Rubicel Cupil Ovando

Expediente 243/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
243/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Rubicel Cupil Ovando
  • María del Carmen Pérez Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I incisos b y c de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada el proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicha ley, en contra de la sentencia dictada en este asunto, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ****, contra actos del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, sin que las partes la hubieran recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, el toca civil **, de su índice, y a la Jueza Primero Civil de Paraíso, Tabasco, el juicio ordinario civil de divorcio incausado **, y su acumulado , relativo al juicio especial de reclamación de alimentos, de su índice, que acompañaron a sus respectivos informes justificados, y que obran por cuerda separada. ANOTACIONES Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y, que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece:  El juicio principal es depurable, dado que en el mismo se negó la protección de la Justicia Federal.  El original del incidente de suspensión es depurable, en atención a la medida suspensional concedida.  Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su depuración, respectivamente.  Transcurrido el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión.  El presente expediente carece de relevancia documental.  Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente, junto con el original del incidente de suspensión relativo al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión son depurables y, el duplicado del incidente de suspensión relativo es destruible, así como la fecha en que se ordena su archivo.  Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, toda vez que obra la documental exhibida por la parte quejosa anexa a su escrito inicial de demanda, correspondiente al original de la cédula de notificación personal al aquí quejoso del proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General Conjunto, requiérasele para que comparezca con identificación oficial vigente, en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil, ante este Juzgado a recogerla; apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo podrá ser destruida junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que a la letra dice: VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 243/2019-VIII-15, promovido por contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, recibida en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, el veintidós de febrero del mismo año, turnada el veintiséis del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad; ****demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables siguientes: Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad. Jueza Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, Paraíso, Tabasco. El promovente en su demanda literalmente hizo consistir el acto reclamado, en: Acto reclamado. La resolución emitida por la autoridad señalada como responsable ordenadora con fecha de 18 de Enero del año 2019 en el toca civil ***, que se formó con motivo de la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada en el expediente civil ****, relativo a divorcio incausado, promovido por mi patrocinado, acumulado a este el expediente relativo a juicio de reclamación de alimentos promovido por ***** por su propio derecho y en nombre y representación de sus menores hijos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Una vez que el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito declaró su legal incompetencia para conocer del asunto, correspondiendo por razón de turno a este órgano Jurisdiccional, previo desahogo de prevención, mediante auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, además, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que aparece levantada al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37 y 38 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en los Acuerdos 3/2013 y 10/2018, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos el primero a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no sólo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta; lo anterior, con sustento en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en la diversa tesis del propio órgano colegiado, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", por lo que se tendrá como acto reclamado el siguiente: La resolución dictada el dieciocho de enero de dos diecinueve, en el toca civil ***, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en la cual se revocó la sentencia definitiva de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ordinario civil de divorcio incausado**** y su acumulado ****, relativo al juicio especial de reclamación de alimentos, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, ordenando la reposición del procedimiento; así como su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por conducto de su presidente, residente en esta ciudad, y la Jueza Primero de lo Civil de Paraíso, Tabasco, al rendir sus informes con justificación admitieron la existencia de los actos que se les atribuyen; lo que se corrobora con las constancias relativas al toca *****, y al juicio de divorcio incausado ***, y su acumulado 569/2017 relativo al juicio especial de reclamación de alimentos, que obran por cuerda separada. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Es aplicable, la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, la cual aparece publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable en la especie, la jurisprudencia 226, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Antes de analizar el problema jurídico planteado, conviene relacionar los antecedentes de relevancia del acto reclamado, siendo estos los siguientes: El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, Rubicel Cupil Ovando promovió divorcio incausado en contra de María del Carmen Pérez Córdova, reclamando la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de la sociedad conyugal, ofreciendo como pruebas la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, las supervinientes y las documentales consistentes en los originales del acta de matrimonio celebrado entre él y la demandada, así como de su acta de nacimiento y de las de sus menores hijos de iniciales R.D.C.C.P. y C.E.C.P. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, admitió la demanda en la vía ordinaria, ordenando la apertura del expediente, así como emplazar y correr traslado con copia de la demanda y anexos a la demandada; reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas, requirió al actor para que bajo protesta de decir verdad indicara cuáles eran sus ingresos mensuales y dónde trabajaba; además referente a la guarda, custodia y convivencia de los menores ordenó realizar una valoración psicológica a las partes, así como un estudio de trabajo social en sus domicilios.El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, fue emplazada a juicio la demandada María del Carmen Pérez Córdova (fojas 23 a 26), quien el veinte siguiente dio contestación a la demanda, destacando en su escrito que desde hacía doce años Rubicel Cupil Ovando, había abandonado el domicilio conyugal para radicar en los Estados Unidos de Norteamérica. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma al escrito de demanda y oponiendo excepciones, asimismo se señalaron las ocho horas con treinta minutos del treinta de octubre siguiente para que se llevara a cabo la audiencia previa y de conciliación entre las partes. