Ruth Leon Cruz

Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
951/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Ruth Leon Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el informe justificado que rinde la responsable Presidente de la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admite la documental que la responsable adjunta a su informe con justificación, consistente en copia autorizada del acuerdo dictado en los autos del expediente laboral 485/2014, quedando desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos de los cuales se advierte que al realizar un estudio integral de la demanda de amparo y del informe justificado de mérito, se precisa que el acto reclamado consiste en:  La omisión a acordar el escrito signado por el apoderado legal de la actora, y recibido por la responsable el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente laboral 485/2014. Así, la Junta responsable al rendir su correspondiente informe justificado, precisó que con fecha siete de agosto de la presente anualidad dictó el acuerdo correspondiente respecto de la petición realizada por el quejoso mediante escrito de fecha veinticuatro de febrero del mismo año. Circunstancia que se acredita plenamente con la copia certificada que remitió la citada responsable. Documental a la que se le otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Bajo ese contexto, este juzgador considera que a la fecha de la presentación de la demanda, la omisión de la responsable a acordar la promoción de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, no existe. Es así, porque de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, se advierte que mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se emitió acuerdo en los autos del expediente laboral 485/2014, en que se tuvo al apoderado legal de la parte actora (aquí quejoso), manifestando su conformidad con la certificación de que en el citado expediente no quedaban pruebas por desahogar, y por ello se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a los secretarios dictaminadores para la emisión de proyecto de resolución en forma de laudo. Luego, dicho acuerdo fue dictado con anterioridad a la presentación de la demanda, pues ésta se presentó el diez de agosto del año que transcurre y el acuerdo de mérito lo emitió la responsable el siete de agosto de dos mil diecisiete, de ahí su inexistencia. Al efecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, Julio de 1994, Pág. 15, cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable por identidad de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." No pasa inadvertida para este juzgador la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 21, agosto de 2015, Tomo II, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIOINAL. LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, NOTORIA Y EFICAZ, PARA DECRETARLO", ya que ese criterio el tema a tratar es la negativa lisa y llana de la responsable al rendir su informe justificado, razón por la cual se le debe dar vista al quejoso para que la desvirtúe; empero, en el caso, el acto aquí reclamado lo es una omisión de la responsable acordar la promoción de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, misma que se decretó mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, esto es, antes de la presentación de la demanda de amparo de que se trata, tal y como se advierte de las constancias que emitió la junta al rendir su informe justificado, las que tienen pleno valor probatorio, por lo tanto, a ningún caso práctico llegaría seguir con la secuela del presente juicio. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Jorge Luis Henkel Butanda apoderado legal de RUTH LEÓN CRUZ, contra actos que reclama de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 951/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA A su vez, se admite la presente demanda, atendiendo a que del análisis integral de la misma, se desprende que la parte quejosa reclama que la Junta responsable la omisión injustificada para otorgar celeridad en el juicio laboral 485/2014. Lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. PETICIÓN DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, en el cual, la autoridad expondrá las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. A su vez, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta, en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización). De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que al rendir informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. EL SECRETARIO DE JUNTA NO ES AUTORIDAD No ha lugar a tener como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, por no ser autoridad para los efectos del amparo en virtud de que su función consiste únicamente en dar fe de los actos emitidos por el titular de la citada Junta. Lo anterior con fundamento en la tesis de jurisprudencia número 1006 visible en la página 692 del Tomo VI Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 del rubro siguiente: SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se reclama. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se forme incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la ley de la materia, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Asimismo, desde este momento se apercibe a la Junta responsable para que en el caso que durante el trámite de este amparo llegara a dictar el laudo correspondiente de inmediato remita las constancias con las que acredite tales actuaciones y de la notificación del mismo, en caso de no hacerlo así se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que antecede. TERCEROS INTERESADOS Se tiene como tercero interesado a la Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo, lo anterior por entrar en el supuesto del artículo 5 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo; por lo tanto, se ordena emplazar por medio de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 26 inciso b) de la Ley en cita, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda de amparo que al efecto se acompaña, requiriéndole para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo así, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por la fracción I, inciso c) del artículo 27 de la Ley de Amparo, con el objeto de que si lo estiman conveniente se apersonen al presente juicio y hagan valer sus derechos como corresponda; asimismo, les haga saber del día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional. PRUEBAS Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que precisa y exhibe como anexo al ocurso de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, SE ADMITEN y se desahogaran al momento de resolver el presente juicio de derechos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Álvarez Alonso, Claudia Mireida Lozada Reyes y Jaime Avilés Meneses; esto por no contar con registro de su cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio lo puedan realizar. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano