Ruperto Romero Madrigal

Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Ruperto Romero Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia dentro del presente expediente, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, resolución que se causó ejecutoria firme el veintiuno de junio de la presente anualidad. Por lo que, seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia En Ejecución Penal, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por dicha autoridad, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a) Deje insubsistente la orden de reaprehensión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente de ejecución SIPE 10/2017, así como las consecuencias que derivaron de éste; b) Hecho lo anterior, ordene la notificación personal del aquí quejoso, en el ubicado en en domicilio conocido en la Presa la Villita, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en términos del numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de siete de enero de dos mil diecinueve y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; y, hecho que sea, continúe el trámite relativo en el expediente de ejecución SIPE 10/2017 que se sigue en contra de promovente del amparo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamado, pues el cumplimiento de actos inconstitucionales también importa violación de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso del amparo, atento a lo que dispone la jurisprudencia número 89, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del tomo VI, jurisprudencia en Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS." a) Mediante oficio JE1/18327/2023 la Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia En Ejecución Penal, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, informo que en auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en la Solicitud de Inicio de Procedimiento de Ejecución (SIPE) 10/2017, se dejó sin efectos la orden de reaprehensión emitida en contra del sentenciado aquí quejoso de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. b) En el propio auto, ordeno notificar personalmente al peticionario de amparo en el domicilio en el ubicado en en domicilio conocido en la Presa la Villita, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, hizo del conocimiento, a los Agentes del Ministerio Público de la Federación Adscritos a ese órgano jurisdiccional, Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, en el Estado de Michoacán, para que dejaran sin efectos el mandato de captura y realizaran los trámites correspondientes del mismo, de igual forma al Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado del Sistema Único de Mandamiento Judiciales (SUMAJ), realizara las gestiones correspondientes ante dicha plataforma. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al expediente único del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b) de la normativa invocada, procede su CONSERVACIÓN. BILLETE. Del estado de autos se advierte que el catorce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 944537, expedido por Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisiona; sin embargo en el propio auto se dejó a disposición de dicha parte procesal por las razones ahí expuestas. Por lo que, al resultar innecesario seguir conservando en depósito y a disposición de este juzgado, hágase del conocimiento del promovente del amparo que de conformidad con lo establecido por el numeral 50, primer párrafo, de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con el término de dos años contado a partir de la notificación del presente proveído, para que comparezcan en este órgano jurisdiccional, en hora y día hábiles de labores, a recibir los citados documentos mercantiles, previamente endosado a favor del depositante; apercibidos que de no hacerlo, en términos del invocado precepto 50, parte in fine, la garantía de que se trata prescribirá en favor del Erario Federal. En el entendido de que deberán identificarse con documento oficial vigente, previamente a la entrega que se les haga de dichos documentos mercantiles, recabándose la constancia de recibo correspondiente. Se instruye a la secretaria para que realice las anotaciones que correspondan. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación devuélvase el tomo de pruebas y disco compacto que la autoridad responsable acompaño a su informe justificado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. INFORMA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido vía correo electrónico proveniente de la Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia En Ejecución Penal, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, por medio del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dese vista a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jueza Primera de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Jueza Primera de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, Un tomo de pruebas y un disco versátil digital (DVD), relativos al acto reclamado en la presente instancia constitucional. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido vía correo electrónico firmado electrónicamente por la Jueza Primera de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución Penal, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, a través del cual, se acusa recibo del comunicado con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio; asimismo informa que el oficio en mención fue recibido el diecinueve de mayo del presente año; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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