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, promovió juicio especial de reclamación de alimentos en contra de , solicitándole el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva ofreció como pruebas la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, la confesional a cargo del demandado, la testimonial a cargo de , las documentales consistentes en el acta de matrimonio celebrado entre ella y el demandado, las actas de nacimiento y constancias de estudios de sus hijos, así como informes a cargo del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", residente en esta ciudad, en el que manifestara si ante esa dependencia se encuentra registrado el demandado y proporcionara sus declaraciones relativas a los años del dos mil cinco al dos mil diecisiete; informe a cargo del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, en el que manifestara si ante dicha dependencia existe registro del demandado, informando en caso de ser patrón, el número de trabajadores que tiene a su cargo, y en caso de ser trabajador, el nombre del patrón y su domicilio; informe del Director del Instituto Registral de Comalcalco, Tabasco, a fin de que indicara si ante esa dependencia se encontraba registrado algún inmueble en propiedad del demandado y su ubicación; así como informe a cargo del Inspector de la Policía Estatal de Caminos, destacamentado en Paraíso, Tabasco, a fin de que señalara si existía registro de algún vehículo a nombre del demandado El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial de Paraíso Tabasco, dio entrada a la demanda en la vía y forma propuesta ordenando la apertura del expediente ****, decretó como pensión provisional para la promovente y sus dos menores hijos la cantidad $2,838.75 (dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 75/100 moneda nacional) correspondiente a treinta y cinco días de salario con base en la unidad de medida y actualización, requiriendo al demandado para que hiciera entrega de dicha cantidad a la actora dentro de los primeros tres días de cada mes, asimismo ordenó emplazar y correr traslado al demandado; y, reservó proveer sobre las pruebas ofrecidas El cinco de octubre de dos mil diecisiete, fue emplazado a juicio el demandado (fojas 61 a 64, tomo I), siendo que mediante escrito presentado el dieciocho de ese mes, dio contestación a la demanda manifestado que siempre había cumplido con su obligación alimentaria, pero nunca en la cantidad solicitada por la actora, pues no tenía ingresos de esa naturaleza, además de que se encontraba desempleado por lo que no contaba con ningún ingreso; sin embargo, la actora tenía la capacidad de procurarse sus alimentos pues tenía una tienda de abarrotes. Además, solicitó la acumulación del juicio al diverso***** Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la juzgadora de origen tuvo al aquí quejoso dando contestación a la demanda planteada en su contra y ordenó la acumulación de los juicios a fin de evitar duplicidad en la fijación de la pensión alimenticia ***** El treinta de octubre de dos mil diecisiete, se hizo constar que para la audiencia señalada compareció la demandada *****, no así el actor *****, por lo que no pudo llevarse a cabo la etapa de conciliación, ordenándose la apertura de una dilación probatoria de diez días hábiles. Mediante libelo presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, ****ofreció como pruebas la confesional a cargo del demandado, las documentales públicas consistentes en el acta de matrimonio celebrado entre ella y el demandado, las actas de nacimiento de sus dos menores hijos, constancias de estudios expedidas a nombre de sus vástagos, informe a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, residente en Ciudad de México, en el que se indicara si en el sistema que lleva esa dependencia existe registro del demandado, si éste ha tramitado su pasaporte, y en caso de que así fuera, se señalara la fecha de expedición, vigencia y número del mismo; asimismo, ofreció la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la jueza de origen admitió las pruebas ofrecidas por las partes, desechando únicamente de las ofrecidas por las consistentes en tres recibos de depósito de pensión alimenticia expedidos por el Juzgado Segundo Civil de Paraíso, Tabasco y la inspección judicial que solicitó se desahogara en la tienda de abarrotes que aseguró tenía su contraparte. En ese mismo acuerdo se señalaron las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas. Asimismo se citó a las partes y a los menores de edad para que se presentaran a diversas horas del diecinueve de enero de dos mil dieciocho a una valoración psicológica, correspondiendo a **** Mediante oficio recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, signado por la psicóloga y la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraíso, Tabasco se informó al juzgado de origen lo siguiente: "POR MEDIO DEL PRESENTE EN ATENCIÓN A SU OFICIO RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE SEÑALADO EN EL RUBRO SUPERIOR DERECHO DEL PRESENTE ESCRITO LE INFORMO QUE EL***** SE HIZO PASAR CON EL NOMBRE DE *****YA QUE EL DIA 18 DE ENERO DEL 2018 SE PRESENTA CON UNA HOJA DE FECHAS DE VALORACIÓN, POR LO QUE MENCIONA QUE ESTA CITADO EL 19 DE ENERO A VALORACIÓN A LAS 10:00, SEGUIDAMENTE MENCIONA QUE NO PODRÁ ASISTIR ESE DIA POR QUE SU MADRE ESTA DIALISADA Y TENDRÁ QUE LLEVARLA AL MEDICO, POR LO QUE SOLICITA EL CAMBIO DE DIA PARA LA VALORACIÓN, AL VER LA NECESIDAD DE SALUD, SE LE ASIGNA EL DIA 20 DE ENERO A LAS NUEVE HORAS PARA VALORACIÓN, POR LO QUE SE PRESENTA EL DIA 20 DE ENERO CON COPIA DE CREDENCIAL DE INE CON NOMBRE DE ******, SEGUIDAMENTE SE REGISTRA CON EL NOMBRE DE *****SIENDO, SEGUIDAMENTE SE INGRESA A LA VALORACIÓN ASEGURANDO QUE EL ES, *****, POR QUE LAS RESPUESTAS ERAN INCONGRUENTES Y SEGUIDAMENTE, OBSERVA DE LEJOS A LA C. , Y EXPRESA NERVIOSISMO, Y CON MIEDO EXPRESA QUE SU ABOGADO LO ENVÍA A VALORACIÓN Y MENCIONA QUE EL NO ES Y QUE SU NOMBRE VERDADERO ES . POR LO QUE SE LE HACE SABER EL DELITO QUE ESTA INCURRIENDO Y SE RETIRA CON NERVIOSISMO POR LO QUE NO SE LE APLICA LAS VALORACIONES PSICOLÓGICAS DEBIDO A QUE ESTA USURPANDO A OTRA PERSONA." En consecuencia, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la juzgadora ordenó dar vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera, además de requerir al abogado patrono de a fin de que aclarara lo sucedido y proporcionara el domicilio personal de éste En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se hizo constar la comparecencia de María del Carmen Pérez Córdova, así como la inasistencia de Rubicel Cupil Ovando y de los testigos , procediéndose al desahogo de pruebas de las que se determinó respecto de las ofrecidas por , admitir las documentales, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones así como las supervinientes, y declarar desierta la confesional a cargo de ****por no haberse exhibido el pliego de posiciones; respecto de las ofrecidas por *******, se acordó tener por confeso de todas las posiciones formuladas y que fueron calificadas de legales, a ****** al no presentarse al desahogo de la confesional a su cargo; tener por desierta las testimoniales a cargo de **********, por no haberse presentado a dichos testigos; por desahogadas las documentales, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, reservándose el período de alegatos por encontrase pendientes de desahogar el trabajo social, la valoración psicológica y los informes peticionados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, residente en Ciudad de México, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", residente en esta ciudad, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, Instituto Registral del Estado, con sede en Comalcalco, Tabasco y Policía Estatal de Caminos, residente en Paraíso, Tabasco Por libelo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el abogado patrono de ******en cumpliendo a lo requerido mediante acuerdo de veintitrés de ese mes, manifestó lo siguiente: "QUE EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO HECHO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018, ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EN LA ACTUALIDAD