Rubicelia Alonso López

Expediente 547/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
547/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Rubicelia Alonso López

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el auto dictado el trece de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por ***********, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    +++San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Radicación y formación del expediente.Con la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez en Materia Civil número 30 de la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 547/2022.Expediente electrónico.Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado.De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo.Estudio de la demanda de amparo.La quejosa *******, promueve demanda de amparo, contra actos del Juez en Materia Civil número 30 de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1,8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, es necesario precisar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se debe examinar y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano.Así, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama del Juez en Materia Civil número 30 de la Ciudad de México, lo siguiente:La omisión, falta de respuesta y silencio a mi petición de fecha 31 de marzo de 2022 y presentada el 07 de abril de 2022 dentro del expediente número *****, secretario A del Juzgado Trigésimo en materia Civil de la Ciudad de México.Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: El Juez Trigésimo en Materia Civil de la Ciudad de México, decretó providencia precautoria solicitada por Banco Santander, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en el expediente ***** de su índice, consistente en la retención del dinero que se encuentre en las cuentas bancarias a nombre de *****(promovente); acto del cual señala que tuvo conocimiento el treinta de agosto de dos mil dieciocho; de ahí que se estime que es parte en el citado proceso civil.Sin embargo refiere existir un doble embargo por la misma situación, toda vez que dicha institución bancaria había promovido diverso juicio mercantil ****** ante el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca.Razón por la cual, con fecha siete de abril de este año, presentó escrito dirigido al Juzgado Trigésimo en Materia Civil de la Ciudad de México, para que revocara la providencia precautoria antes señalada.En ese contexto, como el acto reclamado implica violación a la administración de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 8 y 17 constitucional, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como regla genérica, que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza, es por regla general notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe: a) una abierta dilación del procedimiento o b) su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2011580, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, materia Constitucional, Común, visible a página mil ochenta y seis, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; d) los antecedentes del caso, y e) las cargas de trabajo de la autoridad responsable.De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en el citado numeral 17 de la Constitución Federal. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2019400, sostuvo que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales; al menos que este juzgador advierta del contenido de la propia demanda de amparo exista una demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Cabe destacar, que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto.Sin embargo, acorde a las disposiciones establecidas en la citada jurisprudencia, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a la parte que reclame dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia; el juicio de amparo en materia laboral procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos.En el caso de la demanda de amparo, que en este juicio es en materia mercantil, es factible seguir el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal para estimar como un ejemplo de parámetro objetivo para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento, el plazo de ciento veinte días establecido en el artículo 1076 del Código de Comercio, porque ese periodo es el máximo que la ley tolera como inactividad procesal para que se decrete la caducidad de la instancia.Por tanto, si la petición de que se duele la parte quejosa fue presentada el siete de abril de dos mil veintidós, a la fecha de la emisión del presente acuerdo, sólo han transcurrido un periodo de veinte días hábiles, para que la autoridad responsable, emita el acuerdo respectivo y realice la notificación correspondiente; ello sin contar sábados ni domingos, así como del once al quince de abril de este año con motivo de la "semana santa", declarados inhábiles por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. De ahí que, es evidente que dicho lapso no se traduce en una paralización total del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo; pues como ya se analizó, la omisión reclamada no excede ni de los cuarenta y cinco días que tomo en consideración la Segunda Sala del Máximo Tribunal, como parámetro para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento; ni de los ciento veinte días de inactividad procesal que prevé el Código de Comercio.Por tanto, hasta este momento, el acto reclamado no constituye una violación a su derecho sustantivo de impartición de justicia tutelado en el artículo 17 constitucional. Es de aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, registro 2019400, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil diecinueve, materia Laboral, Común, visible a página, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS."Asimismo, por analogía se cita la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, décima época, registro 2013301, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, diciembre de dos mil dieciséis, tomo II, materia Común, página mil quinientos sesenta y nueve, de rubro siguiente: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA.".Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que el once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el virus de Covid-19, lo que implicó a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte una paralización parcial o total de múltiples actividades del Estado, entre ellas, la función jurisdiccional, lo cual se invoca como un hecho notorio, pues evidentemente la pandemia que continúa afectando al mundo impactó en el ámbito de la impartición de justicia.Concatenado con lo anterior, es de conocimiento público las grandes cargas de trabajo que imperan en los órganos jurisdiccionales, que se incrementaron considerablemente por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y sus diversas variantes, y el retorno gradual implementado.De ahí que, al no actualizarse una abierta dilación o paralización total al procedimiento, se estima que no se reclama un acto de imposible reparación, por no producir una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa.En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado al Juez en Materia Civil número 30 de la Ciudad de México, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; y, 113 de la Ley de Amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia.Domicilio para notificación y autorizado.Al corroborarse la existencia del registro de los usuarios "JORGETLAX", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de "Usuarios del juicio en línea", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico en este expediente, dentro de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del segundo párrafo del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea.En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior.Por otra parte, se tiene al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por encontrarse registrada cédula profesional alguna en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; y, a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado numeral, por así haberlo manifestado en forma expresa.De igual manera, se toma nota del número telefónico y correo electrónico proporcionados, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo.Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto.Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes.Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento.Notifíquese personalmente por vía electrónica.

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