Rufino Antolin Gracida Navarro

Expediente 1246/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1246/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Rufino Antolin Gracida Navarro
  • RUFINO ANTOLIN GRACIDA NAVARRO y Otros.
  • Ines Araceli Gracida Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y anexo que acompaña, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja número 31/2019, interpuesto por Homero Pérez Aquino, autorizado legal de los quejosos INÉS ARACELI GRACIDA MENDOZA Y RUFINO ANTOLÍN GRACIDA NAVARRO, contra el auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; ejecutoria de la que se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente asunto se desechó de plano la demanda de amparo; el presente expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió un cuaderno de constancias certificadas deducidas del juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de la parte quejosa mediante el cual interpuso recurso de queja contra el acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito del quejoso Homero Pérez Aquino, autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante al cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo origen del presente expediente; en consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe a la superioridad, acompañando las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual fue notificada al promovente del amparo, por lista de acuerdos el catorce del presente mes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, donde transcribe el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de amparo número 1170/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por INÉS ARACELI GRACIDA MENDOZA Y RUFINO ANTOLIN GRACIDA NAVARRO, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, por considerar que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, acorde a lo estipulado en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince, es el competente para conocer y resolver el presente asunto, con motivo de que previamente conoció del diverso juicio 1694/2016, promovido por los aquí quejosos, contra actos derivados del expediente 133/2015 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. Este juzgado comparte, sustancialmente las razones del juez oficiante. En consecuencia, con la citada demanda de amparo, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1246/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por ende debe desecharse, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público en términos del numeral 62 de la propia ley. Los preceptos legales aludidos disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Como se ve, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de donde se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, la parte quejosa reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca civil 308/2018, derivado del juicio sumario civil 133/2015, en la que la sala responsable determinó correcta la decisión asumida por la autoridad judicial para no admitir el incidente de falta de personalidad de la parte demandada Ángela Hernández Ortiz, promovido por los aquí quejosos; acto, que, por su naturaleza no causa afectación a derechos sustantivos, tales como la vida, la propiedad, la libertad, sino, en su caso, violaciones de carácter adjetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006589, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, y establece lo que a continuación se transcribe: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En tal circunstancia actualizada la causal de improcedencia en mención, lo procedente con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir acuerdos y notificaciones el que indican, y en atención a la certificación realizada por la secretaria de este juzgado, se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente al licenciado Homero Pérez Aquino, no así a las demás personas que citan, toda vez que no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, por lo que se les tiene solamente autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se tiene como representante común de los quejosos a INÉS ARACELI GRACIDA MENDOZA, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley de la materia. Envíese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que realice la compensación respectiva y turne la demanda de cuenta a este Juzgado. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Viviana Alejandra Pinacho Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.

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