EL DOMICILIO DE ****+, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS EN VIRTUD DE ESTAR TRABAJANDO EN DICHA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRA HAYA, POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, EN LA CUAL PRESENTO SU VOLUNTAD DE ESTAR UNIDO EN MATRIMONIO CON LA HOY DEMANDADA SIN CONOCER EL DOMICILIO EXACTO DE DONDE RESIDE. Y QUE EN RELACIÓN A LA ACLARACIÓN QUE LO SOLICITAN AL SUSCRITO SOBRE LA SUPUESTA SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD DE MI PATROCINADO EN ESTE JUICIO, ES COMPLETAMENTE FALSO, LO CIERTO ES QUE A RAÍZ DE QUE MI PATROCINADO RUBICEL CUPIL OVANDO, TUVO LA NECESIDAD DE IR A ESTADOS UNIDOS, SU HERMANO , QUEDO AL PENDIENTE DEL TRÁMITE DE DIVORCIO Y EL DIA DE LA FECHA DE LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA SOLO FUE A INFORMARSE, APREGUNTAR SOBRE DICHA PRUEBA PERO SIN EL ANIMO DE SUPLANTAR A SU HERMANO, DE TAL MANERA QUE ESE DIA TENDRÍA QUE ESTAR PRESENTE LA DEMANDADA Y SUS HIJOS." En uno de febrero de dos mil dieciocho, la psicóloga y la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraíso, Tabasco, remitieron al juzgado de origen los resultados de las valoraciones psicológicas realizadas a Mediante oficio recibido el uno de febrero de dos mil dieciocho, el comandante de la Policía Estatal de Caminos destacamentado en Paraíso, Tabasco, rindió el informe que le fue solicitado, indicando que no existían datos de vehículo registrado a nombre de , informe que se ordenó glosar a los autos por acuerdo de dos de febrero siguiente ( Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, el abogado patrono de (fojas 161 a 162, tomo I), manifestó ante la jueza de primer grado, lo siguiente: "TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DESAHOGAR EL TRABAJO SOCIAL ORDENADO PARA MI PATROCINADO Y EN RAZÓN QUE SE HA INFORMADO A ESTE JUZGADO QUE EL ACTOR POR TEMPORADAS SE ENCUENTRA EN ESTADOS UNIDOS POR CUESTIONES DE TRABAJO, PERO QUE DE IGUAL FORMA TIENE DOMICILIO EN ESTE JURISDICCIÓN YA QUE DE AQUÍ ES NATIVO Y VECINO CUANDO NO ESTÁ EN ESTADOS UNIDOS, Y QUE DICHO DOMICILIO ES EL QUE SE HA PROPORCIONADO ANTERIORMENTE QUE SE UBICA EN EL EJIDO CHILTEPEC SECCIÓN BANCO CERCA DE LA COOPERATIVA PESQUERA DE DICHA COMUNIDAD DENOMINADA "BOCA DE LOS ÁNGELES" LUGAR DONDE SE PUEDE REALIZAR DICHO TRABAJO SOCIAL EN RAZÓN QUE DE IGUAL FORMA ES EL DOMICILIO DEL ACTOR Y PARA DICHO TRABAJO SE PUEDE REALIZAR CON APOYO DE LOS VECINOS SIN LA PRESENCIA DEL C." (sic) Por acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, la jueza de origen ordenó requerir al abogado patrono de , a fin de que proporcionara el domicilio de su patrocinado en Estados Unidos de Norteamérica y así poder ordenar el trabajo social en dicho domicilio; sin embargo, mediante escrito recibido el veintiocho siguiente, éste manifestó que el domicilio de su patrocinado en aquel país no era fijo en razón de que era indocumentado Por oficios recibido ante el juzgado de origen el dos de marzo de dos mil dieciocho, la Procuradora Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Paraíso, Tabasco, remitió informe de trabajo social efectuado en el domicilio de , y comunicó que no pudo llevarse a cabo el trabajo social relativo a , pues al constituirse la trabajadora social en el domicilio correspondiente, no se encontró al antes citado, y un familiar de éste manifestó que hacía trece años que esa persona se fue a vivir a los Estados Unidos en busca de trabajo, afirmación que fue corroborada por el dicho de los vecinos , informes que fueron agregados a los autos, por acuerdo de ocho de marzo siguiente. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil dieciocho, ante el juzgado de origen, proporción una dirección ubicada en , Estados Unidos de Norteamérica, aseverando que era el domicilio correcto de , por lo que solicitaba se girara exhorto a la embajada o consulado para que se realizara el trabajo social correspondiente, promoción que fue acordada el quince siguiente, ordenado dar vista con ella a la contraparte y que ésta desahogó mediante escrito signado por , en el que indicó: "QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, VENGO A MANIFESTAR A SU SEÑORÍA, QUE SOY CONSCIENTE, QUE MIS MENORES HIJOS R. DEL C.C. Y C.E. DE APELLIDOS C.P, ESTÁN MEJOR BAJO LA CUSTODIA DE SU MADRE LA HOY DEMANDADA EN ESTE JUICIO EN VIRTUD, DE QUE TENGO QUE ESTAR VIAJANDO PERIÓDICAMENTE FUERA DEL PAÍS PASANDO VARIOS MESES FUERA DE ESTA ENTIDAD, POR LO CUAL SE DEBE VELAR POR EL INTERÉS SUPERIOR DE DICHOS MENORES, POR LO CUAL NO TENGO OPOSICIÓN O RECLAMO PARA LOS EFECTOS DE QUE LA CUSTODIA QUEDE A FAVOR DE SU SEÑORA MADRE , EN EL PRESENTE JUICIO CON LAS CONDICIONES QUE SEÑALE SU SEÑORÍA, ES DECIR QUE EN EL PRESENTE JUICIO NO TENGO PRETENSIÓN SOBRE LA CUSTODIA DE MIS MENORES HIJOS, SOLICITANDO SE DECRETE A FAVOR DE LA DEMANDA DICHA CUSTODIA." (sic) Sobre tal escrito, la autoridad proveyó en veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, que dejaba sin efecto legal alguno el trabajo social ordenado a , por considerar que el mismo únicamente servía de apoyo para resolver respecto de la guarda y custodia y convivencia de los menores . Mediante escrito recibido el once de abril de dos mil dieciocho, el abogado patrono de , solicitó que habiendo manifestado su patrocinado su conformidad para que la custodia de los menores quedara a cargo de su madre, se dejara sin efecto la valoración psicológica que se ordenó llevar a cabo en su patrocinado, ya que aseguró, está tenía el mismo fin que el trabajo social, peticionado además que los autos fueran puestos a la vista de las partes para la formulación de conclusiones ; en respuesta, por acuerdo de trece de ese mismo mes, se dejó sin efecto dicha valoración psicológica, por las mismas razones por las que quedó sin efecto el trabajo social, sin poner los autos a la vista de las partes a fin de que formularan conclusiones por existir informes pendientes de recibirse Mediante libelo presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho, el abogado patrono del aquí quejoso solicitó que al no obrar constancia en autos del trámite dado por a los informe que ofreció como prueba, se le requiera para que exhibiera los acuses de recibo de los oficios respectivos y que en caso de no hacerlo, en virtud de la falta de trámite, se declararan desiertas dichas probanzas (foja 210); al respecto, por acuerdo de veinticinco siguiente, el juez natural proveyó que ante la falta de los informes correspondientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "A", con sede en esta ciudad, Instituto Registral del Estado, residente en Comalcalco, Tabasco, e Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, elaborados mediante oficios de doce de enero de ese año, recibidos por el abogado patrono de , sin que obraran los acuses de recibo respectivos, se le requiriera para que en el plazo de tres días los exhibiera, apercibida que de no hacerlo, se tendrían por desiertas dichas probanzas dicho acuerdo le fue notificado el veintiséis siguiente. Por escrito recibido el tres de julio de dos mil dieciocho, exhibió los originales de los acuses de recibo de los oficios relativos a los informes solicitados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", ambos con sede en esta ciudad, asimismo presentó los originales de los oficios dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, residente en Ciudad de México, e Instituto Registral del Estado, residente en Comalcalco, Tabasco, de los que manifestó no les fueron recibidos en las citadas dependencias porque los mismos debían ser enviados por medio de exhorto u oficio, por lo que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Juez Competente en turno en Comalcalco, Tabasco, ordenaran el desahogo y entrega de los oficios referidos El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el juez de origen ordenó agregar a los autos los acuses de los oficios citados en el párrafo que antecede, asimismo se girara