Rusty Jiménez Matadamas

Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Rusty Jiménez Matadamas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso 25522/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que se admitió el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda de amparo, el cual quedó radicado bajo el número 311/2023, de su índice. Por otra parte, del oficio de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada, solicita a este juzgado remita copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 1005/2023, de su índice, para la substanciación del citado recurso de queja; en consecuencia, para mejor proveer, como lo solicita la Superioridad, remítase el expediente físico del presente juicio de amparo, para los efectos legales a los que haya lugar. Solicítese atentamente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, tenga a bien ordenar se acuse recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que ya obran las constancias de notificación a la parte quejosa, de los proveídos de trece de octubre y catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que como está ordenado en proveído catorce de noviembre del actual, remítase el original del escrito de expresión de agravios, y la copia para el fiscal Federal adscrito al ad quem, al Tribunal Colegiado en Materias en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en Turno , así como, el expediente electrónico de este juicio, -como lo señala expresamente el ordinal 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.- Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que mediante auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Solicítese atentamente a la superioridad, tenga a bien ordenar se acuse recibo a este juzgado. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, en vigor el trece de junio siguiente, se hace disponible el expediente electrónico del presente asunto, para consulta del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno; por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, realice la citada vinculación. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con el escrito de cuenta, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa **** contra el auto que desechó la demanda de amparo. Una vez notificada la parte recurrente, -dada la naturaleza del auto impugnado- remítase el original del escrito de recurso de queja, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno; así como, el expediente electrónico de este juicio -como lo señala expresamente el ordinal 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales-. Asimismo, ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto el acto reclamado, consistente en que este juzgado dictó el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace disponible el expediente electrónico del presente asunto, para consulta del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en Turno; por tanto, se instruye al Oficial Judicial A encargado del SISE, realice la citada vinculación. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA VI-A. PRAL. 1005/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida aparentemente por******, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1005/2023. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado En el caso, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado de la autoridad responsable Magistrado Titular de la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS. 1.- Reclamo de la autoridad responsable la resolución de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil veintitrés y notificada con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ****/2023 de la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en donde confirma la resolución de nueve de noviembre del año dos mil veintidós." Determinación reclamada respecto de la cual, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el Magistrado responsable confirmó la resolución de nueve de noviembre del año dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente no especificado para declarar la nulidad de las diligencias de la averiguación previa en los autos de la causa penal ****/2012 del índice del entonces, Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ahora Juzgado Segundo Penal para la Conclusión para Asuntos Tradicionales del Estado de Oaxaca (que aduce promovió con la finalidad de que se declararan nulas diversas pruebas obtenidas de manera ilícita), bajo los siguientes argumentos: Por otro lado, respecto al agravio en el que se duele sobre la orden de cateo 11 de fecha treinta de agosto del año dos mil doce, en el que los apelantes afirman que en dicha orden no fue autorizada para su ingreso al domicilio a peritos 12 a consideración de esta autoridad no les asiste razón porque dentro de los artículos 382 a 394 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca no se exige el nombre de los peritos que llegasen a ingresar A demás la mencionada orden de cateo cumplió con la precisión del objeto y necesidad de dicho cateo, así como la ubicación del lugar donde se real izaría, los objetos que se buscaban o se asegurarían, exigencias que el artículo 385 del mismo ordenamiento en cita advierte obrando también el acta circunstanciada que se derivó aunado a que la labor investigativa de la autoridad ministerial quien dirige el cateo y las investigaciones como bien lo aseveró el a quo, le faculta auxiliarse de expertos cuando la propia investigación así lo requiera como en el presente caso lo fue de peritos con conocimientos especiales en áreas del conocimiento y en consecuencia los dictámenes de los peritos David Ramón Guzmán Alegría en criminalística, Jorge Emilio Domínguez Cayetano químico y Antonio Hernández Orozco en dactiloscopia, respecto a su ingreso al domicilio cateado e intervención si resultan legítimas sin que pase desapercibido para esta alzada que lo referente al estudio y análisis del contenido de las mencionadas probanzas serán materia de valoración en sentencia. Así bajo esa tesitura es infundado los agravios de los apelantes referente al cateo." Con relación al escrito de respuesta de Radiomovil ****S. A. de C. V. de fecha veintiséis veinticuatro, veintitrés, y veintidós de agosto del año dos mil doce 15 del que alega n ilegalidad, sus afirmaciones en la que afirman las apreciaciones que no desvanecen la información contenida hasta este momento, y además, debe decírseles que hasta este momento procesal los apelantes tienen diversos medios a sus alcances para poder desestimarlos, desde una mera objeción hasta probar su falsedad, bajo la patentización del contradictorio y como lo adujo el juzgador de primera instancia será materia de valoración que en sentencia se ocuparan de ahí que su agravio resulta infundado." Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado; lo que acontece en el caso concreto, toda vez que dicha improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, así como de las constancias que remitió la Sala responsable junto a su informe justificado, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Precisado lo anterior, debe decirse que contra el acto aquí reclamado, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, señalan que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En otras palabras, el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial que no ha concluido, únicamente cuando ocasionan una afectación material y actual a los derechos sustantivos del gobernado, no adjetivos o procesales. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92, de registro 205651, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, número 56, agosto de 1992, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De esta manera el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente en relación con los actos extraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos, que serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, y por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que el no declarar nulas las pruebas desahogadas dentro de la causa penal de origen, constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III del artículo 172 en relación con la fracción XII de la Ley de Amparo, puesto que por regla general todo lo relativo al desahogo de las pruebas ofrecidas, de forma contraria a la ley, constituye una violación al procedimiento. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtiene una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecta los derechos sustantivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso, pues, en este caso, las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en la resolución definitiva que se dicte en el juicio de que se trate o bien, en amparo directo que contra la resolución definitiva se promueva, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado está relacionado con el desahogo de pruebas de manera contraria a la ley, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con la admisión o desahogo de pruebas, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado al Magistrado Titular de la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de dieciocho de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 01/2023, que confirmó la resolución de nueve de noviembre del año dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el Incidente no especificado para declarar la nulidad de diversas pruebas en el expediente penal 140/2012 del índice del entonces, Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ahora Juzgado Segundo Penal para la Conclusión de Asuntos Tradicionales del Estado de Oaxaca, de la que se duele la parte quejosa; no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ni que dicho acto le afecte al quejoso derechos sustantivos, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, sino que se trata de una cuestión meramente adjetiva de la que no se tiene certeza aún, si llegará a trascender al resultado del fallo y, si así fuere, la parte afectada podrá promover amparo directo en su contra. Y es que la determinación que confirmó una diversa, en la que el quejoso aduce que diversas probanzas se desahogaron de manera contraria a la ley, y respecto de las cuales solicitó su nulidad mediante un incidente, siendo improcedente su solicitud, se trata de un acto meramente procesal que sólo podría tener una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias afectaran de manera material alguno de los derechos sustantivos del gobernado que tutela la Carta Magna o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, lo que, como se precisó, en la especie no acontece, ya que el acto reclamado se traduce en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural; así, si la sentencia es favorable a los intereses del aquí quejoso, la violación desparecería, y en caso de resultarle opuesta, podría reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril 2016, Tomo III, Décima Época, página 1902, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Asimismo, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI. 1o. J/36 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente. Así como la jurisprudencia 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava época, consultable en la página 13, tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Y la tesis aislada IV. 3º 111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. No obstante lo expuesto, a mayor abundamiento debe decirse que, respecto del escrito de demanda, este juzgador advierte que al no contener firma autógrafa del promovente, también se se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." En efecto, del escrito de demanda de amparo aparece que no contiene firma autógrafa del promovente, pues la que calza dicho escrito es copia simple, y no existe la presunción que se exhibió con firma original, toda vez que, el Oficial de Partes de este Juzgado, asentó que tal demanda fue presentada sin firma original, a saber:"FIRMA ORIGINAL NO", esto es, sin firma autógrafa. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia 32/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, Décima Época, página 3632, de rubro y texto: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En efecto, del examen del escrito de demanda de amparo que se presenta, se advierte que no contiene firma autógrafa del promovente y, por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para promover el juicio de amparo al no existir persona que sea responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; en consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Son aplicables al caso, la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." La tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Domicilio y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer la licenciatura en derecho, y ser el presente asunto en materia penal. "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio en caso excepcional como comunicación procesal, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano