Rubiela Quiñones Bustos

Expediente 782/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
782/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Rubiela Quiñones Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se aprecia que la actuaria judicial adscrita a este juzgado tuvo imposibilidad para notificar personalmente a la defensora el auto de veinticinco de noviembre pasado, por los motivos que expone. En ese sentido, notifíquesele por medio de lista el presente acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en auto de primero de diciembre de dos mil veintiuno, se notifica por lista a la defensora *** el auto de veinticinco de noviembre del año en curso: Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa, así como a la defensora pública ***

  4. Principal

    Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. I. Vista la diligencia actuarial de cuenta, realizada por el actuario adscrito a este órgano de control constitucional, se advierte que la licenciada *** aceptó y protestó el cargo conferido para asistir a la quejosa *** en este controvertido. Asimismo, agréguense a los autos el escrito y anexo de cuenta presentados vía electrónica, siendo que el primero de los referidos se encuentra suscrito por la citada defensora pública, mediante el cual informa que brindó asesoría jurídica a la amparista, en relación con el presente procedimiento. II. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:.- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;.- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". De dicha transcripción, se observa que tal causal de improcedencia se actualiza cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado provenga de alguno de los tribunales referidos en el precepto transcrito. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; y c) Que por virtud de ese medio, la determinación judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Por su parte, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables.- Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (...) IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; (.)". Significa entonces, que si en el juicio de amparo se controvierten actos en que se haya negado la apertura del procedimiento abreviado; y no se cumple con el principio de definitividad a través de la interposición del recurso de apelación, el juicio resulta improcedente. III. En el caso, la promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "(.) Las resoluciones dictadas en mi contra, por las autoridades responsables ordenadoras; y que fueron realizadas mediante oficios números *** de fecha 07 de septiembre de 2021 mediante el cual solicite la reconsideración de la aplicación de un procedimiento abreviado por cumplir con los requisitos legales para ello y el oficio número *** de fecha 17 de septiembre de 2021, signado por el licenciado ***, mediante el cual me niega la solicitud de que la suscrita tenga la posibilidad de efectuar un procedimiento abreviado así como las solicitudes a las responsables C. Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial número Nueve del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México y C. Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta judicial *** adscrito(a) a estrategias procesales en el Reclusorio Norte, mediante los que solicité la celebración del procedimiento abreviado, para privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y a efecto de que la suscrita tenga una efectiva pronta impartición de justicia". Luego, del contenido del escrito de demanda, se obtiene que la justiciable, en contra de dichas determinaciones no promovió recurso alguno; en el entendido que era procedente el de apelación en términos del artículo 467, fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales. IV. Conforme a lo expuesto, se advierte que en el particular no se cumplió con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, toda vez que las determinaciones reclamadas se emitieron por autoridad judicial y, al negar la apertura del procedimiento abreviado, son impugnables mediante recurso de apelación, el cual posibilita que se analice su legalidad; por lo que es incuestionable que puede llevar a que aquéllas se modifiquen, revoquen o nulifiquen. Bajo este panorama, es inconcuso que el quejoso, previamente a instar el juicio de amparo, debió interponer contra las resoluciones reclamadas el recurso de apelación, pero, como no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualizó la causal de improcedencia de que se trata. Consecuentemente, este juzgador estima que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, tomando en consideración que los actos reclamados por la parte quejosa no actualizan alguno de los casos de excepción a que se refiere la disposición legal aludida. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa, así como a la defensora pública ***.

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