Rubí Tapía López
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- G. V. L. T.
- Rubí Tapía López
Actuaciones
- Principal
".... Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, así como el testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria de dos de junio de dos mil veintidós, relativa al conflicto competencial 15/2022, de su índice, en la que se consignan los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para conocer de la demanda de amparo promovida por *-*-*-**-**-*, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE INICIALES G.L.T., en su integridad, es decir, en contra de los autos reclamados tanto a la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Poza Rica, Veracruz, como a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; demanda que ratificó bajo el número *-*-*-*-** de su índice. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a los Juzgado Décimo Primero y Décimo Tercero de Distrito, ambos en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, y devuélvase al segundo de ellos las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 609/2022 que remitió a este colegiado..." Al respecto, se acuerda: Se ordena realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acusar el recibo de estilo a la Superioridad. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el expediente electrónico coincide fielmente en todas y cada una de sus partes con el expediente físico en que se actúa, toda vez que no existe promoción pendiente de acordar, archívese el presente asunto como concluido de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccio-nales, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues declinó competencia para conocer de la demanda de amparo y no existe documento original agregado al presente expediente; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos vigésimo, fracción I y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente ....
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual comunica la admisión del conflicto competencial entre el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por... por sí y en representación de su menor hijo; el cual quedó registrado bajo el expediente número 15/2022..."
- Principal
"...Agréguese a los autos la impresión de la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito; en consecuencia, se provee: Remítanse los autos originales del presente expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, para la substanciación del conflicto competencial de separación de autos suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, y este juzgado; se solicita que de no tener inconveniente, acuse de recibo de la recepción de dichas constancias..."
- Principal
".... RECEPCIÓN DE AUTOS Téngase por recibida la demanda de amparo, formada con las copias certificadas del diverso expediente 615/2022 de la estadística del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el que se decretó la separación de autos, ordenando formar un nuevo juicio para conocer de los actos reclamados por la quejosa Rubí Tapia López, en representación de su menor hijo de identidad resguardada, identificado con las iniciales G.V.L.T. Cabe puntualizar que los actos que serán materia del conocimiento de este órgano .... Por tanto, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 609/2022-IV-B. NO SE COMPARTE EL CRITERIO EN QUE SE SUSTENTA LA SEPARACIÓN DE JUICIOS PLANTEADA Ahora bien, del análisis practicado a la demanda de amparo de referencia y sus anexos, se concluye que este tribunal federal no comparte el criterio del Secretario encargado del Despacho del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por las razones que expone y la forma en que lo hizo. En principio cabe destacar que del contenido integral de la demanda, tanto del apartado relativo al acto reclamado, los antecedentes, los conceptos de violación como fueron planteados, en correlación con las constancias del juicio de origen, se advierte que la quejosa Rubí Tapia López, en representación de su menor hijo de identidad resguardada identificado con las iniciales G.V.L.T., reclama: I. De la Juez de Primera Instancia del Juzgado Octavo Especializado en Materia Familiar, residente en Poza Rica, Veracruz: la omisión de acordar los escritos de uno y cinco de agosto de dos mil veintidós, porque desde el nueve de agosto de dos mil veintidós a la fecha (de presentación de la demanda de amparo) no se había acordado su petición, relativa a que se imponga a Cristian Rocío Lara de la Cruz solidariamente la pensión alimenticia decretada a favor de los acreedores alimentistas R-*-*-*-, y el menor de iniciales G.V.L.T., en contra del demandado Omar Raymundo Lara de la Cruz, por ser hermana dicho deudor alimentario y se encuentra obligada solidariamente a responder por dichos alimentos. II. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: la violación del contenido del artículo 88 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por omitir vigilar el desempeño de la misma Juez de Primera Instancia del Juzgado Octavo Especializado en Materia Familiar, residente en Poza Rica, Veracruz. III. Del Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: a) la violación del artículo 103 fracción (sic) III, XX y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; porque la Juez de Primera Instancia del Juzgado Octavo Especializado en Materia Familiar, residente en Poza Rica, Veracruz, no tiene la formación, actualización y especialización requerida para ser Juez de un Juzgado Especializado en Materia Familiar, lo que sustenta en la omisión de la juzgadora de acordar favorable su petición [imponer a Cristian Rocío Lara de la Cruz solidariamente la pensión alimenticia decretada en contra del demandado Omar Raymundo Lara de la Cruz, por ser hermana de éste]. b) La negativa ficta a resolver las quejas que, vía telefónica, le dirigió la quejosa los días doce, quince y diecinueve "de los corrientes" [contra la multicitada omisión de la Juez de Primera Instancia del Juzgado Octavo Especializado en Materia Familiar, residente en Poza Rica, Veracruz]. c) La omisión y nula evaluación sobre las obligaciones de la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, por no acordar favorable la petición de la quejosa. En torno a tales actos el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó la separación de juicios de amparo, al considerar que los destacados actos