Ruth Lilia Santiago Lopez
Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ruth Lilia Santiago Lopez
Actuaciones
- Principal
X... Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído a través del cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a) de la citada norma en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al capítulo cuarto, artículo 14 y capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir del día de la fecha, procederá este juzgado a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
X... Vista la demanda de amparo promovida por Ruth Lilia..., por conducto de su apoderado Francisco Javier ..., personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la carta poder de veinte de junio de dos mil veintidós, (que exhibe como anexo al libelo de garantías), contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 793/2022-X. DESECHAMIENTO En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto reclamado el señalamiento de la fecha lejana indicada para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesionales, ofrecidas por las partes en el expediente laboral J.3/762/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, esto es a las ocho horas con quince minutos del trece y veinte de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Del último de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esos derechos. En ese contexto, el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir a la propia agraviada en el pleno goce de derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que el mismo exija, si aquél es negativo o implique una omisión. Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. De ese modo, para el caso en que se advierta que existe imposibilidad jurídica para producir los efectos restitutorios de la sentencia protectora, el juicio de amparo será improcedente. En el caso, el acto reclamado consiste en el señalamiento de la fecha lejana indicada para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesionales, ofrecidas por las partes en el expediente laboral J.3/762/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, esto es a las ocho horas con quince minutos del trece y veinte de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, pues la parte quejosa aduce que esas datas se encuentran fuera de los plazos establecidos en la ley. Al respecto, este juzgado advierte que aun cuando las fechas señaladas pudieran ser ilegales, porque no se fijaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 873-A y 873-C de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que los efectos de una sentencia protectora no podrían concretarse, en razón de que para la fecha en la cual la junta señalada como responsable estaría obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, las datas mencionadas estarían rebasadas. Ello es así, pues en el supuesto de que la demanda de amparo se admitiera, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, este juzgado deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes, es decir, para el ocho de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente, descontando los días inhábiles y aquellos en los que no corren términos conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante lo anterior, la audiencia constitucional que en su caso se señale para el ocho de agosto del año en curso, deberá diferirse en virtud que la autoridad responsable gozará de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, el cual abarcara del dieciocho al veintinueve de julio de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, se tendrían que contemplar, los quince días que tiene la autoridad responsable para rendir su informe; así como, los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, lo que de suyo implica que no alcanzarían a transcurrir dichos plazos para el ocho de agosto de dos mil veintidós, que se indica, por lo que se esa audiencia se diferiría para el ocho de septiembre del citado año. Luego, para el hipotético supuesto de que durante el trámite del juicio no acaeciera algún motivo legal que pudiera generar algún otro diferimiento de la audiencia constitucional, se emitiría la sentencia correspondiente ese mismo día ocho de septiembre de dos mil veintidós, la cual se notificaría por medio de lista que se publicaría en este juzgado el nueve del mismo mes y año, notificación que surtiría sus efectos precisamente, el doce siguiente. En las relatadas circunstancias, dicho fallo podría hacerse exigible hasta que transcurriera el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión, por lo cual, la sentencia se notificaría a las autoridades responsables hipotéticamente el nueve de septiembre de dos mil veintidós y el plazo para su impugnación transcurriría del trece al veintiséis de ese mes y año. Así las cosas, una vez que transcurriera dicho lapso, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se procedería a emitir el acuerdo para requerir el cumplimiento a la autoridad responsable, el cual se le notificaría mediante oficio entregado al día hábil siguiente; esto es, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós y se le otorgaría un plazo de tres días para tal efecto que fenecería el tres de octubre de dos mil veintidós. De lo anterior, resultaría contrario a la finalidad perseguida por la parte quejosa, obligar a la responsable a dejar insubsistente las fechas señaladas para que tenga verificativo el desahogo de pruebas en el juicio laboral J.3/762/2020, esto es, para el trece y veinte de septiembre de dos mil veintidós, dado que de si se parte de la fecha en que se notificaría a la autoridad responsable el requerimiento de cumplimiento (veintiocho de septiembre de dos mil veintidós) y para cumplir se le otorgan tres días, la autoridad responsable no podría dejar sin efectos la fecha indicada para señalar otra más próxima y notificar el acuerdo respectivo con la anticipación suficiente, lo que en el caso ocasionaría con la sentencia protectora una dilación mayor en el trámite del juicio natural a la que ya existe, de ahí que la admisión de la demanda atentaría contra los postulados restitutorios del juicio de amparo. En ese sentido, acotado a lo que combate (fechas lejanas), al quedar en evidencia que no sería posible concretar los efectos de una sentencia protectora, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 77 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. DOMICILIO QUEJOSA Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZADOS. Se autoriza a las personas que señala, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, como lo prevé el párrafo segundo, última parte del artículo 12, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, toda vez que si bien se le confiere facultades amplias a Francisco Javier Rivera Contreras; sin embargo, aunado a que el mismo promueve como apoderado legal de la quejosa, éste no cuenta con registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por lo que hace a las demás personas por así solicitarlo expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa....
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · 8,073 expedientes
- Ruth Areli Luna Molina1139/2022
- Ruth Damaris Díaz Loyola1771/2017
- Ruth Daniela Schattner y Otros.1267/2023
- Ruth Elisa Vizzuet López1442/2022
- Ruth Elizabeth Mendoza Mejía631/2019
- Ruth Estefania Guzmán Ruíz409/2022
- Ruth Magaly Rosado Hernández746/2023
- Ruth Valadez Loaiza y Otros.475/2022
- Rutiio Chavarría Domínguez1388/2022
- Rutila Martínez Aguilar299/2023
- Rutila Pérez Pérez1357/2018
- Rutilo Vázquez Chávez984/2020