Rumualdo García Mejía
Expediente 867/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rumualdo García Mejía
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Colima, Colima, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Recepción de la demanda.Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** , contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Colima y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 867/2018-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Colima reclamo el nombramiento remitido al Poder Legislativo Local en fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, de los Licenciados **** y ****, como Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Del H. Congreso del Estado de Colima reclamo la aprobación de los referidos nombramientos mediante el acuerdo número 96, de esa misma fecha. Desechamiento. Al respecto, debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: [A]rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto legal trascrito, autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se detecta, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que es improcedente la demanda al actualizarse en forma evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Colima y al Congreso del Estado consistentes en: El nombramiento remitido al Poder Legislativo Local en fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, de los Licenciados *** y ***, como Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la aprobación de los referidos nombramientos mediante el acuerdo número 96, de esa misma fecha. En razón de que fueron emitidos por un ente dotado constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de amparo. A fin de evidenciar lo anterior conviene transcribir en este apartado el contenido de los artículos 34, fracción XXII, 58, fracción XI y 70 de la Constitución Política del Estado de Colima, que dicen: [A]rtículo 34. El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: [.] XXII. Otorgar o negar su aprobación al nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a la propuesta de Fiscal General del Estado que haga el Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución; Artículo 58. Son facultades y obligaciones del Gobernador: [.] XI. Expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado; [.]. Artículo 70. Los nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados nombrados. En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde luego como provisional, y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En dicho periodo, dentro de los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el magistrado provisional, y el Gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho cuerpo colegiado, en los términos señalados. Si falta un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Gobernador del Estado someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso, quedando este nombramiento limitado al resto del correspondiente periodo a que se refiere el artículo 73 de esta Constitución. Si el Congreso no está en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación provisional mientras se reúne aquél y da la aprobación definitiva. 16/02/2018 12:36 p.m. 42 Las faltas temporales de un magistrado que no excedan de tres meses se suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del análisis conjunto de los numerales transcritos se advierte que: I. Que el Gobernador del estado de Colima tiene la facultad y obligación de expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, para someter su aprobación al Congreso. II. El Congreso del Estado tiene la facultad de otorgar o negar su aprobación al nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima III. El Congreso otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días. IV. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados nombrados. Expuestas así las cosas, es evidente que el Gobernador del estado tiene la facultad y obligación de proponer a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, mientras que el Congreso está facultado conforme la constitución local para aprobar o no los nombramientos sometidos a su consideración. Además de que el Congreso del Estado de Colima es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 7°, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado de Colima; y por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo y, por ende, cuando el Congreso elige a los Magistrados, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el Texto Constitucional Local, en cumplimiento al propio mandato de éste. Por ende, si bien el Gobernador tiene la facultad y obligación de expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, dicha facultad se debe someter para su aprobación al Congreso, quien tiene también la facultad de otorgar o negar su aprobación, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Colima, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo, de ahí que el procedimiento y aprobación de los nombramientos se traduce en el ejercicio de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales es improcedente el amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por identidad jurídica sustancial la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 102/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. No es obstáculo la anterior determinación el hecho de que en su demanda manifieste el aquí quejoso que en caso de actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este juzgado se pronuncie respeto a la inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el reclamo de la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo; lo cual es incorrecto, ya que no tengo esa facultad, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 301/2013, determinó que para la procedencia del análisis constitucional de un artículo de la Ley de Amparo, como es el caso, le corresponde al tribunal superior, porque se deben satisfacer los siguientes requisitos: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra ese acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma empleada De ahí que este juzgador no tiene facultades para pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, pues contrario a lo que aduce el quejoso en su demanda, será el tribunal revisor en el recurso correspondiente donde analice la regularidad tanto del acto de aplicación, como la constitucional de la norma empleada. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis 1a. CCXLI/2013 (10a.) y 1a. CCXLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicen: CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO. SU RESULTADO DEBE SER COMPATIBLE CON LAS COMPETENCIAS QUE ESTRUCTURAN AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el control constitucional es un elemento transversal a la función jurisdiccional, por lo que se han transformado las competencias de los órganos judiciales. Un ejemplo de dicha transformación es la modificación de los supuestos de procedencia del recurso de revisión en el amparo directo, pues no necesariamente es improcedente cuando se recurre una sentencia que sobresee en el juicio constitucional, ya que puede impugnarse el precepto de la Ley de Amparo que sirvió de fundamento, pues si bien dicha ley es reglamentaria de la Constitución, lo relevante es que no es equivalente a ésta, por lo cual, al tratarse de una norma subordinada a los criterios de validez de la Norma Fundamental, no escapa a un posible escrutinio. Ahora bien, en el caso de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el escrutinio constitucional de dicha ley, el resultado de esa evaluación, en caso de resultar en la inaplicación de la norma respectiva, debe ser compatible con las competencias que estructuran al Poder Judicial de la Federación, pues el control constitucional, transversal a toda función jurisdiccional, debe ejercerse con base en el parámetro establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional. Por ende, si al resolverse el recurso de revisión en amparo directo se revoca la sentencia recurrida, por ejemplo, por basarse en una interpretación de una causal de improcedencia incompatible con la Constitución, debe revocarse la sentencia recurrida y remitirse el asunto al tribunal colegiado de circuito del conocimiento para que resuelva el asunto, al corresponder a éste resolver los amparos directos, de conformidad con el esquema legal. Así, si bien es cierto que en el juicio de amparo no existe la remisión, pues al resolverse un recurso de revisión, el órgano revisor debe reasumir competencia para resolver la materia del asunto, también lo es que esta regla no opera cuando en la revisión se estudia la constitucionalidad de la Ley de Amparo. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que: a) en la sentencia recurrida se realice un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado internacional o algún reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o habiéndose planteado, se omita su estudio y b) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de ésta, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, el 26 de enero de 2012, estableció que es susceptible de actualizarse la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo cuando se cuestione la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, pues a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, se ha desvanecido el obstáculo técnico que impedía conocer sobre su regularidad constitucional. Este planteamiento debe formularse en los recursos previstos en el juicio constitucional, ya que no es dable señalar como acto reclamado destacado en la demanda a la Ley de Amparo, ya que es hasta que se genere un acto de aplicación en perjuicio del particular cuando lo puede combatir. Así, en dichos casos, el órgano revisor no sólo se debe limitar a evaluar la regularidad de la decisión recurrida, sino también puede inaplicar la norma que sirvió de sustento cuando sea violatoria de algún derecho humano. Así, esta Primera Sala concluye, sobre la premisa de que el control constitucional es un elemento transversal a toda función jurisdiccional, que el recurso de revisión procede no sólo cuando exista una cuestión de constitucionalidad vinculada con la litis original, sino también cuando se combata la Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio y de conformidad con los artículos 113, 61, fracción VII, se desecha de plano la demanda de amparo contra los actos precisados promovida por ***. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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