Russel Geoffrey Tun Cach
Expediente 1055/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Russel Geoffrey Tun Cach
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el once de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda que promueve ********************a favor de ********************, contra actos que atribuye al Juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en Bacalar, Quintana Roo, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 834/2019. Dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 1051/2019 de la estadística de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los datos siguientes: Mediante demanda presentada el veintinueve de noviembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, ********************a favor de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que a continuación se especifican: a) Autoridades responsables: Juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en Bacalar, Quintana Roo; Comandante de guardia en turno de la Cárcel Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, con sede en Bacalar, Quintana Roo; b) Actos reclamados: "4.- Actos reclamados.- De la autoridad que he señalado como responsable ya sea que obren por si o por conducto de sus subalternos como ordenadora o Ejecutora Indistintamente Reclamo: a) LA PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, fuera de todo procedimiento legal y sin mandamiento debidamente fundado y motivado, sin que se respeten las garantías de audiencia y legalidad que consagran los Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos b) La orden de negarle su derecho a la libertad con el pago de multa o fianza, vulnerando de esa manera las garantías esenciales de procedimientos que consagran los Artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos." También, se reclamó la incomunicación y vejaciones. Demanda que, en esa propia fecha, fue radicada bajo el número 1051/2019. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: La demanda que se estudia es promovida por ********************a favor de ********************; En la misma se señalan como autoridades responsables a: Juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en Bacalar, Quintana Roo; y Comandante de guardia en turno de la Cárcel Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, con sede en Bacalar, Quintana Roo; El promovente precisa los actos reclamados de la manera siguiente: "4.- Actos reclamados.- De la autoridad que he señalado como responsable ya sea que obren por si o por conducto de sus subalternos como ordenadora o Ejecutora Indistintamente Reclamo: a) LA PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, fuera de todo procedimiento legal y sin mandamiento debidamente fundado y motivado, sin que se respeten las garantías de audiencia y legalidad que consagran los Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos b) La orden de negarle su derecho a la libertad con el pago de multa o fianza, vulnerando de esa manera las garantías esenciales de procedimientos que consagran los Artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos." Así como, la incomunicación y vejaciones. Esto es, el escrito inicial de demanda que se provee tiene los mismos elementos esenciales de la acción constitucional pretendida por la quejosa en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, pues se trata del mismo promovente, autoridades responsables y actos reclamados. Por tanto, tomando en consideración que los elementos de la acción constitucional en el presente asunto son los mismos que se hayan en el diverso juicio de amparo 1051/2019; y que a la fecha el referido juicio constitucional se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Igualmente sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el promovente instó la acción constitucional desde la presentación del escrito de demanda que motivó el juicio de amparo 1051/2019 de la estadística de este Juzgado de Distrito, el cual actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución. Por tanto, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XIV, de la Ley de Amparo; como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. La parte quejosa solicita que se autorice la consulta electrónica del presente expediente, y que se practiquen las notificaciones de las determinaciones judiciales por la misma vía, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario. En tales condiciones, se accede a la solicitud de la parte promovente, consistente en la autorización de la consulta y presentación de promociones vía electrónica respecto al presente expediente por parte del usuario "********************", en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a)El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b)Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c)El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d)Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e)Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f)Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g)En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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