RUFINA TOMAS SANTIAGO y Otros.

Expediente 1102/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1102/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • RUFINA TOMAS SANTIAGO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual informa que se admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, al cual le fue asignado el número de recurso de queja civil ********************; glósese para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda la boleta de turno recibida vía correo electrónico, relativa al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; boleta de la cual se desprende que dicho recurso fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Víctor Silva Sánchez, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que éste órgano jurisdiccional emitió el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas al presente juicio. Asimismo, se hace del conocimiento del tribunal de alzada que las constancias relativas al presente medio de impugnación quedan a su disposición en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con el número de expediente único nacional (NEUN) 33227141. En mérito de lo anterior, se comisiona al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, por medio del cual remite la demanda de amparo que dio origen a su juicio de amparo indirecto 1086/2023, promovido por ******************************, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, al estimar carecer competencia legal para conocer de la misma, por los motivos que expone. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1102/2023-C que le corresponde; para lo cual se forma expediente electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo. En términos del citado numeral y los preceptos legales 251, 252, 253, 263 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, el sello de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente físico coincidan en su totalidad. Se acepta competencia. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Desechamiento Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, es importante mencionar que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer determinados requisitos como son: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu, ambos de la de la Ley de Amparo. En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la parte quejosa y la afectación material de sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no acontece en el presente caso. En efecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 20/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa Rufina Tomás Santiago, en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, que ordenó emplazar como tercera llamada a juicio a Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el acto reclamado no es de aquellos dictados dentro del procedimiento que tengan sobre la persona o las cosas del quejoso, una ejecución que sea de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte debido a que la única consecuencia legal es el llamado al procedimiento de un tercero al juicio. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que la referida resolución reclamada en la presente vía no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, donde todavía puede alcanzar una resolución favorable a sus intereses. En caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia que se dicte en el aludido juicio, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal. Es aplicable la tesis I.1o.A.8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2005063, que señala: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE A ALGUIEN EL CARÁCTER DE TERCERO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO A JUICIO. Si se toma en cuenta que, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos intraprocesales que no sean de imposible reparación, es factible concluir que el auto dictado en un juicio ordinario en que el juzgador reconoce a alguien el carácter de tercero y ordena su emplazamiento, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no trastoca los derechos sustantivos de las partes sino que, en todo caso, provoca una afectación adjetiva o procesal; consecuentemente, la resolución recaída al medio de defensa hecho valer contra dicha determinación es partícipe de la naturaleza de esta última, en virtud de que la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación. Por ende, como el perjuicio que genera la resolución del medio de defensa no puede ser desvinculado de la naturaleza y alcance del acto sujeto a revisión, dado que la pretensión del inconforme es que se declare su ineficacia jurídica, si el juicio de amparo es improcedente contra la determinación recurrida, por mayoría de razón, también lo es contra la resolución con que culmina su impugnación." También tiene apoyo por analogía la jurisprudencia J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2006589 de texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Silva Sánchez y Eliacín Peñaloza Peralta, toda vez que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que señala, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema antes aludido. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "LIC.SILVA", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

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