Ruddy Emmanuel Poot Gimenez

Expediente 223/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
223/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Ruddy Emmanuel Poot Gimenez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V.- CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V.- Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, junto con los anexos que acompaña, y dado que de él se desprende que la omisión reclamada en la demanda ha sido subsanada al emitirse el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el cual fue notificado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en tal virtud, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, y 61, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Lo anterior obedece a que la parte quejosa acudió a la instancia constitucional en defensa de su derecho de acceso a la justicia pronta, en tanto que la omisión atribuida a la responsable retardaba, a su parecer, la atención de sus pretensiones en el procedimiento de origen; sin embargo, como se desprende del informe de mérito, dicha omisión ha cesado y la autoridad responsable se ha pronunciado precisamente sobre tales pretensiones. En mérito de lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA III.- Mérida, Yucatán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día doce de enero del año en curso, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado.--- En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que en el presente asunto se han reanudado los términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a estos autos el oficio del Juez de Paz del Juzgado de Paz de Halachó, Yucatán, con el cual solicita le sea remitida copia de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, remítasele por correo electrónico, las constancias que solicita para los efectos legales conducentes. Asimismo, dígasele al Juez de Paz del Juzgado de Paz de Halachó, Yucatán, que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio 222 de la calle 3 Avenida Cupules, por 20 y 22 de la colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida, para los efectos legales conducentes. Finalmente, visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió al Juez Único de Halachó, Yucatán, en el Juicio Verbal Contradictorio Declarativo de Prescripción positiva, denunciado por Roberto Alejandro Centurión Montero, a fin de que cumpliera con lo siguiente: "a) Deje sin efectos las actuaciones posteriores del auto de nueve de abril de dos mil trece, donde se tuvo por perdido el derecho de contestar la demanda a ***, quedando únicamente subsistente hasta dicha determinación, por lo que respecta a dicha demandada, y, b) Ordene el llamamiento vía emplazamiento a juicio de la parte quejosa, que lo es la sucesión intestada de ***, representada por la promovente ***, en su carácter de albacea, a fin de que le sea respetada su garantía de audiencia y haga valer lo que a su derecho convenga; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 72/2011 (9a.), editada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 160821, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, página 933, que es como sigue: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado". Efectos protectores que se hacen extensivos, desde luego, a las autoridades Directora y Registradora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que cancelen las partidas registrales derivadas de dicho Juicio Verbal Contradictorio Declarativo de Prescripción Positiva, denunciado por ***, respecto del predio número 76 de la calle 21 de Halachó, Yucatán." Empero, a la presente fecha el Juez Único de Halachó, Yucatán, ha sido omiso en comunicar las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase por correo electrónico al Juez Único de Halachó, Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, comunique por correo electrónico las gestiones realizadas a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados; apercibido que de no hacerlo así, hará acreedor de una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que establece el artículo 258 de la ley de la materia; de igual forma, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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