Rubicela Reyes Belles

Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
357/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Rubicela Reyes Belles

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda signado por Rubicela Reyes Belles, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 357/2018-III. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de Amparo al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. Ahora, la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: El auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se cita a la quejosa para que comparezca ante el Juzgado responsable para desahogar la prueba confesional en el juicio ordinario civil 839/2017; y, La ilegal notificación del referido auto de veintiuno de marzo del presente año. Con independencia de cualesquiera otras consideraciones, respecto del primer acto reclamado, este juzgador resuelve lo siguiente: En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado este último a contrario sentido; ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "ARTÍCULO 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Se arriba a tal determinación, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no encuadra en lo dispuesto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia, es decir, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Acorde con la Ley de Amparo, el juicio de amparo en la vía indirecta, se encuentra reservada a aquellos actos en juicio que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado; y no así a las violaciones en el procedimiento cuya afectación es solo adjetiva o formal. En ese orden de ideas, es evidente que el acto que le reclama al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, que consisten en el auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se cita a la quejosa para que comparezca ante el Juzgado responsable para desahogar la prueba confesional en el juicio ordinario civil 839/2017. El suscrito considera que no son actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, sino que en todo caso, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que, de conformidad con lo manifestado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, en el juicio ordinario civil 839/2017 del índice del juzgado señalado como responsable, en donde la promovente es parte demandada, al pronunciarse el Juez responsable sobre la admisión de pruebas de la parte actora, concretamente en cuanto a la confesional a cargo de la aquí quejosa, acordó que debía comparecer a la hora y fecha indicadas para absolver las posiciones, apercibiéndola que de no hacerlo así, se le declarará confesa de todas y cada una de las posiciones que sean calificadas de legales, aduciendo la quejosa que desde que fue emplazada a ese controvertido y se le corrió traslado con la demanda esa prueba confesional se ofreció para que la desahogara diversa persona; por lo que es evidente que la determinación tomada por la responsable, en todo caso constituye una violación procesal que puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia, o la resolución que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, pero de no ser así, sin prejuzgar, podrá reclamarla en la vía y forma correspondientes. En efecto, se estima que el acto que aquí se reclama, encuadra en el supuesto del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)" Esto es, se considera que el acto reclamado, en el cual, en esencia, se cita a la quejosa para que comparezca ante el Juzgado responsable para desahogar la prueba confesional en el juicio ordinario civil 839/2017, dentro de la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se trata en realidad de una violación procesal que no afecta directamente los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues tal acto reclamado no implica que necesariamente dicha situación influirá en la determinación que tome el Juez al resolver sobre el fondo del asunto planteado. En efecto, lo anterior es así, ya que los actos que aquí se reclaman no son de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si el promovente obtiene resolución favorable en la sentencia que se dicte en el juicio ordinario civil 839/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, pero en caso de que le resulte perjudicial, tiene expeditos sus derechos para alegarlo en su oportunidad como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de las personas, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate o con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Debe decirse que la Ley de Amparo define expresamente cuales son los actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que su transcrito artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, resulta claro que en el caso concreto, el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que los actos reclamados en el caso concreto no tienen una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo antes dicho, en lo conducente, la tesis I.5o.C.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1947, del Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." Ahora, respecto del segundo acto reclamado, este juzgador resuelve lo siguiente: En el presente asunto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de amparo, respecto de la notificación del acto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que reclama la quejosa, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público, por los motivos que a continuación se exponen. Como se dijo, la promovente señaló como acto reclamado el indicado en párrafos anteriores bajo el inciso 2, asimismo, bajo protesta de decir verdad manifestó en su escrito de demanda, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, que Alejandro Cruz García y Ramona Ayala Leal, promovieron en su contra juicio ordinario civil que se radicó bajo el número 839/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Igualmente, manifestó que el seis de julio de dos mil diecisiete fue emplazada a dicho juicio, y que el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable dictó un auto en donde se cita a la quejosa para que comparezca ante ese Juzgado para desahogar la prueba confesional ofrecida por la parte actora; misma que, aduce, le causa agravio la notificación ilegal de dicho auto. De lo antes narrado se colige que la aquí promovente es parte en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, al resultarle el carácter de demandada, asimismo, que fue emplazada al juicio materia de la litis. En la especie, el suscrito estima que respecto del referido acto reclamado se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, el cual establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.(.)" Del numeral antes transcrito, se advierte uno de los principios rectores del juicio de amparo, el atinente a la definitividad, el cual ordena que antes de promover la demanda de amparo por un acto de autoridad, ya sea en la vía directa o indirecta, la parte quejosa debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se haga valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes y que tengan por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Las consideraciones medulares en torno a la referida causal, son en el sentido de que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, entendido el procedimiento como la serie coordinada de actos que deben realizarse en un orden predeterminado por la ley cuyo inicio persigue el pronunciamiento de una resolución que dirima una controversia. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Cabe señalar que este principio tiene casos de excepción, los que se encuentran expresamente previstos en la invocada fracción XVIII, que establece: "Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Asimismo, los que dispone el artículo 107, constitucional, fracciones III, inciso c), o sea, contra actos que afectan a personas extrañas al juicio, IV respecto de los administrativos en los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución, y XII, los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, así como en el diverso 61, de la Ley de Amparo, fracciones XIV, en amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación, XVIII los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y XX los que carezcan de fundamentación, según la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acto reclamado que se analiza consistente en la notificación del auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se cita a la quejosa para que comparezca ante el Juzgado responsable para desahogar la prueba confesional en el juicio ordinario civil 839/2017; por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir la ilegalidad de cualquier notificación efectuada dentro del procedimiento en el cual es parte, la promovente debió agotar el medio ordinario de defensa (incidente de nulidad), por virtud del cual pudiera obtener la nulificación de la misma y, al no haberlo hecho así, lo que procede es desechar la demanda de cuenta por su notoria improcedencia. En el caso, la ley que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual en su artículo 90, establece lo siguiente: "ARTICULO 90.- El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas". Por tanto, en estricto apego a lo que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrito precedentemente, se pone de manifiesto que previamente a la interposición del juicio de amparo, la promovente debió hacer valer en contra de la notificación reclamada del auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil 839/2017, el incidente de nulidad de notificaciones, que establece el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, por el que podría ser nulificada la misma; por lo que es claro que la peticionaria de amparo no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada, visible en la página 157, materia Común, Octava Época, tomo VII, marzo de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EXISTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES QUE COMO MEDIO DE DEFENSA DEBE PREVIAMENTE AGOTARSE. La causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XIII, debe estimarse que concurre, no sólo cuando exista en la ley de la materia de que se trate, recurso o medio de defensa contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, sino también tratándose de actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, respecto de las cuales la ley concede la oportunidad de impugnarlas a través del correspondiente incidente de nulidad, puesto que aunque éste no constituye un recurso, sí es un medio legal por el cual tales actuaciones pueden declararse nulas por haberse incumplido las formalidades esenciales del procedimiento". Corrobora lo antes expuesto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), Materia Común, visible a página 729, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que sostuvo que el principio de definitividad en el juicio de amparo debe agostarse, aún y cuando el acto reclamado sea de irreparable ejecución dentro de un juicio civil, por tanto, para apoyar lo anterior se transcribe la jurisprudencia de mérito, que al rubro y texto dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Entonces, por los razonamientos expuestos con antelación, si la promovente no ha promovido el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente, es inconcuso que no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y por ello éste es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Rubicela Reyes Belles. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley; y como sus autorizados en términos amplios del numeral 12 de la invocada ley a las personas que menciona, por tener registradas sus cédulas profesionales que lo acredita como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.

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