Ruth Loyda González Luna

Expediente 360/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Ruth Loyda González Luna
  • Martin Alvarado Torrijos
  • Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Amparo en revisión

    Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Juzgado de origen, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le comunicó la resolución dictada en este asunto, así como de los anexos descritos en el propio oficio. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el expediente, del que se advierte que no existen diligencias pendientes por realizar y dado que el asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo en los términos precisados en la resolución dictada. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    En la Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintidós, fue la última notificación a las partes de la resolución de trece de ese mismo mes y año, por lo que el diez de febrero de la presente anualidad feneció el término de quince días del que disponían para impugnarla, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.

  3. Amparo en revisión

    SENTENCIA. PRIMERO: EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN SE CONFIRMA. SEGUNDO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE

  4. Juicio de Amparo Directo

    Ciudad de México, a trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno se le dio vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que habiendo transcurrido el término que se le otorgó para tal efecto sin que hubiera manifestado objeción alguna, se procede a hacer pronunciamiento respecto del cumplimiento de la mencionada ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y de acuerdo con el considerando noveno del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modifica el Acuerdo General 5/2013. En la ejecutoria en comento, se concedió a la quejosa la protección constitucional para lo siguiente: ".QUINTO. Efectos del amparo. Los efectos de la protección constitucional otorgada se traducen en que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que tome en cuenta las pruebas aportadas tanto por la parte actora como por la demandada y, con plenitud de jurisdicción, realice el comparativo de incrementos para resolver específicamente por cuáles años dicho incremento fue correcto, por qué en otros no lo fue, y en qué años existe incremento en mayor beneficio que debe respetarse, en el entendido que a partir del año dos mil diecisiete, en vez de salario mínimo se debe aplicar la Unidad de Medida y Actualización -que reemplazó Constitucionalmente al Salario Mínimo-, y a partir de ellos determine lo que en derecho corresponda." En cumplimiento a lo anterior, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala responsable ordenó dejar sin efectos la sentencia de catorce de mayo de la misma anualidad dictada en el juicio de nulidad 21425/20-17-01-2 y emitió una nueva en la que, por una parte, se reiteraron las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, por otra, en el considerando séptimo de la resolución dictada en cumplimiento, se analizaron los conceptos de impugnación en los que la entonces actora adujo que su pensión no había sido incrementada conforme a derecho, los cuales fueron declarados fundados y para demostrarlo la Sala realizó varios cuadros en donde plasmó los porcentajes de incremento efectuados a la pensión de la entonces actora, los que había tenido el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal (al ser el factor aplicable para incrementar la pensión) y reflejó en cuáles años la pensión se había incrementado debidamente, por debajo o superior a los porcentajes correspondientes. Precisó que a partir del dos mil diecisiete, debía aumentarse según la Unidad de Medida y Actualización para lo cual demostró por cuáles años sí se había hecho de esa forma y por cuáles no. A partir de ello, conminó a la autoridad demandada a incrementar la pensión en cuestión debidamente, indicando que en aquellos años en que el incremento había sido mayor al correspondiente, debía hacerse conforme al porcentaje aplicable según el factor indicado en la ley (salarios mínimos o Unidad de Medida y Actualización) pero que las cantidades pagadas no debían descontarse a la demandante. Finalmente, conminó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a pagar las diferencias actualizadas que no hubieran prescrito e indicó que la pensión no debía rebasar el monto de diez salarios mínimos (hasta el año dos mil dieciséis) ni diez veces la Unidad de Medida y Actualización (a partir del año dos mil diecisiete). En consecuencia, tras un examen integral de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que cumplió con la totalidad de los lineamientos plasmados en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (habilitando al actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario practique la diligencia en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º). Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Alma Lorena Leal Téllez, quien da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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