RUFINO DUARTE CRUZ y Otros.

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • RUFINO DUARTE CRUZ y Otros.
  • Rufino Duarte Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; ello, sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo interpuesta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *****, quien estampa su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y se ostenta en su carácter de defensor particular del directo quejoso ****, contra actos del Titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de registro *****. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese orden, es menester precisar que los actos señalados por la parte quejosa en el capítulo correspondiente, consisten en: " La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar por escrito la petición de fecha cinco de octubre de dos mil veinte dirigida al Titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo número 171, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo,11370,CDMX consistente en lo que aquí interesa en que: ". declare la extinción de la vigilancia impuesta al sentenciado *****con motivo del otorgamiento en su favor del beneficio de Condena Condicional dentro de la Carpeta de Ejecución ****del índice del Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en funciones de juzgado de ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro", petición que fue presentada mediante escrito de manera pacífica y respetuosa en la oficialía de partes del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social en cinco de octubre de dos mil veinte [.]" Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y, atento a las siguientes consideraciones, se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo. Se advierte que el derecho de petición, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término, situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de éste último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos:  Debe formularse de manera pacífica y respetuosa;  Debe ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y  El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta:  La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla;  Debe ser congruente con la petición; y  La autoridad debe notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Ahora, en el caso, tenemos que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado la omisión de respuesta escrito a su ocurso presentado ante la autoridad responsable el cinco de octubre de dos mil veinte, mediante el cual solicita se extinga la vigilancia de la que dice ser objeto con motivo del otorgamiento del beneficio de condena condicional derivado de la carpeta de ejecución ****del índice del Juzgado de distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución dentro del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro. Además, cabe reiterar que el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por ****, quien se ostentó en su carácter de defensor particular del directo quejoso ****, aquí quejoso, el cinco de octubre de dos mil veinte, esto es, cuatro días antes de la presentación de la demanda de amparo, tiempo notoriamente insuficiente para que la responsable estuviera en posibilidad de emitir contestación alguna o dar trámite a su petición. Esto es, debe considerarse un término de contestación a las peticiones hechas ante su potestad; lo anterior, sin contar el plazo para que se hagan las notificaciones y éstas surtan efectos. Evidentemente, si bien la citada norma constitucional establece que el derecho de petición debe ser satisfecho con una contestación, la cual debe ser otorgada en breve término, ello de ningún modo implica que ésta deba ser proporcionada el mismo día en que se eleve su promoción; puesto que esto, en todo caso, implicaría desatender las labores previas con las que la autoridad cuente, a efecto de satisfacer el "breve término" en el que se deba contestar dicha solicitud . Ahora, en el caso particular, se advierte que la potestad ante quien se elevó la petición, lo es el Titular del órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, el cual de conformidad con sus funciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Y Readaptación Social, deberá analizar jurídica y criminológicamente los expedientes de los sentenciados previo a la aprobación de propuestas o modificación de la modalidad de ejecución de la sanción impuesta, así como verificar el cumplimiento de diversos aspectos entre ellos la vigilancia, que en su caso se haya impuesto a los sentenciados del fuero federal con motivo del otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada. Es por ello que resulta necesario que dicha autoridad responsable a quien se atribuye la omisión combatida disponga de un tiempo razonable para atender su solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, ya que se itera, del escrito de demanda se advierte que la fecha de presentación de su petición fue el cinco de octubre de dos mil veinte, lo que evidencia que, aún no ha transcurrido tiempo suficiente para que la responsable responda la solicitud que le fue realizada, para la cual deberá analizar jurídica y criminológicamente la situación del directo quejoso a fin de responder a su petición; y, por ello, es que no puede considerarse que el acto combatido, hasta este momento, depare perjuicio alguno a la esfera jurídica de la quejosa. De lo anterior, se desprende que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo; por tanto, se desecha la demanda, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la ley citada, en relación con el artículo 8 constitucional. No pasa inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, que se admitiera a trámite la demanda para que después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Se exhorta a la parte quejosa a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberá designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Asimismo, se invita a la parte promovente que de no contar con usuario electrónico, para que a la brevedad posible señale ante este órgano de control de la constitucionalidad, un número de teléfono o correo electrónico para establecer contacto en caso de que sea necesario. Se solicita a la parte quejosa que realice las promociones que estime pertinentes preferentemente a través de Firma Electrónica. Se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan.

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