Rufino Juárez Hernández

Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
771/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Rufino Juárez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (foja 90), por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del jefe del Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que designa a la licenciada Andrea Ramírez Cruz, defensora pública dscrita a oficinas centrales de dicha Defensoría, para que asista al quejoso RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, en el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales consiguientes. Se hace del conocimiento del quejoso, que al haberse realizado la designación de asesor jurídico que lo asistirá en este juicio, las subsecuentes notificaciones se le realizarán por conducto del mismo. Ahora bien, se ordena girar oficio al director del Centro de Reinserción Social número 1, en Santa María Ixcotel, Oaxaca, para que tomando en consideración el nombramiento de la licenciada Andrea Ramírez Cruz, que en su carácter de asesor jurídico, representará al quejoso RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, quien se encuentra recluido en el centro de reclusión a su cargo, proceda en términos del artículo 58 de la Ley Nacional Ejecución Penal, que dispone que las entrevistas entre los defensores públicos con sus defendidos deben desarrollarse en un área adecuada, para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse de manera libre y privada con su defensor, permitiendo las autoridades penitenciarias el ingreso de los objetos que requiera el asesor para su desempeño. Por lo tanto, deberá brindar al asesor jurídico designado las facilidades y seguridad, en la práctica de las visitas que realizará a su representado. Por último, se ordena al actuario adscrito a este juzgado, notificar al quejoso RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, en el lugar en donde se encuentra recluido, el presente acuerdo, a quien deberá hacerle entrega del mismo, así como el oficio de cuenta, y asentar la razón correspondiente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, contra actos de los magistrados integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes impreso y electrónico respectivamente, regístrense en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 771/2019; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Pídase informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita, al que deberán acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad de los actos reclamados, apercibidas que de no rendir el informe o de no acompañar las constancias relativas se les sancionará al dictarse sentencia en este juicio de amparo con multa, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), (en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con 50/1000 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($84.49) por cincuenta (50), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Téngase al agraviado señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del Centro de Reinserción Social Número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado); en consecuencia, se ordena al actuario adscrito constituirse en el citado centro penitenciario y notificar al referido quejoso el contenido del presente acuerdo. Por otra parte, toda vez que el quejoso RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, es procesado en la causa penal 168/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese oficio a la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, con copia simple de la demanda, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este auto, designe un defensor público que pueda asistir al quejoso RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ, en el presente juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 18, fracción II, de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Apercibido que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que le asista, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

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