Rufina Juárez González

Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
418/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Rufina Juárez González

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual con transcripción del proveído de veinticinco de mayo del año en curso, acusa recibo del oficio por el cual este órgano jurisdiccional determinó la separación de juicios derivada del presente expediente, radicándolo bajo el número 489/2021-VIII; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el seis de mayo del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Camerino Huerta Juárez y/o Rufina Juárez González, transcurrió del catorce al veinte de mayo del año que transcurre, sin que hayan interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos Camerino Huerta Juárez y Rufina Juárez González, mediante el cual manifiestan desistirse de la demanda de amparo que se ordenó enviar en tres tantos a la oficina de correspondencia común se los Juzgados de Distrito en esta ciudad, por motivo de la separación de juicios efectuada en proveído de seis de mayo del año en curso, al advertirse que reclaman diversos actos dentro de la misma demanda; asimismo, solicitan la devolución de los documentos que anexarón a su escrito incial de demanda. Ahora bien, toda vez que en proveído de seis de los actuales, se ordenó enviar mediante oficio 12531/2021 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, tres juegos de copias certificada de la demanda de amparo y anexos, para que éstas por su conducto fueran remitidas a los juzgados que por cuestión de turno le correspondiera conocer de los diversos actos reclamados dentro de la misma demanda; por tanto, remítanse en alcance al oficio citado con antelación, tres tanto de copias certificadas del escrito que se provee, a fin de éstas surtan sus efectos dentro de los diversos expedientes formados con motivo de la separación de juicios efectuada por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención a la devolución de los documentos que anexaron a su escrito de demanda; dígaseles, que estarán en aptitud de comparecer al juzgado a recoger los documentos solicitados, en la inteligencia que previo a ello, deberán agendar la cita correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Camerino Huerta Juárez y/o Rufina Juárez González, por su propio derecho, solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 418/2021-6. SEPARACION DE JUICIOS Ahora, de un análisis exhaustivo de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa, reclama: (...) PRIMERA ORDEN.-La orden para que se nos lance con auxilio de la fuerza pública y prive del derecho de posesión que tenemos respecto de la fracción de predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS localizado por las medidas y linderos siguientes: AL Norte 6.00 metros, con pequeños propietarios al Sur 10.00 metros, con calle Otto Wolter Hayer al este 12.0 metros, con lote número 1; y al Oeste 12.50 con carretera federal Comalcalco-Paraíso, Boulevard Adolfo López Mateos, y que poseemos de manera pública, pacifica, continua, de buena fe y en concepto de propietarios desde el día 19 de Mayo de 1999, en donde tenemos el principal asiento de nuestro negocio de COMERCIO AL POR MAYOR DE VENTA DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA. SEGUNDA ORDEN.- La orden para que se nos CLAUSURE nuestro negocio de COMERCIO AL POR MAYOR DE VENTA DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, ubicado en el bien inmueble con construcción ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, esquina con la calle Doctor Otto Wolter Hayer, precisamente en la fracción de predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS), localizado por las medidas y linderos siguientes: AL Norte 6.00 metros, con pequeños propietarios; al Sur 10.00 metros, con calle Otto Wolter Hayer; al este 12.0 metros, con lote número 1; y al Oeste 12.50 con carretera federal Comalcalco-Paraíso, Boulevard Adolfo López Mateos. TERCERA ORDEN.- La orden para que, no se nos conceda la licencia de ampliación de la construcción en nuestra negociación de COMERCIO AL POR MAYOR DE VENTA DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, ubicado en el bien inmueble con construcción ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, esquina con la calle Doctor Otto Wolter Hayer, precisamente en la fracción de predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS), localizado por las medidas y linderos siguientes: AL Norte 6.00 metros, con pequeños propietarios; al Sur 10.00 metros, con calle Otto Wolter Hayer; al este 12.0 metros, con lote número 1; y al Oeste 12.50 con carretera federal Comalcalco-Paraíso, Boulevard Adolfo López Mateos. CUARTA ORDEN.- La orden para que se nos hostigue y acose en nuestro negocio de COMERCIO AL POR MAYOR DE VENTA DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, ubicado en el bien inmueble con construcción ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, esquina con la calle Doctor Otto Wolter Hayer, precisamente en la fracción de predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS), localizado por las medidas y linderos siguientes: AL Norte 6.00 metros, con pequeños propietarios; al Sur 10.00 metros, con calle Otto Wolter Hayer; al este 12.0 metros, con lote número 1; y al Oeste 12.50 con carretera federal Comalcalco-Paraíso, Boulevard Adolfo López Mateos, amenazándonos que si nos salimos del inmueble, nos van a sacar con la fuerza pública, porque aducen los enviados que nos mandan, emisarios, que ese bien inmueble que poseemos es de ellos, es decir, manifiestan que ese predio le pertenece al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Comalcalco, Tabasco. (.) Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Lo anterior, denota que el acto reclamado identificado con el inciso a), se encuentra desvinculado de los restantes, pues si bien se reclaman a las mismas autoridades responsables, se advierte que son diferentes tipos de actos los que se reclaman; por tanto, al tratarse de actos desvinculados entre sí, lo procedente es decretar la separación de juicios. Para evidenciar lo anterior, resulta oportuno destacar que del estudio integral del contenido de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La orden de lanzamiento dada por la responsable respecto de un bien inmueble que aducen es de su propiedad, en el cual tienen un negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. La orden de clausura dada por la responsable respecto de un bien inmueble que aducen es de su propiedad, en el cual tienen un negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. La orden de la responsable de no conceder licencia de ampliación para construir en el bien inmueble que aducen es de su propiedad, en el cual tienen un negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. La orden dada por la responsable de hostigar y acosar a los quejosos en el bien inmueble que aducen es de su propiedad, amenazándolos que los sacarán con el auxilio de la fuerza pública del negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. En esas condiciones, de la precisión realizada a los actos reclamados en el presente asunto, es dable determinar la existencia de diversos actos reclamados, que por ser de diversa naturaleza, no pueden ser estudiados en un solo juicio de amparo al no guardar relación; por tanto, se reitera que al tratarse de actos desvinculados entre sí, entonces, lo procedente es decretarse la separación de juicios. Se sostiene tal aseveración porque del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala distintos actos reclamados que se encuentran desvinculados entre sí, no obstante que se promovió una sola demanda de amparo. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicados a sentido contrario, procede la separación de juicios, pues de conformidad con el principio de unidad que rige el juicio de amparo, no es posible resolver las diferentes controversias en una sola audiencia constitucional; quedando únicamente como acto reclamado para analizar en este juicio el identificado con el inciso a), relativo a la orden de lanzamiento reclamada. En tal sentido cobran aplicación, las Jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, visible a fojas 118, Tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establecen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". En consecuencia de lo anterior, envíese oficio a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, con tres juegos de copias certificadas de la demanda de amparo y anexos, para que éstas sean remitidas a los juzgados que por cuestión de turno corresponda, y se resuelva lo concerniente respecto de los diversos actos reclamados precisados con los incisos b), c) y d), consistentes en: La orden de clausura dada por la responsable respecto de un bien inmueble que aducen es de su propiedad, en el cual tienen un negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. La orden de la responsable de no conceder licencia de ampliación para construir en el bien inmueble que aducen es de su propiedad, en el cual tienen un negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. La orden dada por la responsable de hostigar y acosar a los quejosos en el bien inmueble que aducen es de su propiedad, amenazándolos que los sacarán con el auxilio de la fuerza pública del negocio dedicado al comercio de venta de cemento, tabique y grava. DESECHAMIENTO. Por otro lado, por lo que respecta al acto reclamado en estudio, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, podrá desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, con número de registro 180663, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora bien, se precisa que el acto reclamado por los promoventes en el presente asunto es la orden de lanzamiento dada por la responsable respecto de un bien inmueble que aducen es de su propiedad, consistente en un predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS). En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa de improcedencia derivada de la interpretación, a contrario sensu, de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De la interpretación conjunta de los artículos citados, se advierte que el juicio constitucional es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de un gobernado; por lo que el amparo será improcedente cuando los actos no deriven de una potestad que los dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló las notas distintivas de los actos de autoridad para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, mismas que son: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de voluntad del afectado. Lo anterior, lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, para establecer el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sirve de referencia la tesis XXXVI/99 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, de texto y rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En ese orden de ideas, es necesario que en el juicio de amparo se atienda la naturaleza del acto que se le imputa a una autoridad, para verificar si es autoridad para efectos del amparo, esto es, para estar en posibilidad de estimar la procedencia del amparo, se debe apreciar los actos y la calidad en que los realizó la autoridad a la que se señala como responsable. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto impugnado la orden de lanzamiento dada por la responsable respecto de un bien inmueble que aducen es de su propiedad, consistente en un predio urbano con construcción, ubicado en la calle Otto Wolter Hayer sin número, esquina con el Boulevard Adolfo López Mateos sin número, carretera federal Comalcalco-Paraíso, de la Colonia Solidaridad de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, constante de una superficie de 95.89 M2, (NOVENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS). Ahora bien, la parte quejosa aportó al presente juicio copias certificadas de la sentencia definitiva, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial Quinto de Comalcalco, Tabasco, dentro del expediente 436/2013, relativo al juicio de acción reivindicatoria, promovido por el apoderado legal del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, así como una constancia de situación fiscal de veinticuatro de febrero del año en curso, con los cuales aduce ser propietario del bien inmueble materia del presente asunto. En ese sentido, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, genera un conflicto de índole civil entre la parte quejosa y la autoridad responsable, ya que de las copias certificadas de la sentencia definitiva que remite la parte quejosa se advierte que existe un conflicto entre ambas partes por la propiedad de dicho bien. Esto es así, porque cuando en el juicio de amparo se atribuyen a autoridades municipales el lanzamiento y/o despojo de un terreno cuyos derechos demuestran que fueron cedidos a su favor, resulta indudable que la orden de lanzamiento reclamada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque aquellas actúan en defensa de la titularidad de un bien de dominio privado, por lo que antes de acudir a la vía constitucional, la controversia debe ser resuelta a través de las instancias legales ordinarias. Sirve de apoyo lo anterior, por analogía, la tesis XXI.2o.P.A.72 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 2311, abril de 2008, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN TAL CARÁCTER LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, CUANDO SE DEMANDA LA ORDEN DE INVASIÓN Y DESPOJO DE UN TERRENO COMUNAL CUYOS DERECHOS FUERON CEDIDOS A SU FAVOR POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA DE COMUNEROS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para efectos del juicio de amparo no sólo es autoridad responsable aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades. Asimismo, cabe destacar que el Estado como persona moral oficial puede obrar con doble carácter, como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado, en el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se encuentre investido, y en el segundo, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En ese sentido, cuando en el juicio de garantías se atribuye a diversas autoridades municipales y estatales la orden de invasión y despojo de un terreno comunal, cuyos derechos demuestran fueron cedidos a su favor por el pleno de la asamblea de comuneros, resulta indudable que el desposeimiento reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque aquéllas actúan en defensa de la titularidad de un bien de dominio privado, esto es, en su carácter de personas morales de derecho privado, por ende, antes de acudir a la vía constitucional, la controversia debe ser resuelta a través de las instancias legales ordinarias." En ese orden de ideas, en el presente asunto la autoridad responsable no actúa de manera unilateral ni con imperio en un plano de supra a subordinación frente al solicitante; sino en un plano de coordinación, por lo que en esa hipótesis el juicio de amparo es improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Camerino Huerta Juárez y/o Rufina Juárez González, contra el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Roger de los Santos Ochoa y Jorge Enrique de la Fuente Castillo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, téngase a la parte quejosa, proponiendo formas especiales de contacto, como son el número telefónico y el correo electrónico que proporciona; lo anterior, a fin de poder establecer únicamente comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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