exhorto al Juez Civil en Turno en Comalcalco, Tabasco y, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dieran trámite a la entrega de los oficios dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad de México e Instituto Registral del Estado, con sede en Comalcalco, Tabasco. Además, en dicho acuerdo, se tuvo por recibo el informe proporcionado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", del que se desprendía que en su base de datos no encontró información relacionada con . Por escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho el abogado patrono de , solicitó al juez de primera instancia que al no haber realizado manifestación alguna respecto del requerimiento hecho por acuerdo de veinticinco de junio anterior, en el que se le solicitó exhibiera los acuses de recibo de los oficios relacionados con los informes que ofreció como pruebas, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado y se declararan desiertas dichas pruebas (foja 228, tomo I); en consecuencia, por acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciocho, el juzgador de primer grado determinó hacer efectivo el apercibimiento de referencia y declaró desiertas las probanzas admitidas en vía de informes solicitados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "A", con sede en esta ciudad, Instituto Registral del Estado, con residencia en Comalcalco, Tabasco e Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, señalando las nueve horas con treinta minutos para que se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos (foja 229, tomo I). Con vista en el estado de autos, mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez de origen ordenó regularizar el procedimiento y dejar sin efecto lo acordado mediante proveído de cuatro de julio anterior, en el que se tuvo a la demandada desahogando el requerimiento formulado relativo a que exhibiera los acuses de recibos de los oficios correspondientes a los informes que solicitó a diversas dependencias, pues consideró que presentó su escrito de forma extemporánea, por lo que ordenó agregarlo a los autos sin efecto legal alguno. Asimismo señaló como hora y fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, las nueve horas con treinta minutos del veinte de agosto de dos mil dieciocho El veinte de agosto de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a la que asistió María del Carmen Pérez Córdova, no así . En el período correspondiente se procedió al desahogo de las pruebas pendiente de desahogar, y de las ofrecidas por , se declaró desierta la consistente en el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad de México; en vías de preparación los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, e Instituto Registral del Estado, con sede en Comalcalco, Tabasco; y por desahogados los informes del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", residente en esta ciudad y a la Policía Estatal de Caminos de Paraíso, Tabasco, así como la valoración psicológica y trabajo social de , considerando que no existían pruebas pendientes por desahogar, se ordenó la apertura de la etapa de alegatos en la que se le tuvo por perdido ese derecho al aquí quejoso por no haber comparecido a la diligencia, se otorgó el uso de la voz a la aquí tercera interesada, y se concedió el término de cinco días a las parte para formular conclusiones. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó agregar sin efecto legal el informe recibido rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por haberse declarado desierta tal prueba. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial al no existir voluntad del aquí quejoso para seguir casado, tras aplicar control de convencionalidad al artículo 272 del Código Civil para el Estado de Tabasco, declarando su inaplicabilidad, en respeto al libre desarrollo de la personalidad; que los menores hijos seguirían bajo la custodia de su madre, sin necesidad de valoración de pruebas, por no haber discrepancia entre las partes al respecto; la patria potestad de los menores correría a cargo de ambos padres; en cuanto a las convivencias de éstos con su progenitor, quedaba expedita la vía para que las partes la hicieran valer conforme a su derecho conviniera, al no haber hecho alegación alguna al respecto; en relación a los alimentos se determinó que el derecho a percibirlos quedó justificado con las documentales consistentes en las actas de matrimonio celebrado entre las partes y de nacimiento de sus menores hijos; la necesidad de que se proporcione alimento a la esposa e hijos, se acreditaba con la presunción legal prevista en el artículo 167 del Código Civil para el Estado de Tabasco, por la edad de los menores (doce y catorce años), y la confesional a cargo de *****en la que aceptó la existencia del matrimonio, la procreación de los hijos, que éstos se encuentran estudiando, que abandonó el domicilio conyugal para irse a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica y que tiene obligación jurídica y social de proporcionar alimentos a su esposa e hijos; asimismo, se precisó que la alegación formulada por *****en su escrito de contestación de demanda, respecto a que no le asiste razón a ***** al reclamarle alimento, porque la apoyó a poner un negocio, no se encontraba justificada con prueba alguna, amén de que no se requería prueba material de los gastos erogados para la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, ya que como todo ser humano necesitaban para subsistir de comida, vestido, medicinas, asistencia médica u hospitalaria, habitación, recreación y transporte; respecto a que la posibilidad económica del demandado se justifique, se indicó que no obstante no existían pruebas que sirvieran de parámetro para obtener sin duda los ingresos del deudor, ya que si bien se desahogaron los informe de la Policía Estatal de Caminos y del SAT (sic), no se obtuvo respuesta favorable, de su edad (cuarenta años aproximadamente) se desprendía que era una persona productiva con ingresos superiores al salario mínimo general vigente en el Estado, que constituía el ingreso mínimo que un trabajador podía obtener, por lo que con base en ello se fijarían los alimentos que debía a su acreedor. En consecuencia la juzgadora condenó al aquí quejoso a pagar en favor de y sus menores hijos de iniciales C.E.C.P. y R.D.C.C.P., $3,092.60 (tres mil noventa y dos pesos 60/100 moneda nacional) mensuales como pensión alimenticia, que explicó resultaban de multiplicar treinta y cinco días por el salario mínimo vigente en el Estado, a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional). Inconforme con dicha determinación, ***+ interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6, tomo II), del que tocó conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien el diecinueve de octubre siguiente, radicó el toca civil 834/2018-II, ordenó correr traslado a****con el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, concediéndole el término de diez días para que diera contestación a los mismos o se adhiriera a la apelación, asimismo se tuvo a la apelante por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, manifestado que en la sentencia que impugnó no se tomó en cuenta los requisitos para fijar una pensión alimenticia justa y equitativa, ya que no se atendieron las necesidades de los acreedores, pues si bien sus hijos contaba con doce y catorce años de edad, se encontraban cursando sus estudios de nivel secundaria, lo que hacía que se incrementaran sus necesidades, pues acudir a la escuela lleva implícito el gasto en uniforme, zapato, útiles escolares, transporte, así como alimentos indispensables para su desarrollo, mismos que deben ser satisfechos por su progenitor en la medida de lo posible en forma equitativa y proporcional a los ingresos que percibe; asimismo, se tuvieron por admitidas las documentales consistentes en constancias de estudios expedidas a nombre los menores, mismas que se ordenó poner a