Ruby Maite Cecilia López Rodríguez

Expediente 1667/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1667/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
28/09/2020

Partes del expediente

  • Ruby Maite Cecilia López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir la sentencia...transcurrió para la parte quejosa, siendo la interesada en impugnarla...se declara que dicha sentencia por una parte SOBRESEE y por otra NO AMPARA NI PROTEGE, HA CAUSADO ESTADO...remítase el expediente de que se trata como asunto definitivo y totalmente concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo...Notifíquese.

  2. Principal

    SEXTO. Causas de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo de la cuestión sometida a debate, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, por cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Cesación de efectos por la contestación de las peticiones. Artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables, en su informe con justificación rendido en ampliación de demanda, señalaron que al haber dado contestación a la petición de la quejosa la Jefa de la Unidad Departamental de Fondos de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a través del oficio DEPFPV/CISDV/SAADV/JFV/0015139/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, había cesado los efectos del acto reclamado. Resulta fundada la causa de improcedencia invocada. Lo anterior porque cesó la omisión reclamada (precisada en el primer punto del considerando segundo) toda vez que con el oficio de respuesta con folio DEPFPV/CISDV/SAADV/JFV/0015139/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que, en efecto, se dio contestación a la petición originalmente reclamada por la parte quejosa en este juicio de amparo; la cual si bien fue fechada con antelación a la presentación de la demanda de amparo, su notificación de realizó durante la tramitación del presente juicio de amparo, por lo que hasta al haberse surtido en su totalidad los extremos del derecho de petición, a través del último paso que es la notificación, es que cesaron los efectos de la omisión reclamada. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo respecto a la cesación de efectos del acto reclamado , ya que posterior a la promoción de este juicio de amparo (trece de diciembre de dos mil diecinueve), las autoridades responsables exhibieron la respuesta a la petición en cuestión. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto" . Lo anterior, sin que pase inadvertido que el Director General del Instituto -a quien estaba dirigido el escrito de petición- no lo contestó personalmente, toda vez que el servidor público que dio respuesta al derecho de petición es su inferior jerárquico, por lo que con su respuesta se cumple con los fines del derecho de petición. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, la autoridad que recibe la petición debe considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el ordenamiento jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición, mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia. Asimismo, sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno". De igual forma, sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 183/2006, de rubro siguientes: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA." Por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio constitucional respecto a la omisión de contestar al escrito de petición de treinta de octubre de dos mil diecinueve, atribuido a las responsables. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna otra que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en contra de los actos reclamados, mismos que se encuentran dentro de su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, cuyo rubro y sinopsis son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Cabe destacar que en el presente apartado, únicamente se atenderán los argumentos de la parte quejosa vertidos en ampliación de demanda tendentes a controvertir el oficio de respuesta DEPFPV/CISDV/SAADV/JFV/0015139/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la responsable Jefa de la Unidad Departamental de Fondos de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, toda vez que en apartados precedentes se sobreseyó respecto de las diversas omisiones controvertidas por la peticionaria de amparo. En ese sentido, la parte quejosa en su ampliación argumenta, en esencia, que el sentido de la determinación no es favorable a su solicitud, ya que en el escrito de petición indicó directamente que requería una vivienda para ella y sus menores hijo; por lo que aduce que la respuesta brindada en el sentido de que debía inscribirse al programa correspondiente del Instituto de la Vivienda no se encuentra fundado y motivado. Los aludidos argumentos, analizados en su conjunto -en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo- son infundados, como se explica a continuación. A efecto de dar respuesta a los planteamientos hechos valer, conviene precisar que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, debe precisarse que el derecho de petición obliga a las autoridades a responder las peticiones que les hagan los gobernados; sin embargo, eso no implica que la autoridad a la que se haya formulado la petición, necesariamente, tenga que resolver en sentido afirmativo o favorablemente a los intereses del solicitante. Así, es dable colegir que el derecho de petición constriñe a las autoridades a dar una respuesta, pero no les impone la carga de responder en