Rufina Ramiro Gutiérrez
Expediente 835/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rufina Ramiro Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de veintinueve de junio del presente año por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a RUFINA RAMIRO GUTIÉRREZ por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. se procede a dar cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, y se procede a publicar el proveído de veintinueve de junio del presente año, en los terminos siguientes: "Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, por el que rinde su informe justificado, sin que se considere necesario dar vista a las partes con su contenido por lo que se acordara con posterioridad. Por otra parte, agréguese a los presentes autos la razón de cuenta signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito por la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a las autoridades responsables que señaló la parte quejosa como AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR PRIMER TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR SEGUNDO TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR TERCER TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRÁMITE TURNO MATUTINO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRÁMITE TURNO VESPERTINO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Lo anterior, a través de los oficios números 32072/2016, 32073/2016, 32074/2016, 32075/2016 y 32076/2016, por los motivos que en la misma expone; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis y se tienen como inexistentes a las autoridades responsables ya citadas, para los efectos del presente juicio de amparo, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Ahora bien, tomando en consideración que la mencionada quejosa señaló como acto reclamado la orden de detención y presentación dictada en su contra por las autoridades responsables ordenadoras (inexistentes), así como su ejecución y que la autoridad responsable ejecutora DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de las autoridades responsables ordenadoras y la negativa de la autoridad responsable ejecutora procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, y la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita la existencia de los actos reclamados, lo cual hace imposible la continuación del presente juicio, razón por la que procede decretar el sobreseimiento aún fuera de la audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En las apuntadas condiciones, resulta pertinente precisar que los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De tales preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal, así como que es parte en dicho juicio la autoridad responsable, entre otras, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando el juicio de amparo se promueve respecto a un ente que no tiene el carácter de autoridad, pues preponderantemente el juicio de amparo se instaura respecto de actos de aquellos entes que tienen tal calidad, en términos del artículo 1 de la ley de la materia. En el caso, la agraviada en la demanda de amparo señaló como autoridades responsables al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR PRIMER TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR SEGUNDO TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR TERCER TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRÁMITE TURNO MATUTINO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRÁMITE TURNO VESPERTINO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA; sin embargo, ante la razón elaborada el veintiocho de junio del año en curso por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla (en la cual asentó su imposibilidad para notificar la admisión de la demanda de amparo a dichas autoridades ante su inexistencia), y que por auto de esta misma data se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, y se dejó de tener a los citados agentes del ministerio público como autoridades responsables. Por ende, ante la inexistencia del ente del Estado al que se le pueda atribuir la calidad de autoridad responsable ordenadora conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es evidente que debe decretarse el sobreseimiento en este asunto, pues es obligación del promovente señalar la denominación correcta del funcionario a quien atribuye el acto reclamado, lo que en el caso no ocurrió lo anterior es así puesto que de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de la celeridad procesal. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido".
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR PRIMER TURNO DE LA DELEGACIÓN POPULAR CASTILLOTLA y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 835/2016. No se apertura incidente. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa expresamente como lo dispone la fracción I, del artículo 128, de la Ley de amparo, aunado a que en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 127 de la Ley de Amparo; además, se encuentra expedido su derecho para hacerlo en el momento que lo desee, hasta antes que se pronuncie sentencia ejecutoriada, conforme al diverso 130 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficios que al efecto se giren, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de OCHO DÍAS, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto; lo anterior en virtud de que dicho plazo es suficiente para que las responsables rindan su respectivo informe, además de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado en este párrafo, sin causa justificada, se presumirá cierto el acto reclamado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 tercer párrafo de la Ley de Amparo, y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá a cada una de las autoridades responsables, una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, hágasele del conocimiento a las autoridades responsables que en caso de que se nieguen a recibir cualquier notificación derivada del presente juicio, en términos de la fracción I del artículo 28 de la Ley de la Materia, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, con fundamento en el diverso 245 de la Ley de Amparo.
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