la vista del aquí quejoso, del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada y de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, DIF Tabasco, por el plazo de tres días En quince de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala responsable citó a las partes para oír resolución, al haber fenecido los plazos otorgados en proveído de diecinueve de octubre pasado (foja 18, tomo II). El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala responsable dictó la sentencia de apelación que constituye el acto reclamado (fojas 19 a 54, tomo II), misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultó innecesario dar contestación a los puntos primero y segundo de disconformidad planteado por ******, parte demandada, y se atendió a la suplencia de la deficiencia de los planteamientos de hechos y de derechos de las partes, por tratarse de un asunto del orden familiar. TERCERO. Se revoca para dejar insubsistente la sentencia definitiva dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, Paraíso, Tabasco, en el juicio ordinario civil de Divorcio Incausado número , planteado por en contra de , acumulado a este el expediente ****, relativo al juicio Especial de Reclamación de Alimentos, promovido por , por su propio derecho y en representación de sus menores hijos C. E., y R., del C., de apellidos C. P., en contra de . CUARTO. Atendiendo a lo resuelto en la parte considerativa de este fallo se ordena reponer el procedimiento para efectos de requerir al demandado para que comparezca a ratificar todos los escritos que se encuentran suscritos a su nombre y que obran glosados en la causa principal número relativo al divorcio incausado, y en la acción acumulada número , relativo al juicio especial de alimentos, promovido por , por su propio derecho, y en representación de sus menores hijos R., del C., y C. E., de apellidos C. P., apercibido que de no hacerlo se ordenara el archivo definitivo del juicio de divorcio incausado instaurado (juicio principal), ordenándose la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda. Asimismo, y en relación a la causa acumulada número relativo al juicio de reclamación de alimentos, quedará sin efecto legal alguno el escrito de contestación, debiendo continuarse con la secuela procesal del mismo en su rebeldía hasta su total conclusión. Por otra parte, y con independencia de la ratificación ordenada en los párrafos precedentes, se insta a la jueza de origen para que ordene desahogar informe al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en avenida Homero 1832, colonia Los Morales Polanco, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México; quien deberá indicar: a) Si el ciudadano , originario de la ranchería El Recreo, Jalpa de Méndez, Tabasco, cuenta con pasaporte y visa, y en caso afirmativo, precise qué clase de visa tiene si es de turista o de trabajo, el empleo que tiene registrado y en su caso la empresa donde labore; indicando las fechas de entradas y salidas del país, al que ingresa con frecuencia, durante el período de dos años a la fecha y la duración que permanece en este país y en el extranjero; solicitud de informe por los conductos legales a la empresa SMG INC., que expidió los recibos a ¨¨¨¨, para que informe sobre el salario y demás prestaciones que percibe el antes mencionado como empleado, y todos aquellos informes y/o pruebas que sean indispensables para conocer la capacidad económica del deudor alimentante. Lo anterior, conforme a la facultad que le confiere eI artículo 489, fracción I de la legislación procesal civil en vigor, y en su oportunidad, con base en la totalidad del material probatorio, incluso de los que recabe, atento al principio de proporcionalidad, determine lo relativo a la pensión alimenticia a favor de la parte actora. QUINTO. En virtud de lo antes resuelto se insta a la jueza de origen, para que a la brevedad posible, y en el momento que lo permita su agenda de trabajo que lleva en el juzgado de su adscripción, señale hora y fecha para el desahogo de la diligencia de ratificación ordenada. SEXTO. En vista de lo resuelto en este fallo, envíese al juzgado de origen copia certificada de las documentales exhibidas por la parte apelada, relativas a las constancias de estudios expedido por el Director de la Escuela Secundaria Estatal Puerto Ceiba, de este Municipio, a nombre de los menores C. E., y R., del C., de apellidos C. P., visibles a fojas siete y ocho del toca, a efectos de que sean tomadas en cuenta al momento de emitirse sentencia que en derecho corresponda. SÉPTIMO. No ha lugar a condenar al pago de gastos y costas en esta instancia, por tratarse de asunto de índole familiar de conformidad con la fracción I del artículo 99 del Código Procesal Civil vigente en el Estado. OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, y con, copia autorizada de la misma, devuélvase el expediente principal al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido." (sic) CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia consultable a foja 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, de la revisión de las constancias no se advierte que las partes hayan hecho valer alguna causa de improcedencia y de oficio no se observa la existencia de alguna, lo que permite continuar con el estudio de fondo de la presente demanda. Cabe precisar, que la demanda de amparo fue presentada oportunamente, pues de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para su presentación es de quince días, mismo que se computa conforme al diverso numeral 18, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; salvo que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que el plazo será de treinta días, a partir del día de su entrada en vigor. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis , sostuvo que aun cuando el numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, disponga que los plazos procesales corren a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, y del propio código, no se advierte el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales en los juicios civiles, debe considerarse que dichas notificaciones surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, conforme al principio interpretativo pro persona en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si a la parte quejosa se le notificó la resolución que reclama el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por lo que dicha notificación surtió efectos el veinticuatro siguiente, es claro que el plazo para promover el juicio de derechos fundamentales se computa del veinticinco de enero al dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo el doce de febrero de dos mil diecinueve, es inconcuso que la misma se encuentra dentro del plazo indicado. QUINTO. Conceptos de violación. El estudio de los conceptos de violación se hará, sin necesidad de transcribirlos, pues no es una obligación legal para el dictado de la sentencia, amén de que con ello, no se infringen los principios de congruencia y exhaustividad. