual adquirió las claves que argumenta; de la misma manera, señala que no se le adeuda ningún tipo de salario y que sus pretensiones no están contempladas en el contrato de trabajo o contrato laboral. De lo anterior, se evidencia que la parte quejosa, en su calidad de trabajador realizó una petición a la autoridad aquí señalada como responsable (en calidad de patrón), a quien le solicitó la basificación de las plazas y se cubra el pago de los salarios devengados entre otras peticiones, por lo que resulta inconcuso que entre la parte quejosa y la autoridad responsable existe una relación laboral, es decir, de coordinación, pero no de supra a subordinación. Luego, dada la evidencia de que entre el trabajador y la autoridad señalada responsable subyace un vínculo empleado-patrón, es claro que, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)- cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional; en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, trabajador-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. En cambio, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. Consecuentemente, dado que el acto combatido por la parte impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; ello implica que la parte quejosa debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, se vulneran con la negativa reclamada, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. [...] Finalmente, en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente. QSJA
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