Rufino Duarte Cruz
Expediente 937/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/01/2021
Partes del expediente
- Rufino Duarte Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que no obre en autos la constancias de notificación a la autoridad responsable, pues es claro que dado el sentido de la sentencia definitiva que hoy adquiere firmeza, no le perjudica, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que no obre en autos la constancias de notificación a la autoridad responsable, pues es claro que dado el sentido de la sentencia definitiva que hoy adquiere firmeza, no le perjudica, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las once horas del veintiocho de diciembre de dos mil veinte hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, en el presente juicio, en audiencia pública, el licenciado Jorge Arturo Landaverde Landaverde, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por vacaciones de la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2661/2020, asistido de la licenciada Alejandra Ceja Andrade, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el Secretario encargo del despacho determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa con su escrito de demanda, las cuales obran agregadas al expediente en que se actúa. De igual manera se da cuenta con las documentales que la responsable acompañó en apoyo a su informe justificado. A lo que el Secretario encargo del despacho provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas ofrecidas por la parte en cita, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. No habiendo más que agregar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo que el Secretario de Juzgado encargada del despacho Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, por no haberlo ejercido y se da por concluida la presente etapa. Al encontrarse debidamente integrado el presente expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 937/2020-VI, promovido por ****, por conducto de su defensor particular ****, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, la parte quejosa en mención solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: SEGUNDO. La peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; no señaló tercero interesado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; TERCERO. Por auto de veintinueve de octubre del año en curso, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo que nos ocupa y remitió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, a efecto de que se realizara el turno correspondiente. CUARTO. El diez de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, se avocó al conocimiento de la demanda; se registró bajo el progresivo respectivo del Libro de Gobierno; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley reglamentaria invocada: 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisa las autoridades señaladas como responsables y el acto que a cada una de ellas se reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisionado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la autoridad responsable, de dar respuesta a su escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en el que, de manera destacada le solicitó que declarara extinta la vigilancia que le fue impuesta, con motivo del otorgamiento en su favor del beneficio de condena condicional dentro de la carpeta de ejecución SIPE ***, en la que el quejoso tiene el carácter de sentenciado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, pues así lo precisó al rendir su informe de ley máxime que de las constancias que allegó y las demás manifestaciones que realizó, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había expedido respuesta alguna a la parte quejosa respecto al escrito que presentó ante ella. Constancias que, dado su carácter de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, porque de actualizarse alguna de la hipótesis del aludido precepto, deberá sobreseerse en el juicio constitucional, sin juzgar la legalidad del acto reclamado y mucho menos atender a los conceptos de violación. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En virtud de lo anterior, del análisis de las constancias de autos esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, es menester señalar que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causal de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Es conveniente tener en cuenta que la teleología ampliamente aceptada acerca del presente medio de defensa constitucional, revela que su fin primordial radica en la restitución al gobernado en el goce de los derechos fundamentales que le hayan sido vulneradas, acorde con lo previsto en el artículo 77 de la propia ley reglamentaria, que dispone: "(.) Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)." Así, aunque los tribunales que concedan la protección constitucional, de conformidad con dicha disposición están facultados para obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido que sea necesario, o bien, a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la irrupción violatoria de derechos; esta atribución tiene como fin específico, precisamente, lograr que el peticionario de amparo vuelva al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus prerrogativas constitucionales, siendo ésta la justificación del medio de control de los actos de autoridad y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los expedientes de amparo, intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional. Precisamente, atendiendo a estas premisas es que encuentra razón de ser la previsión de una causa de improcedencia, pues con su aplicación en cada caso se evita la tramitación de juicios que en el transcurso de la substanciación, pierden justificación por haber ocurrido un hecho no previsto que indica la inutilidad de buscar una sentencia de fondo en el asunto, porque ésta ya no es necesaria para restituir al quejoso en el goce de sus derechos, ya sea porque ello se torne imposible jurídica o materialmente, o bien, porque de manera anticipada el afectado hubiera sido resarcido plenamente en ese disfrute. La primera hipótesis se configura cuando el acto reclamado se consuma de manera irreparable, en tanto que la segunda suele calificarse como la cesación de efectos, figura jurídica prevista en el artículo 61, fracción XXI, que se actualiza cuando se advierte que, indudablemente la eventual concesión del amparo sería inútil o estéril. Acerca del tópico se vislumbran dos hipótesis distintas en las que puede materializarse jurídicamente la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio, las cuales se configuran: I. Por revocación, que se colma cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material. De modo que al peticionario del amparo se le restituye en el pleno goce de sus derechos, sin que quede huella en su esfera jurídica, y II. Por sustitución, que se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que ya se reclamó, el que estaba en suspenso y cuya firmeza se da por la posterior actuación por la cual se sustituyó; es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo antes considerado, la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que al rubro y texto exponen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Sobre el tema existe un criterio uniforme y bien definido entre los tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, en cuanto a que, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación alegada; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, por la cesación, no quede ahí ninguna huella. Se sostiene lo anterior, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en los derechos del justiciable que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, tal como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99,1 que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso en particular, conforme a los anteriores parámetros, se tiene que el Comisionado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México, informó que mediante oficios **** y **** ambos de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, notificados a través del correo electrónico proporcionado por el defensor particular del quejoso en cumplimiento a las medidas sanitarias que implemento dicha dependencia para hacer frente a la pandemia en la que actualmente atraviesa el país, se dio respuesta la solicitud que presentó el quejoso el cinco de octubre de dos mil veinte, es decir, se ha dado respuesta a la petición formulada; la que ha sido notificada en el correo que para tal efecto señaló. Situación que se advierte y se tiene como acreditada con las documentales que la responsable remitió, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 605 del Tomo XXIX del mes de enero de dos mil nueve, Novena época, con número de registro 168189 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. También es aplicable la jurisprudencia 129/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 279 del Tomo XXIV, del mes de septiembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, con registro 174238, cuyo rubro y texto dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. Dicho lo anterior, queda evidenciado que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la situación que la responsable diera respuesta al escrito presentado ante ella, impide que "la omisión" de respuesta pueda seguir surtiendo efectos, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción VI de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto a los actos atribuidos a la autoridad responsable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, resulta innecesario ocuparse de los diversos motivos de improcedencia que pudieran actualizarse, en aplicación a la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 195744, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76, 77 fracción II, 79 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por conducto de su defensor particular ****, en contra de los actos y autoridad que quedaron precisados en el segundo considerando por las razones aludidas en la cuarta consideración de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de diciembre de dos mil veinte. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el informe justificado rendido en representación de la siguiente autoridad: Comisionado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México. (denominación correcta). PRUEBAS OFERTADAS. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, téngase como pruebas de las responsables, las documentales que anexan, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Ruben Yañez Mendoza507/2018
- Rubí Mercedes Pérez González1354/2016
- Rubi Rivera Hernández2880/2015
- Rubisel Rodríguez Díaz1057/2015
- Rufina Lucia Robles Robles1481/2016
- Rufina Lucia Robles Robles2703/2015
- Rufino Gabriel García13/2023
- Ruperto Arvizu Osornio1020/2018
- Ruperto Enrique Olivera Villaseñor704/2017
- Ruperto Hernández Fragoso536/2016
- Ruth Adriana León Lara2023/2015
- Ruth Angélica Sánchez Martín323/2017