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En consecuencia, se procederá al estudio de los conceptos de violación hechos valer, tal como se encuentran expresados en la demanda de amparo, pero atendiendo a "la causa de pedir", por así permitirlo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". La parte quejosa esgrime sustancialmente como motivos de disenso que: a) La Sala responsable aplicó de forma indebida la suplencia de la queja en favor de la apelante y realizó una incorrecta interpretación del numeral 361, fracción I (sic), violentando el principio de estricto derecho que rige en la materia, pues debió ceñirse a los agravios formulados por la recurrente, por lo que se le colocó en un plano de desigualdad que violenta su esfera jurídica. b) Que toda vez que la suplencia de la queja únicamente opera en favor de los menores, sólo debieron revocarse las determinaciones referentes a los alimentos, dejando intocado lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, al no haberse hecho así, se transgredió su derecho al libre desarrollo de la personalidad. c) Que de la interpretación sistemática del artículo 76 bis (sic) de la Ley de Amparo, se desprende que la suplencia de la queja únicamente es aplicable en materias que no se rigen por el principio de estricto derecho, por lo que en asuntos relativos al orden familiar dicha suplencia sólo opera cuando el quejoso sea menor de edad o incapaz. d) Que la resolución reclamada se basa en supuestos, ya que en ella se da por cierto que no firmó la demanda, cuando éste es un hecho no controvertido por su contraparte y además resulta falso puesto que viaja a Estados Unidos de Norteamérica por temporadas existiendo períodos en los que se encuentra en Paraíso, Tabasco, siendo en uno de dichos lapsos en los que signó la demanda y el escrito en el que manifestó que no se oponía a que sus hijos estén bajo la custodia de su madre. SEXTO. Análisis del acto reclamado. Son infundados unos e inoperantes otros de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa por lo que debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados; sin que se esté en el supuesto de suplir la queja deficiente, toda vez que la parte solicitante de derechos fundamentales no se ubica en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la ley de la materia. Previo a dar contestación a los conceptos de violación, resulta pertinente relatar las consideraciones que sostienen el acto reclamado; por tanto, se indica: En la resolución que se reclama la Sala responsable determinó que de la revisión de las actuaciones que integraban la litis natural se advertían inconsistencias que generaban incertidumbre sobre la voluntad del aquí quejoso , pues no se tenía la certeza de que éste hubiese suscrito la demanda de juicio de divorcio y los diversos escritos que obraban en autos. Luego de hacer una relatoría de los antecedentes del caso, la Sala responsable explicó que de los informes rendidos por la Procuradora Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraíso, Tabasco, se desprendía que no pudieron realizarse la valoración psicológica y el trabajo social relativos a ****, porque éste residía fuera de la entidad. Añadió que a la valoración psicológica compareció el hermano de ******, con la finalidad de hacerse pasar por éste valiéndose del parecido físico que existe entre ellos, que incluso exhibió copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del aquí quejoso; sin embargo, la suplantación quedó de manifiesto debido a la incongruencia en las respuestas que daba. Enfatizó la Sala responsable, que no fue posible realizar el trabajo social debido a que un familiar y vecinos del aquí accionante de amparo, manifestaron que desde hacía trece años, éste se había ido a vivir a Estados Unidos de Norteamérica en busca de trabajo. Explicó que las narradas circunstancias generaban suspicacia acerca de si efectivamente ******, fue quien suscribió los escritos presentados a su nombre en autos; además, que no pasaba inadvertido que no compareció al desahogo de las audiencias celebradas en el transcurso del procedimiento. Que entre los escritos signados aparentemente por ******, destacaba el de doce de febrero de dos mil dieciocho, en el que expresó su consentimiento para que la custodia de los hijos quedara a favor de la madre de éstos. Por lo que al no existir certeza de quién suscribió los ocursos glosados en autos del juicio de origen y versando uno de ellos sobre el derecho de guarda y custodia de los menores hijos, por seguridad jurídica, resultaba necesario ordenar la ratificación de todos los escritos firmados por ****que obran en autos del juicio de divorcio incausado de origen y su acumulado especial de alimentos, con la finalidad de descartar la suplantación que hizo valer la apelante, desde el escrito de contestación de demanda, pues su falta de observancia representaba una violación manifiesta de la Ley que dejó sin defensa a la parte disidente. Al tema de la ratificación de los escritos, la Sala responsable añadió el referente a la pensión alimenticia fijada en favor de María del Carmen Pérez Córdova y sus menores hijos, respecto de la cual indicó fue establecida en contravención a lo dispuesto en el numeral 307 del Código Civil para el Estado de Tabasco, en razón de que no se indagó la capacidad económica del deudor alimentario, ni se atendieron de forma correcta las necesidades de los acreedores alimentarios y demás circunstancias del caso. Abundó que el citado numeral marca la pauta para determinar el monto de la pensión alimenticia, obedeciendo a principios de proporcionalidad y equidad, por lo que para fijarla debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales. En ese contexto, explicó que para fijar una pensión alimenticia debe tomarse en consideración el entorno social en el que el deudor y el acreedor se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades de la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan las necesidades vitales o precarias del acreedor sino el solventarle una vida que le permita desarrollarse dentro del estatus social al que pertenece, sin desatender las posibilidades del responsable a proporcionar los alimentos. Precisó la responsable ordenadora que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 487, 488 y 489 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, se desprendía que en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de derechos de alimentos, los tribunales en su ámbito de competencia deben decretar todas la medidas necesarias que salvaguarden la supervivencia, integridad física y desarrollo emocional de los acreedores, encontrándose dentro de esas atribuciones la de suplir la deficiencia de las partes y de forma oficiosa recabar las pruebas que conduzcan al descubrimiento de la verdad. Citó en apoyo las jurisprudencias de títulos "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ)" y "MENORES DE EDAD INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE", así como la tesis de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. SU ALCANCE CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS DE ALIMENTOS, MENORES O INCAPACES Y OTROS DE ORDEN FAMILAR REGULADOS EN APELACIÓN DE MANERA ESPECIAL (LEGISLACIÓN DE PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)". En ese contexto, adelantó que al no existir en el expediente pruebas suficientes que justificaran la capacidad económica del deudor alimentante, para estar en condiciones de fijar una pensión alimenticia a favor de los acreedores, era necesario reponer el procedimiento de la acción de alimentos del juicio acumulado. Agregó que de la lectura a la demanda del expediente ****relativo al juicio especial de reclamación de alimentos promovido por ***, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales C.E.C.P. y E.D.C.C.P., se desprendía la solitud del pago de una pensión alimenticia mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que se aseguró que el demandado es propietario de un negocio de compra y venta de autos usados. Por su parte el demando en contestación, sostuvo que la citada prestación era improcedente, ya que la actora contaba con la capacidad de procurarse sus alimentos debido a que tenía una tienda de abarrotes por lo que obtenía ingresos para su subsistencia y la manutención de sus hijos, además de que en ese momento él se encontraba desempleado por lo que no tenía ingresos y aun cuando siempre había cumplido con su obligación alimentaria, jamás había proporcionado la cantidad que referían sus acreedores porque no tenía ingresos de esa naturaleza ni profesión para obtener recursos suficientes. La responsable hizo referencia a la prueba ofrecida por M****, consistente en la confesional a cargo de *****, de la que dijo se obtuvo que el responsable alimentario manifestó que no radica en este país sino que desde hacía doce años