RUFINA FUENTES MATEO y Otros.
Expediente 1229/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- RUFINA FUENTES MATEO y Otros.
- Rufina Fuentes Mateo
- Juez Trigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHO FALLO CAUSÓ EJECUTORIA. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. Se hace la observación de que el cuaderno del incidente de suspensión es destruible conforme al artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, en razón de que se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1229/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ... Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y B) Oficio por el cual la autoridad responsable manifestó la imposibilidad para rendir su informe justificado. En este acto se da cuenta con el estado procesal de autos, particularmente con el hecho de que a la presente data, no se ha vinculado al presente juicio, al contrario del quejoso, esto es, a la tercera interesada .... En este acto se da cuenta con la promoción con folio 10068. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por lo que hace a la falta de llamamiento de la tercera interesada mencionada, tal circunstancia no es óbice para celebrar la presente audiencia y dictar la sentencia que corresponde; pues una vez analizadas las constancias, se considera que el sentido de la resolución no le pararía perjuicio a dicha persona; lo cual se apoya en el principio de celeridad procesal y favorecimiento de las soluciones al litigio, conforme al contenido del tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, por no haber una situación que afecte la igualdad entre las partes, ni las formalidades esenciales para el citado ejecutante del negocio natural, quien se reitera, no se verá afectado por el presente fallo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación 531 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias(s): Común, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA.". especto del oficio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se le tiene proporcionado un domicilio para emplazar a la tercera interesada, empero no se hace mayor pronunciamiento dado lo indicado en líneas que anteceden. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa, ofreció diversas documentales, y el juez responsable remitió las constancias allegadas por la Directora del Archivo Judicial del Poder Judicial de esta ciudad, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que no los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1229/2022, promovido por ..., y ..., todas de apellidos Fuentes Mateo, por propio derecho; contra actos de la Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El once de noviembre de dos mil veintidós, las quejosas solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad mencionada, por considerarlos violatorios de sus derechos reconocidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y substanciación. Previa aclaración y separación de juicios, se admitió la demanda, dio vista al Ministerio Público adscrito, requirió informe justificado y se señaló a la parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste: Las quejosas se ostentan terceras extrañas auténticas al juicio sucesorio ..., del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, particularmente la adjudicación decretada a la tercera interesada respecto del inmueble ubicado en calle..., Ciudad de México, pues aducen tener derechos hereditarios al ser familiares del autor de la sucesión. TERCERO. Existencia. La juez responsable manifestó la imposibilidad para rendir su informe, argumentando que el expediente natural se encontraba en el archivo judicial de esta ciudad; lo cual reiteró tras múltiples requerimientos de este juzgador, quien le otorgó al menos cuatro prórrogas durante el trámite de este juicio, sin que hubiera más proactividad de parte de la autoridad hasta llegar al punto de que el cinco del mes y año en curso, se precisó que el asunto sería resuelto con las constancias enviadas. En esta tesitura, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo debe presumirse cierto el acto reclamado ante la ausencia de un reconocimiento expreso de su existencia o no, pues a lo largo de seis meses (de diciembre de dos mil veintidós a junio de dos mil veintitrés), la autoridad omitió comunicar a este órgano, fiel y exactamente lo pedido. Sin que sea óbice que alegara un supuesto impedimento, ya que sí pudo mandar las copias del Sistema Integral de Gestión Judicial (S.I.G.J.), de donde se advierten datos suficientes para aceptar o no la existencia del proceso de origen al cual las quejosas se ostentan ajenas como punto neurálgico de su reclamo; lo cual, además refuerza o corrobora que la presunción de certeza que aquí se adopta, es no solo jurídica sino materialmente acertada. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 8/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Además, en el sumario se cuenta con las constancias del oficio registrado con el folio 21479, a las cuales se les concede pleno valor probatorio (conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), pues en términos del numeral 175, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la Directora del Archivo Judicial de esta ciudad tiene facultades para certificar las reproducciones de aquellos archivos que se encontraren bajo su guarda y custodia. De ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado ante la ausencia de un informe justificado, máxime que de las constancias se advierte la existencia del juicio sucesorio y la emisión de una resolución de diez de septiembre de dos mil catorce, que decretó la adjudicación del inmueble que defienden las quejosas. Al respecto se cita, por mayoría de razón, la tesis LXII/89, de la Octava Época, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el particular, las accionantes se ostentan terceras extrañas auténticas al juicio sucesorio..., del índice del Juzgado Tercero Familiar de esta ciudad, y reclaman la falta de llamamiento, particularmente la adjudicación a favor de la tercera interesada, del inmueble ubicado en calle..., Ciudad de México, pues aducen tener derechos hereditarios al ser familiares del autor de la sucesión. Por tanto, debieron demostrar fehacientemente ser titulares de los derechos que afirman fueron infringidos con el acto reclamado; ya fuera mediante un documento de fecha cierta que les reconozca derechos sobre el bien adjudicado en el juicio sucesorio; o bien mediante un documento que acredite el vínculo familiar que justifique llamarlos a la sucesión. Las quejosas manifestaron que son familiares del autor de la sucesión de origen y por ello, previo a decretar la adjudicación del inmueble, se les debió llamar como posibles herederas, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando se sustente con base en pruebas fehacientes que acrediten la existencia del derecho que refieren como infringido. Esto es, las quejosas deben tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a ser llamada al juicio sucesorio para acceder como herederas y con ello estar en condiciones de defender los derechos que dicen tener para poseer el bien de que se trate. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio; en el caso, implica que se demuestre la existencia del vínculo de parentesco que aducen tener con el autor de la sucesión, o en su defecto, que el derecho del inmueble que defienden deriva de un título de posesión objetivo. No obstante, las accionantes de amparo omitieron allegar elementos de convicción con los que acrediten de forma fehaciente el carácter de familiares que ostentan con relación al autor de la sucesión; o que tienen derechos oponibles a la heredera universal, en un documento de fecha cierta. Y no basta que sus apellidos sean coincidentes, pues esa circunstancia no tiene el alcance de demostrar el vínculo familiar que refieren, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. En efecto, las peticionarias únicamente exhibieron lo siguiente: - Una cédula de notificación dirigida a..., donde se le notificaron diversos proveídos emitidos en el juicio ordinario civil..., del índice del Juzgado Trigésimo Octavo Civil de esta ciudad, y las copias de traslado que se le entregaron. Dicha documental resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de las quejosas, pues lo que se advierte de ella, es lo siguiente: 1. Que la tercera interesada les está demandando en la vía ordinaria civil, a través de la acción plenaria de posesión, las siguientes prestaciones: - La declaración judicial en el sentido de que la tercera interesada tiene mejor derecho para poseer el inmueble que pretenden defender en esta instancia. - La desocupación y entrega de dicho predio, así como sus frutos y accesiones. 2. Que previo al inicio de dicho juicio, promovió un procedimiento de medios preparatorios donde entre otras personas, citó a las quejosas para declarar acerca de la posesión del inmueble. Como se ve, dicho documento demuestra la existencia de procesos donde las quejosas figuran como partes demandadas y presuntas demandadas, pero sin acreditar la existencia del vínculo que aducen tener con relación al autor de la sucesión. Tampoco puede considerarse dicha probanza como indiciaria del vínculo que refieren tener, pues al margen de que los anexos que contiene son copias de traslado, lo jurídicamente relevante es que ellos únicamente revelan la existencia del procedimiento preparatorio y la acción donde se les está demandando, pero sin que de ellos emane de forma alguna la declaración del parentesco que aducen tener con relación al de cujus; pues no debe perderse de vista que el demandado de la acción publiciana solo es aquel que posee el bien y sobre quien se dice tener mejor derecho, más no que sea un familiar o que se tenga alguna circunstancia especial que paralelamente le legitime en el juicio sucesorio. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 13/98, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Civil, que dice: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN. Para que se declare fundada la acción publiciana deben acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo título para poseer; b) que ese título se haya adquirido de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se refiere el título; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. Por lo que el juzgador debe examinar únicamente la existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobación de que el actor tuvo la posesión material del bien, ya que, de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de indefensión, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser improcedentes la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa, y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, cuando se ha sido despojado de la posesión material del bien, o existe perturbación en la posesión; de tal manera que la acción publiciana protege la posesión jurídica y no la material." Aspecto este último que debieron solventar ya a través de actas del registro civil, o bien, por cualquier tipo de prueba que tengan a su alcance y que no estén prohibidas para justificar el parentesco o entroncamiento y su correlativo derecho a acceder a la sucesión, lo que no ocurrió. Ello, pues se insiste, la existencia de los procesos aludidos prueba que se les está demandando una acción plenaria de posesión y previo a ello, se promovieron unos medios preparatorios a juicio, más no el parentesco o entroncamiento. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 87/2005, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUCESIÓN LEGÍTIMA. LOS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO PUEDEN ACREDITAR EL ENTRONCAMIENTO CON LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL QUE TENGAN A SU ALCANCE O CON LAS PRUEBAS QUE LEGALMENTE SEAN POSIBLES. En los juicios sucesorios intestamentarios, denominados en la ley como sucesión legítima, el parentesco se acredita en términos de los artículos 799, 801 y 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de cuya interpretación sistemática se advierte que si bien por regla general las actas del Registro Civil son las pruebas preconstituidas idóneas para acreditar el parentesco o entroncamiento; sin embargo, el legislador también permitió que a falta de las actas del Registro Civil, los interesados pudieran exhibir las pruebas que tengan a su alcance y que no estén prohibidas, es decir, cualquier clase de prueba legalmente posible para justificar el parentesco o entroncamiento y, por ende, el derecho a heredar, y no necesariamente las mencionadas constancias del Registro Civil, porque de lo contrario sería imposible demostrar el parentesco cuando por ejemplo las personas no fueron registradas por quienes ejercieron la patria potestad u otra figura análoga o los registros se encuentran mutilados. En consecuencia, tanto los ascendientes del autor de la sucesión como los parientes colaterales dentro del cuarto grado pueden comprobar su parentesco o entroncamiento con los medios probatorios que tengan a su alcance y que sean legalmente posibles, pues para que la prueba logre la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que se pretenden demostrar o en la forma en que se ajusten a la realidad, es necesario otorgar libertad para que las partes y el Juez puedan obtener todas las que sean pertinentes, con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley prohíba o que no sean idóneas para demostrar lo pretendido." Además, de la documental exhibida no es posible advertir algún derecho oponible a terceros, inherente a la posesión del inmueble que defienden, pues se insiste, lo único que se advierte es la existencia del emplazamiento a un juicio, así como las diligencias efectuadas en un procedimiento de medios preparatorios, pero sin que de ellas se advierta alguna prerrogativa inherente a la posesión del inmueble que defienden. Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, la documental ofrecida por la parte quejosa es insuficiente para demostrar los derechos que defiende. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de las promoventes, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se tenga por cierto el acto aún ante las omisiones de la juez responsable, ya que tal conducta no incide en la acreditación del interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/94, de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por..., y ..., todas de apellidos..., contra actos del juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en esta resolución. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy nueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO.".
- Principal
Agréguense los comunicados de la Juez Tercero Familiar de Proceso Escrito de la Ciudad de México, mediante los cuales informa la imposibilidad para remitir las constancias requeridas, de lo que se toma conocimiento. En ese sentido, para resolver serán consideradas las constancias certificadas que allegó mediante comunicado 21479, pues de ellas se advierten los elementos necesarios para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
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