Ruth Armida Chávez Rodríguez

Expediente 1236/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1236/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • Ruth Armida Chávez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos de su interés que hubiere exhibido en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el último párrafo del considerando vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Programación de cita. En el entendido de que a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, la parte quejosa deberá programar una cita, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19", que dicen: "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal. Artículo 4. Citas para personas vulnerables frente al Covid-19. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita." Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No se ordenó su apertura. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Superior jerárquico atiende requerimiento. Se tiene a la autoridad antes citada, en su carácter de superior jerárquico, informado que giró las instrucciones pertinentes a la autoridad responsable para que proceda sin demora a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Oficio. Por otro lado, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la delegada autorizada de las autoridades responsables Junta Directiva, Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Delegada autorizada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Vías de cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad, informando que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Se concede prórroga. Por otra parte, en cuanto a su diversa solicitud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le otorga por única vez, una prórroga de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que cumpla a cabalidad con el fallo protector y remita las constancias que así lo acrediten. Subsisten apercibimientos. En la inteligencia de que continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, para el caso de que las autoridades responsables no cumplan en sus términos con la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Informa sobre cumplimiento al fallo. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexos que remite la Delegada autorizada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. No ha lugar a dar vista. En el caso, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, pues deviene innecesario dado que, de lo informado, se desprende que el fallo protector no se encuentra cumplido. Lo anterior es así, pues por sentencia de veintinueve de enero de dos mil dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.] Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), deberá dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Empero, para tal efecto, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. [.]" "[.] ii) Deberá notificar personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. . [.]" Sin embargo, la respuesta emitida por las autoridades responsables no es definitiva y además, es incongruente con los términos de la sentencia de amparo, pues sustancialmente la autoridad precisó lo siguiente: "[.] Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, en los registros existentes se encontró solicitud de pensión por Jubilación presentada por RUTH ARMIDA CHAVEZ RODRIGUEZ en fecha 16 de octubre de 2019; con motivo de la misma se inició el trámite correspondiente a la pensión por Jubilación, solicitada por Usted, se formó el respectivo expediente, el cual se conformó con la documentación que anexó a la solicitud antes señalada, del mismo se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no cuenta con el comunicado por parte de la Patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y cause baja como trabajadora activa es decir, no se encontraron trámites de pensión por Jubilación promovidos por su patrón, tal y como se establece en el apartado "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lineamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de agosto de 2017; como parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, señalado dentro del listado de Procedimientos del ISSSTECALI, en el apartado correspondiente a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, fracción II, cito en la página 43, consultable en el Portal de internet del ISSSTECALI, www.issstecali.gob.mx., por lo que se hace de su conocimiento que dicho documento es indispensable para dar entrada a su trámite en términos del marco jurídico institucional, de tal forma que existe una imposibilidad jurídica y material para la verificación e integración estatuida en el artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; esto es, no cumple con los requisitos formales de la tramitología respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relatados, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 67 de la Ley de ISSSTECALI y articulo 26 del Reglamento antes citado, asi como la parte respectiva del Procedimiento Específico para la Gestión de pensiones y Jubilaciones, lo anterior debido a que el instituto requiere del comunicado por parte de la patronal, del cual se desprende que el asegurado haya causado baja como trabajador activo, por consiguiente la solicitud de otorgamiento de jubilación presentado por Usted en fecha 16 de octubre de 2019, no puede ser legal y debidamente integrada puesto que NO CUMPLE con los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, y consecuentemente no procede continuar con el tramite de su solicitud hasta en tanto se satisfaga dicho requisito.[.]". De lo anterior se desprende sin lugar a dudas que la responsable no se pronunció en forma definitiva respecto a la solicitud de pensión, y tampoco fue congruente dicha respuesta con la solicitud elevada por la impetrante el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. La incongruencia de dicha respuesta, estriba en que conforme al procedimiento establecido en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California, una vez agotado el trámite y emitido el dictamen que en definitiva resuelva respecto a la pensión solicitada, la autoridad del citado instituto lo comunicará por escrito a las partes y se remitirá a la Dependencia en donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. Lo anterior así lo establecen los numerales artículos 7, 8 y 9, del aludido reglamento, como se observa a continuación (énfasis añadido): "Artículo 7°.- El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, Fracción IV, de la Ley. Artículo 8o.- El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada. Artículo 9o.- El Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del Dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. [.]" Bajo ese contexto, resulta incongruente la respuesta otorgada por la responsable a la parte quejosa en el aludido oficio, pues tomando en cuenta que el procedimiento previsto en la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California para el trámite de la pensión, no resulta válido que se pretendan introducir requisitos extralegales, que no corresponden al trámite respectivo. Dicha incongruencia, desde luego implica un defecto en el acatamiento a los efectos para los cuáles se concedió el amparo, toda vez que como quedó evidenciado con antelación, en la sentencia se constriñó a las autoridades responsables, para que dieran respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la impetrante el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, lo cual no aconteció. En tales condiciones, todo lo expuesto deja en claro que los efectos del fallo constitucional, no se concretan a cabalidad, por lo que este órgano jurisdiccional considera que en el caso con dicho oficio no se da cumplimiento a la sentencia de amparo, razón por la cual no procede dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento al fallo protector, pues este no está cumplido. Nuevo requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última vez, a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan a cabalidad y sin defectos, con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables que debe dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Asimismo, de conformidad con los artículos 106, 107 y 110, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, los cuales, en lo que aquí interesa, disponen que es el Gobernador del Estado de Baja California quien nombrará y, podrá revocar a los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; apercibido el superior jerárquico en los propios lineamientos decretados para su subalternos. Escrito. por otro lado, glósese a los propios autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente.

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