residía en Estados Unidos de Norteamérica, hecho que se robustecía con el oficio de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, signado por la Procuradora Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraíso, Tabasco, con el que comunicó que no fue posible realizar el trabajo social en el domicilio de éste último, porque al preguntar por él, una persona que se ostentó como su familiar manifestó que desde hacía trece años ****** se había ido a vivir a los Estados Unidos en busca de trabajo, dicho que se corroboró con lo manifestado por vecinos de ese lugar. Que los informes rendidos por el Comandante Destacamento de la Policía Estatal de Caminos, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1" y el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, no aportaban dato relevante alguno para conocer la capacidad económica del responsable alimentario, por no existir registros actuales. Además, sostuvo la Sala que el hecho de que el obligado alimentario no residiera en el país, no era obstáculo para investigar sobre su haber económico, pues existían constancias en autos que hacían suponer que se encontraba trabajando en Estados Unidos de Norteamérica, como lo eran dos recibos de pago expedidos a nombre de ******, en las que se observaba como su domicilio *******, datos que consideró relevantes y con los que era posible solicitar información sobre el deudor alimentario, sin que la juzgadora de origen lo hubiese realizado. Iteró la responsable ordenadora que para conocer las posibilidades económicas del deudor debió indagarse su domicilio, la actividad que realizaba, así como el nivel de vida que ostentaba, ya que al tratarse de un asunto del orden familiar, en términos del numeral 489 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, el juzgador estaba facultado para ordenar cualquier prueba aunque no la hubiesen ofrecido las partes. Precisó que para poder resolver la acción de alimentos, el juzgador estaba obligado a allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias relativas a la capacidad económica del deudor alimentante, como consecuencia de los hechos vertidos por las partes en los escritos que fijaron la litis, a fin de resolver con base en los principios de proporcionalidad y equidad con que deben ser otorgados los alimentos. Así, concluyó la Sala responsable que la omisión de la juzgadora de primera instancia de indagar la capacidad económica del responsable alimentario, vulneró el principio de igualdad procesal y desatendió el beneficio directo de los niños acreedores de recibir una pensión alimenticia acorde al principio de proporcionalidad, más aún porque en autos existían elementos aptos para allegarse del conocimiento de las percepciones del deudor alimentario, no siendo válido dejar las cargas probatorias a las partes cuando hay de por medio intereses de menores de edad. En ese contexto, señaló que cuando en autos no se hayan demostrado o se desconozcan los ingresos del deudor alimentario, ante la imposibilidad de la parte actora de demostrar los ingresos del demandado y la renuencia de éste de aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos, para fijar el monto de los alimentos habrá que atender a la capacidad económica y al nivel de vida del deudor y acreedor allegándose oficiosamente de pruebas, como en el caso, serían el informe que se solicite al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que indique si la visa con que cuenta el deudor alimentario es de trabajo o de turista, qué empleo tiene registrado, en qué empresa labora, las fechas de entrada y salida del país, o el informe que se solicite por los conductos legales, a la empresa que expidió los recibos de pago a nombre de *****, a fin de que informe el salario y demás prestaciones que recibe. Por lo que, toda vez que en autos no constan medios de convicción que acrediten fehacientemente el ingreso real del deudor alimentista, era necesario recabar los informes antes precisados, con la finalidad de que en la resolución que se dicte no se fije una pensión alimenticia de manera irreal e insuficiente para las necesidades de los menores acreedores. En apoyo a tal consideración, citó la jurisprudencia por contradicción de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ)". Por todo ello, la Sala responsable consideró procedente revocar la sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento a efecto de que: 1. Se requiera al demandado para que comparezca a ratificar todos los escritos suscritos a su nombre que obran agregados en el expediente *****relativo al juicio de divorcio incausado y en la acción acumulada ****, relativa al juicio especial de alimentos, promovido por *******, por su propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales R.D.C.C.E. y C.E.C.P., con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenará el archivo definitivo del juicio de divorcio incausado instaurado (juicio principal); y, en relación a la causa acumulada relativa al juicio de reclamación de alimentos, quedará sin efectos legal alguno el escrito de contestación, continuándose la secuela procesal en su rebeldía. 2. Con independencia de la ratificación de los escritos antes citada, la Jueza de origen ordene desahogar informe del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, residente en Ciudad de México, a fin de que indique si *******, cuenta con pasaporte y visa, en caso afirmativo, precise qué clase de visa tiene, si es de turista o de trabajo, el empleo que tiene registrado y en su caso la empresa donde labora, señalando las fechas de entrada y salida del país al que ingresa con frecuencia, ello, en el lapso de dos años a la fecha, así como qué tiempo permanece en este país y en el extranjero; informe, por los conductos legales, de la empresa SMG INC., que expidió los recibos a ********, para que indique el salario y demás prestaciones que percibe como empleado y, todos aquellos informes y/o pruebas que sean indispensables para conocer la capacidad económica del deudor alimentante. Sentado lo anterior, se tiene que el concepto de violación precisado en el inciso a) resulta infundado toda vez que del análisis de las constancias se verifica que la recurrente en sus agravios manifestó que la sentencia apelada violaba el interés superior del menor, pues en ella no se tomó en consideración que ****** no radicaba en el país desde hacía años por lo que el escrito presentado a su nombre, referente a la preferencia de guarda y custodia de los menores, podían no haber sido firmado por él y, que la jueza de origen en lugar de recabar de forma oficiosa pruebas que le permitieran conocer los ingresos del deudor y resolver lo relativo a los alimentos, desechó las que había ofrecido para ese fin. Asimismo, de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable ponderó que el caso se trataba de uno del orden familiar, que involucraba el derecho de alimentos de menores de edad, por lo que los tribunales de manera oficiosa debían decretar las medidas necesarias que salvaguardaran la supervivencia, integridad física y desarrollo emocional de los acreedores, recabando de forma oficiosa las pruebas que condujeran al descubrimiento de la verdad, para estar en condiciones de fijar una pensión alimenticia justa y equitativa. Proceder de la Sala responsable que sin duda, guarda relación con los motivos de disenso plantados por la apelante y es acorde a los dispuesto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que dispone: "ARTÍCULO 361.- Sentencia de segunda instancia La sentencia de segunda instancia se sujetará a lo siguiente: I.