Ruth Cruz Rubí

Expediente 406/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
406/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Ruth Cruz Rubí
  • RUTH CRUZ RUBÍ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse conforme penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. De igual manera, de autos se aprecia que este órgano jurisdiccional en acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno tuvo por recibido dos discos compactos y el legajo de pruebas consistente en copias, relativas a las constancias que integran el juicio 765/2020 exhibido por la autoridad Juzgado Segundo Familiar de Texcoco, Estado de México; por ello, se ordena devolver los discos compactos y el anexo que remitió en el presente juicio; sin que sea necesario acusar el estilo de recibo respectivo, toda vez que la notificación de la presente determinación hace el acuse de la devolución del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    En Ciudad de México, a las trece horas con cincuenta minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 406/2021, promovido por Ruth Cruz Rubí, por propio derecho y en representación de su menor hija L.R.C., ante la presencia de Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Carlos Alberto García López, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, el Secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto y escrito aclaratorios, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, así como el informe justificado de las autoridades responsables. De igual manera, CERTIFICA que al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno; y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El Juez acuerda: se tiene por realizada la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto de la certificación de cuenta, se tiene al Secretario informando de la misma, por lo que continúese con el trámite de la presente audiencia. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, mismas que se encuentran glosadas al expediente en que se actúa y en un tomo de pruebas que se formó por separado; así como con el disco compacto agregado a foja 276 de autos. Asimismo, el Secretario da fe del contenido del disco compacto ofrecido como prueba, haciendo constar que contiene las actuaciones relativas al expediente 765/2020, mismas que se encuentran en archivo PDF. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa; asimismo, hace constar que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no formuló pedimento alguno. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por la parte quejosa y por precluido el derecho del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito para formular intervención ministerial. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ruth Cruz Rubí, por propio derecho y en representación de su menor hija L.R.C., promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 'ISSSFAM' (.). - - - 2. Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 'ISSSFAM' (.). - - - 3. Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C (Banjército) (.). IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable señalada con el número 1 y 2, la omisión de retener al C. Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. - - - 2. De la autoridad responsable señalada con el número 1, la omisión de realizar los pagos por concepto de pensión alimenticia de las percepciones ordinarias como extraordinarias del señor Alfredo Rojas Benítez habiendo determinación judicial para hacerlo en tiempo modo y lugar. - - - 3. De la autoridad responsable señalada con el número 3, el pago del recurso realizado al C. Alfredo Rojas Benítez, sin haber retenido el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. - - - 4. Los demás actos que se puedan derivar de los anteriores durante la tramitación del presente juicio de amparo". SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 4° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Incompetencia. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, la registró con el número de juicio 406/2021 y se declaró incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, al considerar que la competencia recaía en un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por tanto, ordenó remitir dicha demanda al Juzgado de Distrito en esa materia y jurisdicción en turno. CUARTO. No se acepta competencia. En auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Ruth Cruz Rubí, por propio derecho y en representación de su menor hija L.R.C., la cual registró con el número de juicio 206/2021 de su índice y, determinó no aceptar la competencia planteada, al considerar que los actos reclamados son de naturaleza administrativa. QUINTO. Conflicto competencial. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el que comunicó el contenido del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; por lo que, este Juzgado de Distrito planteó conflicto competencial y ordenó remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de determinar a qué órgano jurisdiccional correspondía conocer del asunto. SEXTO. Ejecutoria. Del citado conflicto conoció el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el número C.C.A. 12/2021; y, mediante sesión celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, resolvió declarar la competencia para conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones: "(.) lo que hace competente al Juez de Distrito en Materia Administrativa para conocer del asunto, son los actos reclamados en sí mismos; esto es, la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. y, consecuentemente la omisión de realizar a la hoy quejosa los pagos por el citado concepto, pago que se le venía realizando desde el quince de octubre de dos mil veinte y que a partir del quince de febrero del año en curso fueron suspendidos debido a que Alfredo Rojas Benítez causó baja por jubilación (.)". SÉPTIMO. Prevención. En auto de once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria correspondiente y, se previno a la promovente para el efecto de que: i) especificara en qué se traducía el acto que había señalado como "los demás actos que se puedan derivar de los anteriores durante la tramitación del presente juicio de amparo"; ii) manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Departamento de Nómina de la Subdirección de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; y, iii) ampliara su capítulo de actos reclamados, manifestando, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos y abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado, específicamente el estado procesal en que se encontraba la solicitud de pensión alimenticia por orden judicial de siete de abril de dos mil veintiuno, esto es, si continuaba suspendido el pago de dicha pensión. OCTAVO. Desahogo y admisión. