RUSTAMOVA GULSHAN TOLIBOVNA y Otros.
Expediente 1810/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rustamova Gulshan Tolibovna
- RUSTAMOVA GULSHAN TOLIBOVNA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veinticinco de septiembre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; por tanto, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente: 1.- El presente expediente, debe decirse que si bien encuadra en lo dispuesto en el artículo 20 fracción II del citado acuerdo general conjunto, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, de ahí que el destino del archivo debe regirse conforme al arábigo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento, es decir, es conservable. 2.- TRANSFERIR el expediente, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 17, fracción III, inciso b) y 29, segundo párrafo del acuerdo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, no pasa desapercibido lo manifestado por el promovente en su escrito de demanda, respecto a la posible tortura física y psicológica que eventualmente pudieran sufrir los quejosos; sin embargo, como se expuso en acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, no ha lugar a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en atención a que no se señaló como un acto ejecutado, sino sólo como actos posibles de ejecución; máxime que, en el capítulo de antecedentes, no se advierte ninguna referencia de cómo el promovente se enteró de dichos actos; sino por el contrario, refiere que los quejosos están incomunicados, lo cual no puede, hasta este momento, tenerse como cierto los actos aludidos, máxime que la demanda no se ratificó. Requerimiento al actuario de la adscripción. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida a favor de ************ contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, residente en Tijuana y otra autoridad En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, se dejaran sin efectos las providencias decretadas en el citado auto. Dado lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las autoridades responsables dicha determinación. Notifíquese.
- Principal
Por lista. Por otra parte, de una revisión a las constancias que integran el presente juicio, se advierte la imposibilidad de notificar de manera personal los directos quejosos *********** y el menor de iniciales reservadas K.K.F, el proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo anterior y vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, a la parte promovente de la demanda de amparo para que informara algún dato que pudiera coadyuvar a localizar a los directos quejosos, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicho acuerdo, el presente proveído, así como los subsecuentes de carácter personal, a los directos quejosos, por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Director de Ejecutorias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual realiza diversas manifestaciones y aduce estar en vías de cumplimiento. Asimismo, solicita se notifique a la quejosa los oficios a los que refiere a su libelo de cuenta para efectos de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, dígasele a la citada autoridad que no ha lugar acordar favorable dicha petición, toda vez que, está obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia concesoria. En tal virtud, requiérase al Director de Ejecutorias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México y a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que reciban la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que dé cumplimiento al fallo protector, mismo que se concedió para los siguientes efectos: Siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, continúe la etapa procesal respectiva de los procedimientos iniciados para la regularización de una superficie de terrenos nacionales, constante de 112-47-71 hectáreas, identificado como "Rancho El Lechugal", en la Ranchería San José del Carmen de Benito Juárez, Centla, Tabasco por los quejosos (1) Elías Velázquez, (2) Baldemar García Jiménez, (3) Arcadio Hernández de la Cruz, (4) Neftalí Velázquez Hernández, (5) Joel Chable Cruz, (6) Elia Velázquez Reyes, (7) Martín Velázquez Hernández, (8) Beatriz Adriana Reyes Castro, (9) Ángela Velázquez Reyes, (10) Nelly Reyes García, (11) Zoila Guadalupe Gutiérrez Villagas, (12) Roberto Reyes de la Cruz, (13) Miguel Hernández May y (14) Guadalupe Velázquez Magaña, con libertad de jurisdicción emita la resolución que en Derecho corresponda y la notifique a las partes." Esto es; con libertad de jurisdicción emita la resolución que en Derecho corresponda y una vez hecho lo anterior, la notifique a las partes. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con las firmas electrónicas correspondientes; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MB, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a la citada autoridad que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Notifíquese en términos de Ley.
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