Rufina López Serrano
Expediente 1159/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rufina López Serrano
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *****, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero y otra autoridad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1159/2022-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la orden de iniciar la carpeta de investigación 12160670200430031122, en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por el delito de resistencia de particulares (doloso), cometido en agravio de Clementina Lucia Salinas Urbina y la Sociedad; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En efecto, de conformidad con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa. Ello revela que el principio de agravio personal y directo consiste en que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del solicitante de amparo, pues de ahí nace su interés jurídico, pues de no darse esa afectación el juicio de amparo es improcedente; ello de conformidad con lo que dispone el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación armónica de los numerales invocados se advierte que el juicio de amparo indirecto o bi-instancial, es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, ya que para su procedencia es necesario que el acto reclamado cause una afectación real y actual a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente dicha esfera jurídica. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Por otra parte, el precepto 2111 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones está la de investigar hechos con apariencia de delito, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la indagatoria, salvo en los casos autorizados por la ley. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que la Representación Social reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 1 "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." daño; entonces, por regla general su integración no causa afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado; circunstancia que se torna en un motivo de improcedencia del juicio de amparo indirecto, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se cometió un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Máxime que debe considerarse que, el artículo 212 constitucional, en lo que corresponde, dispone que dicha autoridad lleve a cabo las diligencias necesarias para la consecución de tal fin; por ende, no hace sino cumplir con una función propia de su cargo, lo cual es de orden público e interés social, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un estado democrático de derecho. Aunado a ello, debe destacarse la improcedencia de la vía indirecta en amparo cuando el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la indagatoria y ejerce la acción penal, pues es al juez de control a quien corresponde resolver sobre tal pedimento, y es ésta última resolución la que en todo caso podría afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que en el actual sistema procesal de corte acusatorio, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación, así como la pretensión o concretización de la formulación de imputación misma, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas, y por ello, revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de delitos que es obligación de tal autoridad. Puntualizado lo anterior y en atención a las consideraciones expuestas, resulta que si la parte quejosa señaló como acto reclamado la integración de una carpeta de investigación en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad 2 "Art. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, la demanda de amparo se torna improcedente, en virtud de que, como se expuso, no resulta factible entorpecer la facultad investigadora de la representación social anteponiendo el interés particular de la impetrante al de la sociedad, consistente en que se persigan los delitos. Máxime que la quejosa aduce ser la propietaria del inmueble identificado como lote de terreno número 1, esquina del Boulevard José López Portillo y calle del Football, fraccionamiento Libertadores, en esta ciudad, inmueble materia del juicio de nulidad C-21/2020-I, pues la carpeta de investigación 12160670200430031122, fue instruida en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y no de la impetrante. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Rufina López Serrano, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Julio Roberto Saguilan Serrano. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis PC.VII.P. J/1 P (11a.), de los Plenos en Materia Penal del Séptimo Circuito, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2025663, del rubro y texto siguientes: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social." Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Villalobos Quevedo y Krystell Goñi García, en virtud de que cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como Licenciados en Derecho. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *****, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero y otra autoridad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1159/2022-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la orden de iniciar la carpeta de investigación 12160670200430031122, en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por el delito de resistencia de particulares (doloso), cometido en agravio de Clementina Lucia Salinas Urbina y la Sociedad; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En efecto, de conformidad con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa. Ello revela que el principio de agravio personal y directo consiste en que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del solicitante de amparo, pues de ahí nace su interés jurídico, pues de no darse esa afectación el juicio de amparo es improcedente; ello de conformidad con lo que dispone el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación armónica de los numerales invocados se advierte que el juicio de amparo indirecto o bi-instancial, es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, ya que para su procedencia es necesario que el acto reclamado cause una afectación real y actual a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente dicha esfera jurídica. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Por otra parte, el precepto 2111 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones está la de investigar hechos con apariencia de delito, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la indagatoria, salvo en los casos autorizados por la ley. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que la Representación Social reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 1 "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." daño; entonces, por regla general su integración no causa afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado; circunstancia que se torna en un motivo de improcedencia del juicio de amparo indirecto, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se cometió un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Máxime que debe considerarse que, el artículo 212 constitucional, en lo que corresponde, dispone que dicha autoridad lleve a cabo las diligencias necesarias para la consecución de tal fin; por ende, no hace sino cumplir con una función propia de su cargo, lo cual es de orden público e interés social, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un estado democrático de derecho. Aunado a ello, debe destacarse la improcedencia de la vía indirecta en amparo cuando el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la indagatoria y ejerce la acción penal, pues es al juez de control a quien corresponde resolver sobre tal pedimento, y es ésta última resolución la que en todo caso podría afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que en el actual sistema procesal de corte acusatorio, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación, así como la pretensión o concretización de la formulación de imputación misma, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas, y por ello, revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de delitos que es obligación de tal autoridad. Puntualizado lo anterior y en atención a las consideraciones expuestas, resulta que si la parte quejosa señaló como acto reclamado la integración de una carpeta de investigación en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad 2 "Art. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, la demanda de amparo se torna improcedente, en virtud de que, como se expuso, no resulta factible entorpecer la facultad investigadora de la representación social anteponiendo el interés particular de la impetrante al de la sociedad, consistente en que se persigan los delitos. Máxime que la quejosa aduce ser la propietaria del inmueble identificado como lote de terreno número 1, esquina del Boulevard José López Portillo y calle del Football, fraccionamiento Libertadores, en esta ciudad, inmueble materia del juicio de nulidad C-21/2020-I, pues la carpeta de investigación 12160670200430031122, fue instruida en contra del apoderado legal de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y no de la impetrante. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Rufina López Serrano, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Julio Roberto Saguilan Serrano. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis PC.VII.P. J/1 P (11a.), de los Plenos en Materia Penal del Séptimo Circuito, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2025663, del rubro y texto siguientes: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social." Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Villalobos Quevedo y Krystell Goñi García, en virtud de que cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como Licenciados en Derecho. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe."
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