Ruby Archundia Vázquez

Expediente 390/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
390/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Ruby Archundia Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Esto es así, porque la parte promovente expresamente solicitó en la demanda de amparo se le notificara de manera electrónica en el presente juicio, por tanto, en atención a dicha petición, con fundamento en la fracción IV, del artículo 26 de la Ley de Amparo, en conjunto con el numeral 79 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en el auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, se instruyó a la sección de actuaria de este Juzgado para que practicara las notificaciones respectivas, por esa vía. Luego, el Actuario adscrito a este Juzgado el siete del mes y año en curso, levantó una razón en la cual hizo constar que dé una consulta en el sistema electrónico del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, advirtió la inexistencia de la generación de la constancia de notificación a la parte promovente, por lo cual tuvo por hecha la notificación a dicha parte del proveído de dos de marzo del presente año, de conformidad al artículo 30, fracción II, párrafo segundo de la Ley de la materia. Notificación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con las fracciones II y III, del artículo 31 de la Ley mencionada, al haberse asentarse la razón actuarial de que no se generó la constancia electrónica con la cual se acreditara la consulta del archivo respectivo, y haberse tenido la notificación electrónica ordenada en autos Por ende, el plazo para la interposición del recurso de queja respecto al auto de dos del mes y año en curso, empezó a correr el ocho y concluyó el catorce, sin contarse los días once y doce, por haber sido inhábiles, todos del mes y año en curso. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental, asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo presuntamente promovida por la persona que se indica, por derecho propio, contra los actos de la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Subdelegado de Administración de la Delegación Regional Zona V Centro Oriente, del Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Delegación Regional V y del Superintendente de Recursos Humanos de la Delegación Regional V, los tres últimos de Caminos y Puentes Federales de México. Fórmese de manera paralela al expediente electrónico el expediente impreso; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 390/2017-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitución Federal. Ahora bien,la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, la cual podrá hacerlo por sí o por conducto su representante legal o apoderado, debiendo contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Ahora bien, recibida una promoción en un Órgano Jurisdiccional, el Juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo promovida por la persona que se indicaz, carece de su firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, mencionado, pues se encuentra firmada electrónicamente por Edith Martínez Vera, quien según el texto de la demanda es autorizada de la parte quejosa. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, así como de la impresión fidedigna de la evidencia criptográfica que obra en el expediente físico que se actúa. De manera que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente, de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por lo expuesto, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida, por propio derecho. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.

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