- Se limitará a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o que hayan sido consentidos expresamente por las partes. En los asuntos de orden familiar y de estado y condición de las personas o cuando el afectado sea un menor o incapacitado, deberá suplirse la deficiencia de los agravios formulados o la falta de ellos. (.)" Precepto legal de acuerdo con el cual en las sentencias de apelación deberá suplirse la deficiencia de los agravios formulados o la falta de ellos, entre otros, en los asuntos de orden familiar o cuando el afectado sea un menor. Por tanto, no asiste razón al quejoso al indicar que la resolución reclamada lo coloca en un plano de desigualdad, pues como ya se dijo, la circunstancia de que ha permanecido fuera del país por varios años y el escrito relativo a la preferencia de guarda y custodia de sus menores hijos presentado en el procedimiento pudo haber sido signado por una diversa persona, sí fue hecha valer en sus agravios por la recurrente y, la obligación del juzgador de recabar pruebas de manera oficiosa por encontrase de por medio el derecho de alimentos de menores de edad, también fue abordada en los motivos de disenso de la apelante, por lo que formó parte de la litis, aunado a ello, como ha quedado demostrado, la ley que regula la materia prevé las hipótesis en que operará la suplencia de la deficiencia de los agravios, encontrándose entre estos, los asuntos del orden familiar en los que se vean afectados menores de edad. Por otra parte, lo esgrimido por el accionante de amparo a modo de concepto de violación, identificado con el inciso c), es inoperante, toda vez que constituye una aseveración que no controvierte de forma alguna los argumentos de la Sala responsable expuestos en el acto reclamado, máxime que se sustenta en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo abrogada, mismo que no podía aplicarse al resolver el recurso ordinario del que emana la determinación que reclama, en razón de la materia y la vigencia de dicho precepto legal, pues no se encontraba vigente en la fecha en que se dictó la sentencia reclamada, y en su momento previó la suplencia de la queja que debía realizar el juez de control constitucional al emitir la sentencia de amparo, y no un juzgador de proceso, como lo son las autoridades a las que señaló como responsables. Lo sostenido en el motivo de disenso identificado con el inciso b) es infundado, ya que es imposible que se revocaran parte de las determinaciones decretadas en la sentencia, dejando intocadas otras, ya que ello sería contrario al principio de indivisibilidad que rige la sentencia como acto jurídico, que significa que sus consideraciones forman una unidad que jurídicamente no es conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, es decir, no se puede desconocer que existe un vínculo causal entre todas las consideraciones de la sentencia, pues existe identidad en las partes y el objeto del proceso se relaciona con los derechos que se pretende defender; de ahí que de permitirse lo pretendido por el quejoso, se provocaría inseguridad jurídica, pues se correría el riesgo que respecto de un mismo juicio se emitieran resoluciones contradictorias. Aunado a ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en la sentencia que se dicte en los juicios de divorcio, el Juez debe resolver lo pida o no las partes, lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos. Dicho precepto al efecto dispone: "ARTÍCULO 508.- Facultades del juzgador En los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido. Para ello, desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones." En efecto, al ser los alimentos y la guarda y custodia de los hijos cuestiones inherentes al matrimonio, debe resolverse sobre ellos en la sentencia en que se declare la disolución del vínculo matrimonial, lo que no puede considerarse que ponga en entredicho el reconocimiento al derecho a la libre personalidad de las partes, que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, pues ello no prejuzga sobre la procedencia o improcedencia de la disolución del vínculo matrimonial solicitada, amén que el derecho fundamental a la jurisdicción no es absoluto, y aquellos admiten restricciones siempre y cuando no sean arbitrarias, por lo que el que se resuelva seguido el procedimiento en una única sentencia sobre el divorcio y los temas que guardan íntima relación con él, cómo son los alimentos y la guarda y custodia, tiene una finalidad válida, ya que atiende al interés superior del menor. No obstante lo antes expuesto, no para desapercibido para este juzgador que el aquí quejoso solicitó ante el juzgado de origen la acumulación de los juicios de divorcio incausado y de reclamación de alimentos y, que la juzgadora decretó tal medida a fin de evitar que el deudor alimentario pudiera quedar obligado mediante dos resoluciones al pago de la pensión alimenticia. Tampoco puede soslayarse que uno de los motivos por los que la Sala responsable ordenó la reposición del procedimiento en el juicio natural, es la incertidumbre de que ******* efectivamente hubiese suscrito la demanda de divorcio, por lo que sostuvo que la misma al igual que los diversos escritos presentados a su nombre que obraban en autos debían ser ratificados, argumento toral de la sentencia reclamada que el quejoso no controvirtió. Y en ese sentido, debe precisarse que el concepto de violación sintetizado en el inciso d), resulta infundado, ya que contrario a lo sostenido por el quejoso, la resolución que reclama no se basa en supuestos, sino en las pruebas que obran en el sumario de las que destacan, como lo sostuvo la Sala responsable, la valoración psicológica que debía practicársele, a la cual no asistió, compareciendo en su lugar una diversa persona que pretendió hacerse pasar por él y, el informe rendido por la Procuradora Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraíso, Tabasco, con el que comunicó que no fue posible realizar el trabajo social en el domicilio de ******, porque al preguntar por él, una persona que se ostentó como su familiar manifestó que desde hacía trece años se había ido a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de trabajo, dicho que se corroboró con lo manifestado por vecinos de ese lugar. Pruebas a las que la responsable ordenadora concatenó las manifestaciones vertidas por ******en su escrito de contestación de demanda y la circunstancia de que el aquí quejoso no compareció de manera personal al desahogo de las audiencias celebradas en el transcurso del proceso. En efecto, de las constancias de autos de obtiene que el aquí quejoso en ningún momento a lo largo del juicio de origen, se presentó ante el juzgado, lo que pudo haber realizado si como lo aseveró existieron períodos en los que se encontró en el municipio de Paraíso, Tabasco, además de que en modo alguno acreditó que se hubiese trasladado a esa localidad durante el tiempo en que se siguió el juicio de origen, ni el envío por mensajería de los libelos presentados a su nombre, que dice efectuó. SÉPTIMO. Decisión. Por los motivos expuestos, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados por ******en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil ******, que revocó la sentencia definitiva de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, en Paraíso, Tabasco, en autos del juicio ordinario civil de divorcio incausado 523/2017, planteado por el aquí quejoso ******, en contra de ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨, relativo al juicio especial de reclamación de alimentos, promovido por ****************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales C.E.C.P. y R.D.C.C.P., en contra de ******. OCTAVO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de datos personales, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******contra los actos reclamados a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, consistentes en la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil *****, que revocó la sentencia definitiva emitida por la mencionada juzgadora de primera instancia, en el juicio ordinario civil de divorcio ¨*******y su acumulado *****relativo al juicio especial de reclamación de alimentos, así como su ejecución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia.

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