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó la prevención referida con anterioridad, de la siguiente manera: "1. Tocante a la aclaración del acto reclamado, pido a su señoría observar únicamente los actos reclamados precisados en el escrito inicial de demanda marcados con el número 1, 2 y 3, para lo cual me desisto del acto reclamado marcado con el número 4 del escrito en comento. - - - 2. Tocante a la ampliación de la demanda por cuanto hace al responsable del Departamento de Nómina de la Subdirección de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas manifiesto que no es mi deseo llevar a cabo la ampliación respectiva. - - - 3. AMPLIACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO - - - Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a la fecha en que se desahoga la prevención decretada en autos, las autoridades responsables mantienen suspendido el pago de la pensión alimenticia fijada por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, asimismo las autoridades responsables no han realizado el descuento del 25% de los haberes totales de retiro del señor Alfredo Rojas Benítez, manifestación que se realiza para los efectos procesales conducentes". Por tanto, mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito la intervención que le corresponde y, se señaló fecha de audiencia constitucional. NOVENO. Queja. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el tres de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se acordó lo siguiente: "Finalmente, no pasa inadvertido el hecho de que de las manifestaciones vertidas por la quejosa, esencialmente se duela del incumplimiento al oficio de descuento contenido en el oficio 1955 emitido en el juicio 765/2020, emitido por el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de Texcoco Estado de México; sin embargo, de la resolución dictada en el conflicto competencial por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se determinó que este juzgador es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, bajo los siguientes argumentos: (.) - - - De ahí que, únicamente resolverá respecto a los actos y autoridades precisados en la demanda y en atención a lo resuelto en el citado conflicto". DÉCIMO. Ejecutoria. Del citado recurso conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el número Q.A. 171/2021 y, seguidos los trámites correspondientes, en sesión celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la desechó por improcedente. DÉCIMO PRIMERO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1º fracción I, 2º, 33 fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, punto Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclaman omisiones de naturaleza administrativa que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: - La omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. La omisión de realizar a la hoy quejosa los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le venía realizando desde el quince de octubre de dos mil veinte y que a partir del quince de febrero del año en curso fueron suspendidos debido a que Alfredo Rojas Benítez causó baja por jubilación. De la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo: - La omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, consistente en la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. Lo anterior, ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado glosado a fojas 180 a 182 de autos; máxime que dicha autoridad no cuenta con atribuciones para actuar en el sentido que refiere la parte quejosa. En consecuencia, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe la negativa expresada por la autoridad responsable en comento, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, consistentes en la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. y, como consecuencia de ello, la omisión de realizar a la hoy quejosa los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le venía realizando desde el quince de octubre de dos mil veinte y que a partir del quince de febrero del año en curso fueron suspendidos debido a que Alfredo Rojas Benítez causó baja por jubilación. De igual manera, es cierto el acto reclamado a la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, consistente en la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. Lo anterior, toda vez que de la copia certificada del oficio D.P.E 1.0.2.2.1/7441/2021/P.A., de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, que se encuentra glosado a foja 163 de autos -de eficacia probatoria en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles- se desprende que se ordenó el descuento del 25% (veinticinco por ciento) de haberes por retiro y demás percepciones de Alfredo Rojas Benítez, por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor L.R.C, a partir de la nómina del mes de julio de dos mil veintiuno. De igual manera, de las copias certificadas de los recibos de pago por concepto de pensión alimenticia generados a favor de la quejosa, correspondientes a las nóminas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, que se encuentran glosadas a fojas 316 a 318 -de eficacia probatoria en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles- se advierte que dicha pensión comenzó a pagarse a la quejosa hasta el mes de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda, las omisiones reclamadas existían; por lo que los actos omisos reclamados deben tenerse como ciertos. QUINTO. Análisis de causas de Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en consistentes en la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. y, como consecuencia de ello, la omisión de realizar a la hoy quejosa los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le venía realizando desde el quince de octubre de dos mil veinte y que a partir del quince de febrero del año en curso fueron suspendidos debido a que Alfredo Rojas Benítez causó baja por jubilación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. En efecto, el artículo y fracción en comento refieren lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La fracción citada establece la improcedencia del juicio de amparo, debido a que los actos que se reclaman han surtido sus efectos, toda vez que los mismos han cesado en forma total. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo solicitado; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. A pesar de la definición mencionada, se destaca que al invocar dicha causa de improcedencia debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. Ello, puesto que en un juicio como el que acontece en la especie, la cesación de efectos o bien la destrucción de ellos, en la mayoría de los casos opera por sustitución procesal, debido a que un procedimiento judicial se conforma de una serie de actos procesales concatenados y vinculados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y sustento para la emisión de otro posterior; sobre esa perspectiva, cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye en sus efectos jurídicos. Por tanto, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que lo revoca o sustituye, sino únicamente determinar los efectos que genera, ya que de efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, que llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio por el acto motivo de la revocación o sustitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte mediante el oficio D.P.E 1.0.2.2.1/7441/2021/P.A., de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el descuento del 25% (veinticinco por ciento) de haberes por retiro y demás percepciones de Alfredo Rojas Benítez, por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor L.R.C, a partir de la nómina del mes de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, de los recibos de pago por concepto de pensión alimenticia generados a favor de la quejosa, correspondientes a las nóminas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que dicha pensión comenzó a pagarse a la quejosa en el mes de julio de dos mil veintiuno, incluyendo el pago retroactivo al mes de febrero de dos mil veintiuno. Determinaciones con que se ordenó dar vista a la quejosa mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós (foja 320 de autos). Por ende, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y/o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en favor de la menor L.R.C. y, como consecuencia de ello, la omisión de realizar a la hoy quejosa los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le venía realizando desde el quince de octubre de dos mil veinte y que a partir del quince de febrero del año en curso fueron suspendidos debido a que Alfredo Rojas Benítez causó baja por jubilación. De manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, al haber sido emitido el oficio D.P.E 1.0.2.2.1/7441/2021/P.A., de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se ordenó el descuento del 25% (veinticinco por ciento) de haberes por retiro y demás percepciones de Alfredo Rojas Benítez, por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor L.R.C, a partir de la nómina del mes de julio de dos mil veintiuno y el pago de dicha pensión correspondientes a las nóminas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, así como el pago retroactivo al mes de febrero de dos mil veintiuno. Ante tal situación, es claro que el presente juicio de amparo deviene improcedente, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas; de ahí que hayan cesado los extremos del acto reclamado y se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y, por lista a la parte quejosa y al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones II, inciso a); y, III de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Carlos Alberto García López, que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la celebración de la audiencia constitucional. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de cinco de enero de dos mil veintidós, remite el oficio de diez de enero de dos mil veintidós, así como copia de los recibos de pago por concepto de pensión alimenticia, generados a favor de la quejosa, correspondiente a las nóminas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de dos mil veintiunos. Por lo que, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, de autos se advierte que en el presente juicio la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de realizar la retención del 25% (VENTICINCO POR CIENTO) del Haber de Retiro y demás percepciones de Alfredo Rojas Benítez, por concepto de pensión alimenticia. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si cesaron los efectos del acto reclamado. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del plazo señalado, o bien, de no manifestar la imposibilidad legal o material que exista para dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto por los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y se resolverá lo que en derecho proceda con las constancias que obran en el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos que esencialmente que quejosa se duele de: "la omisión retener a Alfredo Rojas Benítez el 25% (veinticinco por ciento) de sus haberes por jubilación y /o retiro, que por concepto de pensión alimenticia fijó el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco Estado de México, en favor de la menor Litzy Rojas Cruz y consecuentemente, la omisión de realizar a la hoy quejosa los pagas por el citado concepto". En consecuencia, y toda vez que este órgano jurisdiccional estima necesarias diversas constancias para dictar la sentencia correspondiente, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este acuerdo, realice lo siguiente: Informe si se han realizado los pagos retroactivos por concepto de pensión alimenticia a favor de la parte quejosa a retroactivo a partir de julio de dos mil veintiuno. Informe si están realizando los descuentos correspondientes y por consiguiente se han efectuado los pagos de pensión alimenticia de manera periódica a la parte quejosa. Si los pagos los han depositado, o bien, si ella acude a la ventilla de dicha autoridad a hacer efectivo el cobro respectivo. Para acreditar lo anterior, deberá remitir las constancias correspondientes, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tengan para ello. Apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización, con base en lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en esta fecha y se fijan en su lugar las trece horas con cincuenta minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 29 actuaciones en este expediente

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