determinado sentido. Sirven de fundamento, las jurisprudencias siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En presente caso, cabe destacar que la parte quejosa en la petición ingresada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Instituto solicitó lo siguiente: ".suplico de la manera más atenta me apoye para inscribirme al programa de la vivienda y obtener un departamento a la brevedad posible, pues con ello me ayudaría a mí y a mis menores hijos, evitando que la suscrita viva en la calle con sus menores." Al respecto, la autoridad responsable le informó con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en atención a la petición realizada en atención a ese derecho-, lo siguiente: Contario a lo expuesto por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama, se encuentra fundado y motivado, pues la autoridad responsable citó que la respuesta era emitida en atención a su derecho de petición (8 constitucional) y expuso las razones a través de las cuales informó los requisitos para poder ser incorporada a la bolsa de vivienda, ello con la finalidad de aspirar al otorgamiento de un crédito para vivienda. En ese sentido, es dable colegir que la autoridad fue congruente con lo solicitado por el quejoso en su escrito de petición (acceso a una vivienda), pues al respecto le informó que el Instituto de Vivienda de la ahora Ciudad de México, otorga créditos de interés social para acceder al "Programa de Vivienda en Conjunto" y que es indispensable que se inscriba en la bolsa de vivienda, para lo cual le indicó los requisitos y los mecanismos, así como la documentación necesaria para la inscripción en la referida bolsa. De ahí que es dable arribar a la conclusión que la autoridad fundó y motivó debidamente el oficio de respuesta, ya que precisó las circunstancias especiales por las cuales la solicitud de la quejosa resultaba improcedente, ya que debía inscribirse al procedimiento correspondiente para aspirar a la asignación de un crédito para vivienda; no así de una vivienda directamente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.4o.A.J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página 1531, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175082, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 'para qué' de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación por forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En tales condiciones, resultan infundados los argumentos formulados por la parte quejosa, en virtud de que el derecho de petición sólo obliga a contestar en breve término y por escrito las promociones que se presenten, y no a que se resuelvan en determinado sentido. Sustenta a la última consideración, el criterio de jurisprudencia 2a./J. 183/2006, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Aplica a lo anterior las siguientes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en anterior composición que establecen: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." "PETICION, DERECHO DE. SENTIDO. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, sólo obliga a la autoridad a contestar oportunamente y en breve tiempo, por escrito, las promociones que se hagan; pero de ahí no se sigue que se viole el aludido artículo 8o. constitucional por el hecho de que la autoridad no resuelva precisamente en el sentido que quieran los interesados." Finalmente, se debe precisar que si bien en el caso opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que entre la parte quejosa se encuentran menores; lo cierto es que, la figura de la queja deficiente solamente es aplicable cuando se considera útil para favorecer al quejoso y que por ello resulte procedente el amparo, lo que en el caso no acontece, pues aun cuando se hubiera suplido la deficiencia de lo aquí alegado, no podría haberse generado un beneficio a la referida promovente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En consecuencia, al resultar infundados los argumentos en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales se; resuelve, PRIMERO: Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Ruby Maite Cecilia López Rodríguez, y sus menores hijos D.V.A.L., N.S.A.L. y L.A.L., respecto del acto y autoridad precisadas en los considerandos cuarto y sexto del presente fallo. SEGUNDO: La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ruby Maite Cecilia López Rodríguez, y sus menores hijos D.V.A.L., N.S.A.L. y L.A.L., respecto de las autoridades, actos, y por las consideraciones expuestas en el diverso último de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos, en virtud de no haber comparecido al presente Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo vigente... Visto el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con fundamento en su artículo 2, con relación al artículo 20, no se reinicia se reanuda el presente procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signados por Apoderado legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual rinden su informe justificado y ofrece pruebas. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de mérito; con su contenido y anexo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho legal convenga. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas, las documentales que exhibe con el informe de ley, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por lo expuesto con anterioridad y para no dejar en estado de indefensión a las partes se señalan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables vía oficio en su domicilio oficial, en el entendido de que si las autoridades se niegan a recibir un oficio de notificación, el actuario deberá informarle que se tendrá por hecha la notificación, en términos de los artículos 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 23, fracción II, del mencionado Acuerdo General. Cabe precisar que las diligencias de notificación a las partes deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notificación a la parte quejosa. Ahora, considerando que la pandemia aún subsiste como un peligro para la salud de toda la población y que la Organización Mundial de la Salud no ha hecho pronunciamiento alguno del que se advierta que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID 19 han dejado de calificarse como tal, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado y la parte quejosa se encuentre en posibilidad de notificarse personalmente del presente auto, en uso de la facultad prevista en el artículo 23 fracción I del Acuerdo General en cita, este juzgador estima pertinente hacer uso de las herramientas tecnológicas, a fin de brindar la debida atención a las personas justiciables. Por tanto, solicítese al promovente del amparo para que dentro del término de veinticuatro horas, proporcione una información de contacto que puede ser el número de un dispositivo móvil, o bien, la dirección de un correo electrónico a través del cual se pueda tener comunicación con ella, con el propósito de que los actuarios judiciales programen y coordinen los términos y/o condiciones, para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo. En función de lo anterior, se hace de su conocimiento que se pone a su disposición el número telefónico 54 81 10 00 extensión 1223, así como el correo institucional daniel.azuara.vital@correo.cjf.gob.mx, para que, si a su interés legal conviene, así lo haga. En el entendido que, de ser el caso, la diligencia en cuestión deberá ejecutarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Exhorto juicio en línea. Asimismo, de conformidad con el numeral 28 del citado Acuerdo General, este órgano jurisdiccional exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la tramitación de expedientes de forma electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, por lo que deberán solicitar a este juzgado de distrito la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con fundamento en su artículo 2, con relación al artículo 20, no se reinicia se reanuda el presente procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signados por Apoderado legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual rinden su informe justificado y ofrece pruebas. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de mérito; con su contenido y anexo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho legal convenga. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas, las documentales que exhibe con el informe de ley, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por lo expuesto con anterioridad y para no dejar en estado de indefensión a las partes se señalan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables vía oficio en su domicilio oficial, en el entendido de que si las autoridades se niegan a recibir un oficio de notificación, el actuario deberá informarle que se tendrá por hecha la notificación, en términos de los artículos 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 23, fracción II, del mencionado Acuerdo General. Cabe precisar que las diligencias de notificación a las partes deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notificación a la parte quejosa. Ahora, considerando que la pandemia aún subsiste como un peligro para la salud de toda la población y que la Organización Mundial de la Salud no ha hecho pronunciamiento alguno del que se advierta que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID 19 han dejado de calificarse como tal, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado y la parte quejosa se encuentre en posibilidad de notificarse personalmente del presente auto, en uso de la facultad prevista en el artículo 23 fracción I del Acuerdo General en cita, este juzgador estima pertinente hacer uso de las herramientas tecnológicas, a fin de brindar la debida atención a las personas justiciables. Por tanto, solicítese al promovente del amparo para que dentro del término de veinticuatro horas, proporcione una información de contacto que puede ser el número de un dispositivo móvil, o bien, la dirección de un correo electrónico a través del cual se pueda tener comunicación con ella, con el propósito de que los actuarios judiciales programen y coordinen los términos y/o condiciones, para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo. En función de lo anterior, se hace de su conocimiento que se pone a su disposición el número telefónico 54 81 10 00 extensión 1223, así como el correo institucional daniel.azuara.vital@correo.cjf.gob.mx, para que, si a su interés legal conviene, así lo haga. En el entendido que, de ser el caso, la diligencia en cuestión deberá ejecutarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Exhorto juicio en línea. Asimismo, de conformidad con el numeral 28 del citado Acuerdo General, este órgano jurisdiccional exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la tramitación de expedientes de forma electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, por lo que deberán solicitar a este juzgado de distrito la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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