Rusbel Roman Hernández
Expediente 786/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- María del Consuelo Pacheco López
- Rusbel Roman Hernández
- María del Consuelo Pacheco López y Otros.
- Rusbel Roman Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, sin que se hubiera ordenado lo conducente respecto a la devolución de los tomos de pruebas formados con las constancias recibidas el ocho de diciembre de dos mil veinte; por tanto, toda vez que se considera innecesaria la retención de las mismas, se ordena devolverlas a la autoridad que la exhibió, a efecto de que sea quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa *, lo anterior en cumplimiento al acuerdo veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, se ordenó la práctica de las notificaciones personales por medio de lista, hasta en tanto dicha parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Zapopan, Jalisco, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la(s) autoridad(es) responsable(s), para que, dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora, no obstante que el mencionado acuerdo se le notificó a la última de ellas el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "al ser contrario a derecho el emplazamiento de la parte quejosa al juicio natural, conlleva a la nulidad de las diligencias reclamadas, así como de todas las realizadas con posterioridad en el procedimiento de origen, incluida la inscripción de la escritura pública de adjudicación dieciséis mil cuatrocientos veintiséis de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, otorgada ante el Notario Público Número Ciento Cuarenta de Guadalajara, Jalisco, reclamada al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, ya que si el llamamiento a juicio fue ilegal, es claro que de igual forma lo serán las actuaciones a partir de ese acto viciado, ante la falta de integración legal de los demandados a la relación jurídico procesal" Al respecto, mediante oficios DJ/CT/710/2021, 3355/2021-VI y 3601/2021-VII, las autoridades responsables acreditaron la cancelación de la escritura pública de adjudicación dieciséis mil cuatrocientos veintiséis de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, así como haber declarado la nulidad de las diligencias reclamadas y de todas las realizadas con posterioridad en el procedimiento de origen; comunicados que se atendieron en proveídos de veintinueve y treinta de julio, así como diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. ??????????????? Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las autoridades vinculadas no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Además, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se sobreseyó y se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución de documentos. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la(s) autoridad(es) responsable(s), para que, dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora, no obstante que el mencionado acuerdo se le notificó a la última de ellas el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "al ser contrario a derecho el emplazamiento de la parte quejosa al juicio natural, conlleva a la nulidad de las diligencias reclamadas, así como de todas las realizadas con posterioridad en el procedimiento de origen, incluida la inscripción de la escritura pública de adjudicación dieciséis mil cuatrocientos veintiséis de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, otorgada ante el Notario Público Número Ciento Cuarenta de Guadalajara, Jalisco, reclamada al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, ya que si el llamamiento a juicio fue ilegal, es claro que de igual forma lo serán las actuaciones a partir de ese acto viciado, ante la falta de integración legal de los demandados a la relación jurídico procesal" Al respecto, mediante oficios DJ/CT/710/2021, 3355/2021-VI y 3601/2021-VII, las autoridades responsables acreditaron la cancelación de la escritura pública de adjudicación dieciséis mil cuatrocientos veintiséis de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, así como haber declarado la nulidad de las diligencias reclamadas y de todas las realizadas con posterioridad en el procedimiento de origen; comunicados que se atendieron en proveídos de veintinueve y treinta de julio, así como diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. ??????????????? Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las autoridades vinculadas no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Además, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se sobreseyó y se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución de documentos. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE EN SÍNTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable remite diversas constancias en cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, con las constancias y el oficio de cuenta, así como con las documentales recibidas en autos de veintinueve y treinta de junio de dos mil veintiuno, para que, dentro del término de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.
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