Ruperta Salmerón Rivera

Expediente 1340/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1340/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Ruperta Salmerón Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a lo solicitado, se provee: De conformidad con lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la permanencia de los documentos exhibidos por las partes en el juicio, es necesaria hasta que se resuelva definitivamente el juicio, en el entendido que durante su trámite pueden ser objetados por las demás partes y toda vez que en el caso, con fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio; como lo solicita la parte ocursante, previa copia certificada debidamente cotejada, que se agregue a los presentes autos, devuélvasele la documental que solicita, dejando en autos razón de la entrega y recepción de la misma.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y acuérdese lo conducente en autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio, en virtud de que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. De igual forma, requiérase a la parte quejosa para que en el término de noventa días hábiles, ocurra a recoger la constancia de posesión exhibida con su escrito inicial de demanda, en el entendido que de no hacerlo así, dentro del plazo estipulado en el artículo vigésimo primero del Acuerdo referido, quedará glosado al expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna en su manejo o extravío.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01 DE FEBRERO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y acuérdese lo conducente en autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio, en virtud de que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. De igual forma, requiérase a la parte quejosa para que en el término de noventa días hábiles, ocurra a recoger la constancia de posesión exhibida con su escrito inicial de demanda, en el entendido que de no hacerlo así, dentro del plazo estipulado en el artículo vigésimo primero del Acuerdo referido, quedará glosado al expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna en su manejo o extravío.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1340/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Salvador Vázquez Galeana, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A CONTINUACIÓN, EL SECRETARIO HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda y acuerdo en que se ordenó admitir a trámite la misma; constancias de notificación de los oficios girados a las autoridades responsables; informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables y acuerdo en el que se tuvo por recibido. Y, CERTIFICA: que las autoridades responsables, 1.- PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO, 2.- SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO, 3.- DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, y 4.- COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO, al rendir su informe justificado negaron los actos que se les atribuyen por la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Asimismo, hace constar que no es necesario el emplazamiento del tercero interesado Ricardo Rosales Ríos, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, por tanto, es innecesario dicho emplazamiento. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: El Secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda. EL JUEZ ACUERDA: Se admiten los medios de convicción antes referidos, los que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, en términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; en consecuencia, se cierra el periodo. ETAPA DE ALEGATOS: En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: En virtud de que no existen alegatos formulados por las partes, se declara cerrado el período correspondiente. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la sentencia siguiente. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1340/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican. AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: 1.- PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO. 2.- SÍNDICOPROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO. Ejecutoras: 1.- DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 4.- COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE ZUMPANGO DE NERI, GUERRERO. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad ordenadora se reclama la orden que dieran a la autoridad ejecutora para desalojarme del inmueble de mi propiedad y que de manera ilegal pretende dar cumplimiento la autoridad ejecutora" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa y se registró como juicio de amparo indirecto 1340/2022; una vez desahogada la misma, el diez de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, quien no formuló alegatos, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que actúan dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La orden de desalojo del bien inmueble ubicado en calle Lázaro Cárdenas número 25, del Barrio de Santo Tomas en Zumpango del Río, Guerrero y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que las autoridades responsables Presidenta, Síndico Procurador, Director General de Seguridad Pública, y Comandante en turno de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zumpango del Río, Guerrero, al rendir su respectivo informe con justificación negaron los actos que se le reclaman; consistentes en la orden de desalojo y su ejecución. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación a las responsables de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ello es así, pues ante la negativa de las responsables del acto que se les imputa, este Juzgado no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la existencia del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba alguno con el que se pudiera desvirtuar la negativa del acto reclamado, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente Litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". CUARTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción IV, y 73 y 74 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el punto considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

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