Ruth Lezama Perez

Expediente 1677/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1677/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Ruth Lezama Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, mismo que se registró como amparo en revisión 339/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Audiencia Constituciona En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta y cinco minutos del seis de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillon Duarte, secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1677/2022, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. ... En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede a dictar la resolución correspondiente. SENTENCIA Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1677/2022, y RESULTANDO ...CONSIDERANDO ...III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierta a) la omisión de contestar el escrito de la quejosa de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, presentado el veintidós del mismo mes y año, en el que solicitó el trámite de una pensión por viudez, atribuida al [1] Ayuntamiento, [2] Presidente Municipal y [3] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos, ya que al rendir su informe justificado lo negaron e indicaron las dos primeras que el escrito de petición fue presentado ante el área jurídica municipal, como obra en su sello de recibo, por lo que no habían tenido conocimiento de su contenido. Sin que se inadvierta que el acto reclamado se trata uno omisivo, no obstante, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en este tipo de actos para ser existentes se requiere que la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". En ese sentido, para que sea atribuible a las autoridades responsables que no dieron trámite a la solicitud de la quejosa en cuanto a que le diera contestación al escrito de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, es necesario que se encuentre acreditado que las mismas tuvieron conocimiento de tal ocurso, lo que en el caso no se encuentra comprobado, pues la quejosa no anexó documental alguna para demostrar tal cuestión. Ello pues si bien anexó copia simple del acuse de recibo de su escrito, el mismo se encuentra dirigido a una autoridad diversa, esto es, a la [4] Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos, documental que no fue objetada por las responsables, por lo cual se le confiere valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 200, 203, 205 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, y conforme a los argumentos expuestos en la tesis 65, con registro 918228, de la ahora extinta Sala Auxiliar de nuestro tribunal constitucional, durante la Octava Época Judicial, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, página 48, del contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS NO OBJETADAS, DE ESCRITOS PRESENTADOS A LA AUTORIDAD.- El artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el valor de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por otro lado, si la parte contra la que se presente un documento no objeta que la suscripción o fecha haya sido puesta por ella, se tendrán por reconocidas, conforme al artículo 205. Y conforme al artículo 203, el documento privado prueba contra su autor. En estas condiciones, si la parte quejosa presenta fotocopia simple de un escrito presentado a la autoridad, y que tiene el sello de recibido por ésta, esa copia prueba razonablemente que la autoridad recibió ese escrito, si ella no objetó en su informe justificado, ni negó haberlo recibido, ni lo hizo en ningún momento del juicio. Las autoridades tienen tanta obligación como cualquier otra de las partes de cuidar el juicio y de analizar las pruebas que se rindan en él. Así pues, si la quejosa, al impugnar una ley, exhibió un documento relacionado con el acatamiento o aplicación de esa ley, que ostenta el sello de recibido, y las autoridades no negaron haberlo recibido, ni que fuese suyo el sello que ahí aparece, el Juez no puede razonablemente desestimar la prueba por tratarse de una copia fotostática. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 115 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985 señala que es acertado el criterio del Juez si considera insuficiente una fotocopia para probar el interés jurídico del quejoso, pero no debe extrapolarse esa tesis hasta el grado de hacerla aplicable a casos en que el documento procede, al menos parcialmente, de la autoridad, sin que ésta lo haya objetado." Documento que se encuentra corroborado en su contenido con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda en la que señaló que dicha petición la presentó ante la responsable [4] Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos, lo cual constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en este juicio y que además goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1002512, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Máxime que esta última -[4] Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos- fue quien contestó tal petición mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, en ejercicio de sus atribuciones, lo que corrobora pues, que tal petición fue presentada ante dicha autoridad. Por tanto, con los elementos probatorios que se cuenta resulta inexistente la omisión reclamada, a las diversas [1] Ayuntamiento, [2] Presidente Municipal y [3] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos, puesto que para que exista la obligación de emitir un pronunciamiento respecto a una petición formulada por el particular, es necesario que la parte amparista demuestre que el escrito fue presentado ante tal autoridad, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarlo es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de la Sexta Época Judicial, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." En esos términos, toda vez que el promovente del juicio constitucional no acreditó que tales responsables tuvieran conocimiento de la solicitud que aquí se analiza cuya omisión de atender reclama, resulta inexistente la omisión de atenderla. Cabe precisar que en similares términos fueron resueltos los amparos en revisión 275/2019 y 399/2022 del Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, respectivamente, en donde modificaron las sentencias emitidas por este juzgado, y determinaron que debía de sobreseerse sobre la omisión de dar contestación a las peticiones que no fueron dirigidas directamente o recepcionadas por las autoridades responsables en cuestión, ante la inexistencia de dichos actos, las cuales constituyen un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º, de esta última, al tratarse de asuntos tramitados ante el mismo. Por otra parte, en el mismo sentido, resulta inexistente a) la omisión de contestar el escrito de la quejosa de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, presentado el veintidós del mismo mes y año, atribuida a la [4] Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos, pues si bien como ya se señaló, la quejosa acreditó que esta última autoridad recibió el escrito en comento, no obstante, de las constancias remitidas por el delegado de las autoridades responsables, se advierte que tal autoridad dio contestación a la petición de la quejosa, y que se la notificó con fecha anterior a la presentación de la demanda. Precisamente, de las constancias aludidas, se advierte la copia certificada del acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual proveyó el escrito referido, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Histórico Municipio de Yautepec, previno a la peticionaria para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de dicho acuerdo, presentara en original la hoja de servicios y la carta de certificación de salarios que allegó en copia simple, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, su solicitud se tendría por no presentada; así como de la cédula de notificación por estrados de quince de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se le notificó el acuerdo precitado. Copias certificadas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, tales constancias resultan suficientes para acreditar que dicho escrito fue contestado y notificado con con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio -nueve de noviembre de dos mil veintidós-, siendo que tal data resulta determinante para definir la existencia o no de los actos omisivos, como ejemplifica por analogía la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2025625, de rubro "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Por lo tanto al resultar inexistente a) la omisión de contestar el escrito de la quejosa de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, presentado el veintidós del mismo mes y año, atribuida al [1] Ayuntamiento, [2] Presidente Municipal, [3] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones y [4] Secretaria Técnica de dicha comisión, todos de Yautepec, Morelos, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee el juicio respecto de dicho acto, reclamado a las autoridades precisadas. IV. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en b) el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno y c) la cédula de notificación por estrados de quince de julio de dos mil veintiuno, atribuidos a la [4] Secretaria Técnica y [5] Notificador Habilitado ambas de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, respectivamente, pues además de que así lo aceptaron al momento de rendir su informe justificado, remitieron copias certificadas de dichas actuaciones, las cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. V. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio oficioso de las causales de improcedencia, previo al del fondo del asunto, constituye una obligación para este juzgado por mandato del artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se trata de una cuestión orden público. En el caso como sostienen las responsables [4] Secretaria Técnica y [5] Notificador Habilitado ambas de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos respecto a los actos que se les reclama, se actualiza la causa de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la primera de dichas autoridades al emitir b) el acuerdo de prevención de tres de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Histórico Municipio de Yautepec, respecto a una prestación de seguridad social y la segunda al c) notificar dicha actuación, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que dichos actos; tienen su origen en una relación jurídica de ese ente edilicio, como patrón con sus trabajadores y sus beneficiarios, en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En efecto, conforme al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. En el caso, los actos reclamados consisten en a) el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la [4] Secretaria Técnica de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, mediante el cual proveyó el escrito de solicitud de pensión presentado por la aquí quejosa, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Histórico Municipio de Yautepec, previno a la peticionaria para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de dicho acuerdo, presentara en original la hoja de servicios y la carta de certificación de salarios que allegó en copia simple, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, su solicitud se tendría por no presentada; así como b) la cédula de notificación por estrados de quince de julio de dos mil veintiuno, diligenciada por el [5] Notificador Habilitado ambas de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, mediante la cual notificó el acuerdo precitado. Así, los actos reclamados versan sobre el otorgamiento de una pensión para la beneficiaria de un trabajador del propio ayuntamiento al que pertenecen tales autoridades; por lo que dada su naturaleza, deja en evidencia que entre la quejosa que se ostenta como beneficiaria de un trabajador y el ente patronal al que pertenecen las autoridades aquí señaladas como responsables, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. Ello pues las determinaciones o actuaciones que adoptan los órganos o funcionarios de la dependencias del estado cuando actúan como patrón o ente asegurador dentro de los procedimientos relativos para el otorgamiento de prestaciones, tienen naturaleza de un acto de coordinación, más no así de acto de autoridad, como