Rubisel Alegría García

Expediente 379/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
379/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2017

Partes del expediente

  • Rubisel Alegría García

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías que promueve el mencionado impetrante resulta improcedente. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acto Reclamado:. PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL, POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. (sic). El promovente señaló en su escrito de amparo, como derecho constitucional violado, el previsto por los artículos 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia regulada por los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que dice: De los citados preceptos se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de entes públicos o privados que no tengan el carácter de autoridad. Ello, en la medida que, es autoridad responsable para efectos del amparo, con independencia de su naturaleza formal (pública o privada), la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los particulares también tendrán el carácter de autoridad responsable, cuando realicen cualquiera de los actos descritos en el párrafo anterior, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En el caso particular de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica. El aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se sostuvo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal a la luz de la Ley de Amparo vigente, en las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 y 44/2014, (10a.). Sin embargo, la Segunda Sala interrumpió los anteriores criterios para precisar la naturaleza de los contratos de suministro de energía eléctrica, que en dichas jurisprudencias los había ubicado como contratos de adhesión entre particulares. Así, a partir de octubre de dos mil catorce, determinar que los contratos de suministro de energía eléctrica, de acuerdo a sus características, no deben considerarse como celebrados entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos, concluyendo que no existe un plano de igualdad entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios y, por tanto, que no se genera una relación de coordinación. De esta forma, como consecuencia se reconoció el carácter de autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, ya que su relación con los usuarios del servicio de energía eléctrica derivaba en actos administrativos, por lo que la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actuaciones eran reclamables en el ámbito administrativo, bien por medio del recurso de revisión contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; lo anterior, sin perjuicio de que se promoviera el juicio de amparo cuando se reclamaran normas generales de forma destacada, lo que conlleva a considerar que a la Comisión Federal de Electricidad se le reconoció la calidad de autoridad para efectos de dicha vía constitucional. Derivado de lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la tesis 2a. CVI/2014 (10a.). Así como la tesis 2a. CVII/2014 (10a.), Empero, en junio del presente año, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió el criterio sostenido en la tesis 2a. CVII/2014 (10a.); esto es, abandonó la conclusión de que los actos de la Comisión Federal de Electricidad son actos administrativos; para establecer que las actuaciones derivadas de los derechos y obligaciones originados por el contrato de suministro de energía eléctrica entre la referida Comisión y los usuarios deben dilucidarse por la vía mercantil, al tener como base un contrato de naturaleza comercial. De esta manera, el criterio actualmente vigente es el plasmado en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.). Como se advierte del contenido del criterio anterior, no se hace referencia expresa a que se abandone lo sostenido en la diversa tesis 2a. CVI/2014 (10a.); sin embargo, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha superado el criterio de que los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica se traten de actos administrativos, pues expresamente manifiesta en su última reflexión que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se llega a la conclusión de que dicho contrato es de naturaleza comercial, por lo que es evidente que no son considerados como actos de naturaleza administrativa y por ende, actos de autoridad; en consecuencia, se tiene que las relaciones entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios a quienes les presta el servicio son, por regla general, de coordinación y no de supra a subordinación, para los efectos de la procedencia de la acción constitucional de amparo. Este último criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se robustece con la diversa tesis 2a. CIX/2013 (10a.) . Pues bien, ya establecido que la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto se trata de las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, son de naturaleza comercial y por lo tanto, pueden impugnarse en la vía ordinaria mercantil; se estima que en el caso la aludida Comisión no tiene la calidad de autoridad responsable, pues su relación con la parte promovente tiene la naturaleza de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de poder, demuestra que en la especie los actos atribuidos a los distintos funcionarios de la Comisión no corresponden a actos de imperio, sino que son consecuencia del contrato comercial celebrado entre el prestador del servicio y el usuario, cuyas diferencias deben hacer valer en la vía ordinaria mercantil. Bajo tal tesitura, los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen actos de autoridad impugnables mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclaman a la Comisión Federal de Electricidad el cambio de medidor de energía eléctrica, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica. En ese tenor, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, en la especie no son autoridades para efectos del juicio de amparo tratándose de reclamos como los que por esta vía se reclaman, pues estos son derivados de los derechos y obligaciones generados por el contrato de suministro de energía eléctrica. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por********************, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

  3. Principal

    Bajo tal tesitura, los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen actos de autoridad impugnables mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclaman a la Comisión Federal de Electricidad el cambio de medidor de energía eléctrica, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica. En ese tenor, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, en la especie no son autoridades para efectos del juicio de amparo tratándose de reclamos como los que por esta vía se reclaman, pues estos son derivados de los derechos y obligaciones generados por el contrato de suministro de energía eléctrica. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por********************, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

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