Rufina Sánchez Mancilla

Expediente 1807/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1807/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Rufina Sánchez Mancilla

Actuaciones

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado firmeza, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa: Que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, toda vez que en el presente sumario existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa devuélvanse, previa copia que exhiba de éstos para que obren en autos para constancia legal y toma de razón por su entrega. En la inteligencia que tiene un plazo de noventa días legalmente computables para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán depurados y enviados junto con el expediente en que se actúa al Archivo de Concentración Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México para su resguardo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado firmeza, para todos los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México; uno de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por la Secretario en funciones de Jueza del Juzgado Mixto de Cuantía Menor de Tenancingo, México, a través de los cuales en el primero acusa recibo del exhorto 797/2017-V (orden 797/2017-V) de este índice, y en el segundo devuelve sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, por la que se le solicitó notificar a la quejosa Rufina Sánchez Mancilla; por tanto se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, y acúsese recibo. Consecuentemente, en virtud de la imposibilidad para realizar la notificación de mérito, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa en comento el auto de veintiuno de noviembre pasado, así como el presente, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II De conformidad con los artículos 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta a través del cual la Magistrada Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusa recibo del oficio 55549 del índice estadístico de este juzgado; asimismo, informa el contenido del proveído dictado el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la inconformidad 22/2017, por medio del cual dicho Tribunal admitió a trámite el citado recurso interpuesto por ********************, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria en el juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se está en espera de la determinación que dicte el tribunal de alzada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Rufina Sánchez Mancilla, por propio derecho, contra actos de la Procuraduría Agraria de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1807/2017-V. DESECHAMIENTO. En términos del criterio relativo a que la demanda de garantías es un todo, debe analizarse en forma integral la misma con la finalidad de precisar los actos reclamados por la impetrante del amparo a modo de establecer de una forma más clara y concreta su intención. El acto reclamado destacado se hace consistir en: la privación de derechos agrarios, así como la delimitación, destino y asignación de tierras y certificados parcelarios propiedad de la parte quejosa. Analizado el acto se advierte actualizado el supuesto previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano. El aludido numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la fracción y artículo transcritos, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse oficiosamente conforme a las leyes con las que se rigen, o proceda contra ellos algún recurso que las revoque, modifique o nulifique, siempre que conforme a las mismas leyes y con la interposición de dicho recurso, los efectos de dichos actos sean susceptible de suspenderse, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva. En efecto, los artículos 61 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios respectivamente, prevén: "Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva." "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III.- Del reconocimiento del régimen comunal; IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; (.)". En tal sentido, en los dispositivos legales transcritos se observa que los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales, o los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, por lo que los actos por esta vía reclamados deben recurrirse mediante el juicio ante el Tribunal Agrario correspondiente. Bajo esas premisas, si en el caso a estudio se reclama la privación de derechos agrarios, así como la delimitación, destino y asignación de tierras y certificados parcelarios propiedad de la parte quejosa, es inconcuso que en contra de los precitados actos de afectación, el quejoso está en aptitud de impugnarlos a través del juicio agrario ante el Tribunal que corresponda, antes de acudir a esta instancia constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve. Se afirma lo anterior, en atención a que los artículos 61 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como ya se dijo, prevén que los actos como los impugnados deben impugnarse a través de juicio ante el Tribunal Agrario competente. Consecuentemente, ante tal afectación (la privación de derechos agrarios, así como la delimitación, destino y asignación de tierras y certificados parcelarios propiedad de la parte quejosa), procede como medio de defensa o impugnación el juicio ante el Tribunal Agrario correspondiente, previsto en los artículos 61 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicos o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión; por tanto, es menester citar el numeral 166 de la Ley Agrario, que regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, precepto legal que, en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo." De conformidad con el artículo transcrito, la ley que regula el acto de afectación contempla la suspensión, sin mayores requisitos que los que exige la legislación de amparo. Por consiguiente, si el quejoso se duele de la privación de derechos agrarios, así como la delimitación, destino y asignación de tierras y certificados parcelarios propiedad de la parte quejosa, y si dichos actos de afectación se pueden impugnar a través del juicio ante el Tribunal Agrario competente, mediante el cual, pueden ser revocados o modificados los actos de afectación, y que además dicha legislación contempla la suspensión del acto reclamado sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo contempla, es indudable que el juicio de garantías deviene improcedente al no haberse agotado previamente el medio de impugnación señalado. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada con número de registro 912323, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, página 665, que a la letra indica: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA AGRARIA. EL TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE UN JUICIO DE AMPARO DONDE SE RECLAME UN FALLO EMITIDO EN UNA. Como la vía de jurisdicción voluntaria agraria es un procedimiento de reconocimiento de derechos agrarios o de constatación o demostración de hechos o circunstancias, en el cual no es legalmente posible ejercitar acción respecto de la que puedan oponerse excepciones dada la inexistencia de contrapartes, luego, al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, lo que es indispensable para que exista juicio; en consecuencia, las resoluciones dictadas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no son fallos emitidos en un juicio. Por ende, para los efectos del amparo directo, no tienen el carácter de resoluciones pronunciadas en un juicio y, por consiguiente, tales actos no se ubican en alguno de los supuestos del artículo 158 de la Ley de Amparo. ". De igual forma, apoya a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 116/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 447, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." De igual forma, cobra aplicación al caso concreto, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, número 9, publicada en la página 1031, del Tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario estatuye: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de garantías formulada por Rufina Sánchez Mancilla, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiada en la audiencia de fondo que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Ahora, toda vez que el domicilio del quejoso Rufina Sánchez Mncilla, se encuentra ubicado en domicilio conocido, en la localidad de Amate Amarillo, Municipio de Malinalco, Estado de México, código postal 52440; con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, gírese al Juzgado Mixto de Cuantía Menor de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a cualquiera de su personal adscrito a ese órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en el citado domicilio de la parte quejosa, y le notifique el presente proveído, asimismo, le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible . De igual manera, se requiere al juez exhortante para que acuse recibo vía telegráfica o bien al correo jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx y ordene la diligenciación de la presente encomienda dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los numerales 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Marbán Corral y Crispín Sánchez Reyes, puesto que sí cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las personas restantes en términos del párrafo segundo in fine del artículo 12 y el diverso 24, segundo párrafo de la citada Ley, es decir para oír y recibir notificaciones, toda vez que no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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