evidencia en sus argumentos la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 160995, del contenido siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Así como en lo particular, por analogía, la diversa jurisprudencia 2a./J. 247/2007, con registro 170829, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DICTAMEN O DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, al Convenio respectivo y a los artículos 1o., 3o., fracción III, 7o. y 8o. de la Ley de Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero Número 243, el Gobierno de esta entidad federativa, a través de la Secretaría de Educación Guerrero, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal en las relaciones laborales existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Ahora bien, si en el procedimiento previsto en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, conforme a su artículo 9o., la Unidad de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 10, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en un dictamen o en la resolución del recurso de reconsideración impone sanciones o medidas disciplinarias al personal adscrito por faltas al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, éstas son de índole laboral; por ende, se actualiza la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer del juicio respectivo, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248." Precisamente, en los conflictos suscitados, ya sea por la negativa del ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien omitir emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, dicho ente edilicio actúa como patrón respecto de una prestación de seguridad social, que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos y sus beneficiarios como consecuencia de la relación laboral. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con registro 2014236 y rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Sin que tampoco se pueda afirmar que tal acto lo emitió, como un particular equiparado a autoridad, en tanto que sobre lo que resolvió fue respecto a una prestación laboral con base en un vínculo de la misma naturaleza, caso en el que no puede darse tal supuesto de procedencia, como se observa de lo que decidió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), con registro 2023974, que emitió con base en la Ley de Amparo vigente, la cual es del contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. Ya que en ese caso tampoco estableció que aplicara la hipótesis de procedencia en comento -de particular equiparado a patrón-, al considerar que se estaba decidiendo únicamente sobre una prestación de índole laboral. Lo anterior además, porque si bien tratándose del derecho de petición de la parte quejosa, en cuanto una solicitud de su pensión, procede el juicio de amparo indirecto a fin de que se le dé respuesta sobre la misma, en contra de tal contestación resulta improcedente el juicio de amparo, al ya estar inmersa la misma en el vínculo laboral aludido, tal como sostienen por identidad jurídica sustancial, las jurisprudencias 2a./J. 66/2016 (10a.) y 2a./J. 93/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros 2011948 y 2017817, que establecen: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, ello aunado a que en todo caso, respecto a los actos reclamados también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en tanto que los mismos no producen una afectación actual, real y directa, a la quejosa sino que su posible afectación resulta futura e incierta, ya que el acuerdo reclamado consiste en un apercibimiento, respecto del cual no procede el juicio de amparo indirecto, como explica por identidad, la jurisprudencia con registro 238544, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES." Lo expuesto, ya que el que se haga efectivo o no dicho apercibimiento en perjuicio de la quejosa, depende de 1) la actuación de la misma en cuanto a que no cumpla con lo que le ha sido conminada; y 2) que la autoridad en cuestión, califique dicho incumplimiento y determine hacer efectivo el apercibimiento decretado, toda vez que no todas las prevenciones tienen como resultado que se haga efectivo un apercibimiento en los términos en que fue formulado, tal como ilustra por ejemplo, por analogía la tesis III.2o.T.1 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro 2022150, de rubro "ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE SU INCUMPLIMIENTO NO ACARREA NECESARIAMENTE TENERLA POR NO PRESENTADA." Y en todo caso, atendiendo al principio de definitividad de los medios de defensa, el apercibimiento en cuestión tendría que ser analizable al momento en que se reclame el auto mediante el cual se le hizo efectivo tal apercibimiento, tal como apoya por sus consideraciones, de forma analógica la jurisprudencia P./J. 97/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 197241de rubro "REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio, respecto b) del acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno y c) la cédula de notificación por estrados de quince de julio de dos mil veintiuno, atribuidos a la [4] Secretaria Técnica y [5] Notificador Habilitado ambas de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, respectivamente. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando II, por las razones expuestas en los diversos III y último, todos de esta sentencia. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. hoy seis de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. ...Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los INFORMES JUSTIFICADOS que rinden el Ayuntamiento de Yautepec, Morelos; Presiente Municipal de Yautepec, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de Yautepec, Morelos y Secretario Técnico de la misma, por conducto de su delegado; con su contenido dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, para que entre la fecha de notificación al quejoso de los informes justificados de referencia y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo por lo menos de ocho días, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN DE NUEVA CUENTA LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. Notifíquese.

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