Ruth Edith Bojórquez Cervera

Expediente 874/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
874/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Ruth Edith Bojórquez Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que mediante proveído de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; y por cuanto no existe motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, la copia certificada del expediente 1903/2014 que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado, devuélvase a dicha autoridad el documento de referencia; sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo a la citada autoridad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se les notificó a la parte quejosa y tercero interesado el nueve y diecisiete de octubre del año en curso, respectivamente, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del diecinueve al veintitrés de octubre del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del veintitrés al veintisiete de octubre del presente año, en cumplimiento al oficio IJF/DG/CA/STDHIG/8086/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil ciento quince, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014318, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Mediante sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de que se dejara insubsistente el embargo reclamado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y demás consecuencias legales. Posteriormente, en auto de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la misma. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio número 3046, de fecha cuatro de octubre del año en curso, la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el embargo judicial trabado sobre el predio número mil treinta y dos, de la calle setenta y siete, letra "A", del fraccionamiento Jardines de Nueva Mulsay III, de esta ciudad; así mismo, dejó insubsistentes las demás consecuencias legales de dicho embargo, y ordenó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que cancelara la anotación del mencionado embargo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante diversos oficios números INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1114/2017 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/1115/2017, la Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, informaron que procedieron a la cancelación del embargo decretado, en acuerdo de dos de octubre de este año, en autos del juicio ejecutivo mercantil dentro del expediente 1903/2014 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el embargo de fecha treinta de enero del dos mil quince, decretado en el juicio de origen, lo que así hizo y acreditó con las copias certificadas que remitió a este Juzgado; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cuanto al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia certificada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. se notifica al tercero interesado de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se les notificó a la parte quejosa y tercero interesado el nueve y diecisiete de octubre del año en curso, respectivamente, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del diecinueve al veintitrés de octubre del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del veintitrés al veintisiete de octubre del presente año, en cumplimiento al oficio IJF/DG/CA/STDHIG/8086/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil ciento quince, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014318, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Mediante sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de que se dejara insubsistente el embargo reclamado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y demás consecuencias legales. Posteriormente, en auto de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la misma. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio número 3046, de fecha cuatro de octubre del año en curso, la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el embargo judicial trabado sobre el predio número mil treinta y dos, de la calle setenta y siete, letra "A", del fraccionamiento Jardines de Nueva Mulsay III, de esta ciudad; así mismo, dejó insubsistentes las demás consecuencias legales de dicho embargo, y ordenó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que cancelara la anotación del mencionado embargo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante diversos oficios números INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1114/2017 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/1115/2017, la Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, informaron que procedieron a la cancelación del embargo decretado, en acuerdo de dos de octubre de este año, en autos del juicio ejecutivo mercantil dentro del expediente 1903/2014 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el embargo de fecha treinta de enero del dos mil quince, decretado en el juicio de origen, lo que así hizo y acreditó con las copias certificadas que remitió a este Juzgado; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cuanto al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia certificada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como en derecho corresponda; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, expídase a la quejosa ********, las copias que solicita, y entréguesele, por el conducto que indica, previa identificación y recibo que se deje en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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