Ruperto Torres Martínez

Expediente 789/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Ruperto Torres Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en cuenta que: a) Se decretó el sobreseimiento. b) La naturaleza del acto reclamado en este juicio. c) No ser asunto considerado de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario y; d) No existen documentos originales. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II...ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ruperto Torres Martínez, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando cuarto de este fallo, en base a lo expuesto en dicho apartado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y el Presidente de dicha dependencia; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos y pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, téngase a la primera de ellas cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral antes mencionado, en relación a las documentales que se reciben con el informe de cuenta. Ahora bien, de acuerdo a lo informado en dichas documentales, se considera que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio, toda vez que en atención al acto que reclama la parte quejosa y que dentro del expediente laboral ********************, la responsable dictó el acuerdo de diecisiete del mes y año que transcurre, correspondiente a la promoción de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, respecto a la aceptación del ofrecimiento del trabajo, hecho por la demandada, así como señalar fecha y hora para que tenga verificativo la misma; de igual forma, hace de nuestro conocimiento que en el referido acuerdo, ordenó la notificación personal del mismo. En ese contexto, al advertirse una posible causal de improcedencia del presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional, se percata que es necesario allegarse de las pruebas necesarias para resolver en el momento oportuno si se actualiza o no; por tanto, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a este Juzgado de Distrito sí ya notificó a las partes del acuerdo que dictó el pasado diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo laboral ******************** promovido por ******************** en contra de ********************; en el entendido, de que sí así lo es, remita las constancias que lo acrediten; lo anterior a fin de verificar si cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 163/2005 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. De igual manera, como sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Finalmente, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda la intervención ministerial 74/2019, suscrita por el Fiscal de la Federación Titular de la Agencia adscrita a este Juzgado de Distrito, a través del cual, conforme a lo dispuesto por el numeral 124 de la citada ley, se le tiene formulando los alegatos de su intención, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, una vez que se emita la resolución respectiva, expídase al representante social de la federación adscrito, la copia a que hace referencia en el alegato ministerial de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, previa constancia de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Ruperto Torres Martínez, en contra de actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, del cual una vez examinado el mismo, no se advierte algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías; la que deberá ser registrada bajo el número 789/2019-II. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal; sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, ya que no fue solicitado por la parte quejosa. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, con sustento en el numeral 251 de la citada legislación, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la referida Carta Magna. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veintiocho minutos del cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte, téngase al peticionario de garantías señalando como terceros interesados a la empresa "Florería Princess", Carla de los Ángeles Olivares Arellano y Emma Alicia Hernández Herrera, por conducto de su apoderado licenciado Fernando Lazo Raya, con domicilio en calle Primera y Ocampo esquina, número 221, zona centro, código postal 87300, de ésta ciudad; por lo que, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se le tiene como reconocido tal carácter; de ahí que, se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el domicilio antes mencionado, y con copia simple del escrito inicial de demanda, emplace a los referidos terceros al presente juicio de garantías, y para que de estimarlo conveniente, se apersonen a defender sus derechos. Por otra parte, téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y únicamente para los efectos precisados en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abel Ramírez Látigo, hasta en tanto demuestre ante este órgano jurisdiccional contar con cédula profesional para ejercer la abogacía, en virtud, de que se realizó una consulta en el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales y no se encontró algún dato alguno. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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