Ruperto Pelcastre Ortega

Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1064/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Ruperto Pelcastre Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, firmado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el proveído de diecisiete de diciembre del año en curso, por medio del cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comunicando lo anterior a las partes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo *** del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; asimismo, requiere al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, el expediente *** de su índice, a efecto de proveer lo conducente en relación con la incompetencia planteada por este juzgado de distrito para conocer de la demanda de amparo directo presentada por la parte quejosa. Atento a lo anterior, se toma conocimiento del contenido del oficio de cuenta para los efectos a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *** y su abogada patrono, a través del que, en cumplimiento a la prevención formulada mediante auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, informa que por un error involuntario señaló con la calidad de autoridad responsable a la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, sin que esa sea su voluntad. En consecuencia, se provee en relación con el ocurso inicial y el escrito aclaratorio de cuenta. Incompetencia. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo, promovida *** por propio derecho, contra actos de la autoridad Jueza del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ***, relativo al juicio de nulidad absoluta de escritura pública de contrato de compraventa; así como diversas actuaciones dictadas en este y en la etapa de ejecución. De igual forma, del ocurso inicial (hoja 5) se observa que el quejoso manifiesta que el referido fallo es ilegal, en virtud de que no se tomaron en cuenta las excepciones que expresó al contestar la demanda presentada ante el juzgado de origen el cinco de mayo de dos mil veintiuno; de ahí que reconoce haber tenido participación en el procedimiento natural. En ese sentido, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, acorde a los razonamientos que a continuación se expresan: De los preceptos referidos se advierte que solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, cabe precisar que el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se deberá entender por sentencias definitivas, como a continuación se señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el promovente se duele -en esencia- de la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 380/2020, relativo al juicio de nulidad absoluta de escritura pública de contrato de compraventa. En este orden de ideas, se advierte que la determinación que por esta vía constitucional se reclama, resulta ser en contra de una sentencia definitiva; por tanto, se actualiza una hipótesis de procedencia del amparo directo. Lo anterior, en virtud de que, en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, el Pleno de la Corte consideró que ante el nuevo marco normativo constitucional y legal, los Tribunales Colegiado de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aun cuando no se hubiera agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley, aclarando que esto último no implica un problema de competencia, sino de procedencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia 6/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, es evidente que el acto de autoridad que ahora se impugna, no puede ser analizado por este órgano de Control Constitucional, pues se trata de una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal y corresponde su tramitación ante el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que el quejoso no se duele de la falta de llamamiento al juicio de origen; por el contrario, manifiesta que dio contestación a la demanda e hizo valer excepciones mediante ocurso presentado ante el juzgado natural el cinco de mayo de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Ruperto Pelcastre Ortega; en consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de inmediato la demanda original y copias que le acompañan al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial planteada, y tenga a bien acusar recibo de la recepción de la demanda. En cumplimiento al artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacer públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes para que manifiesten si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales al hacerse pública la presente resolución; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1064/2021-H. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda sobre la presente demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, IV y V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Manifieste si desea señalar con la calidad de autoridad responsable a la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Lo anterior debido a que del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa en el apartado identificado en el número romano IV "Actos reclamados" hace referencia a la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, sin que hubiera precisado el acto que le reclama a dicha autoridad. 2. En caso de que desee señalar a dicha autoridad como responsable, deberá precisar el acto que reclama de ésta, esto es, deberá informar si la autoridad responsable emitió alguna resolución y/o tuvo alguna participación en el juicio de origen. 3. En caso de que la autoridad responsable hubiera emitido una determinación, deberá expresar bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se le hizo de su conocimiento y el número de expediente en que se dictó esta. Se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado u autorizado o a ambos que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón del valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará trámite a su demanda de amparo únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en el apartado III de su escrito de demanda. Asimismo, se le informa que con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo deberá anexar las copias suficientes del escrito por el cual desahogue la citada prevención, para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, toda vez que sí cuentan con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no cuentan con registro de su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En otro sentido; y, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del ocurso inicial se advierten como datos de contacto el correo electrónico ***, por lo que se tiene por señalado el medio electrónico a efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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