reclamados en el juicio de amparo 615/2022 de su índice, están desvinculados entre sí, al derivar de diversos juicios y/o procedimientos administrativos. En ese orden de ideas, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, estableció que si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la abrogada Ley de Amparo, debía por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establecía la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, y concluyó diciendo que fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requería hacer la separación. La citada jurisprudencia P./J. 76/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento dieciocho, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." De este modo, conforme a dicho criterio jurisprudencial cuando ante la potestad Federal se reclame la constitucionalidad de actos provenientes de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, que provienen de la misma autoridad o de diversa, ya sea en el auto de radicación, durante la tramitación o bien hasta antes del dictado de la sentencia correspondiente, el juez de amparo debe decretar la separación de juicios, proveyendo lo necesario para la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas indispensables para su integración; ordenando el trato que a cada uno corresponda jurídicamente y si todos son de su competencia los fallará por cuerda separada, o bien dará el trámite correspondiente en caso de ser la competencia de otro órgano. Todo lo cual responde a que los tribunales de amparo por los objetivos que persiguen deben en aras de una adecuada administración de justicia velar por el recto desarrollo del juicio de amparo, brindando en todo momento seguridad jurídica a las partes que acuden a solicitar la protección de la justicia Federal. Hechas las anteriores precisiones, se insiste, no se comparte el criterio del Secretario encargado del Despacho del Juzgado Decimoprimero de Distrito, al determinar la separación de autos, en virtud de que la parte quejosa al relatar sus antecedentes y conceptos de violación considera que los actos que reclama de la autoridad jurisdiccional deben ser vigilados por otras autoridades que tienen esas facultades, además de obligaciones de velar, en opinión de la quejosa, la recta aplicación de la ley, y por ende, que la actuación del órgano jurisdiccional sea efectivamente vigilada, en el caso, por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa y, por lo mismo, su reclamo denota que los actos reclamados no se encuentran desvinculados entre sí, máxime si se tiene en consideración que no puede legalmente estudiarse por separado, porque ello daría como resultado dividir la continencia de la causa. En torno a la figura de la separación de autos, se debe precisar, que el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 76/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", cuyos elementos que se deben conjugar, son los siguientes: 1) Que se trate de pluralidad de actos, 2) Que los actos sean emanados de juicios diversos, 3) Que los actos se encuentren desvinculados entre sí. El primer aspecto se cumple en el presente asunto, debido a que son tres los actos reclamados por la quejosa. Sin embargo, el segundo y tercer aspecto no adquieren realidad jurídica en este juicio, en virtud que los actos reclamados no se encuentran desvinculados entre sí, al tener la misma fuente de origen, como se advierte de las constancias que obran en autos. Si bien a primera vista pareciera tratarse simplemente de diversas materias, lo cierto es que sí existe una relación entre esos actos, pues todos se hacen derivar de la omisión de la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, de cumplir con sus funciones jurisdiccionales, en el caso, el acordar favorable su petición de la quejosa, en concreto, imponer a Cristian Rocío Lara de la Cruz solidariamente la pensión alimenticia decretada en contra del demandado Omar Raymundo Lara de la Cruz, por ser hermana de éste. De ahí que, los actos atribuidos a las autoridades administrativas, tienen como finalidad que la Juez responsable cumple con sus funciones, en específico, constreñirla a acordar favorable su petición, la ya indicada. En mérito de lo anterior, a juicio del suscrito, no existe necesidad procesal de resolver de manera separada las pretensiones de la quejosa, incluso, pueden generarse sentencias contradictorias sobre actos que tienen el mismo origen. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.C.4 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, página 353, con número de registro 213106, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD NO ES UNA INTERPRETACION RIGIDA QUE PUEDA TOMARSE COMO REGLA GENERAL. Existe el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el sentido de que la demanda de amparo es un todo, debiendo atenderse al principio de la indivisibilidad de la demanda, tanto para admitirla como para desecharla; sin embargo, es preciso considerar que no es una interpretación rígida que pueda sentarse como regla general, y tiene aplicación cuando los actos están fuertemente ligados entre sí, formando una unidad o un todo que no es posible desmembrar; y sólo cuando la demanda contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse por separado, será necesario estudiar si procede aplicar las reglas anteriores, tomando en cuenta el caso concreto. Asimismo, se cita en apoyo la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, página 867, con número de registro 310137, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FORMA DE ADMISION DE LA. La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las disposiciones de la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla como para rechazarla. La ley presupone solamente dos posibilidades: la primera, que la demanda sea procedente y la segunda, que no lo sea; pero en ambos casos se refiere a la integridad del libelo que, según las disposiciones constitucionales y reglamentarias relativas, constituyen la base del juicio y presenta el caso a debate, formando una verdadera unidad o un todo que conviene conservar incólume, a fin de que se resuelva sobre todos los puntos, o se niegue su admisión en su integridad, para evitar que se anime un procedimiento innecesario por tratarse de queja mal fundada. De admitir la Ley de Amparo la posibilidad de que la demanda fuere rechazada en parte, no se hubiera expresado en los términos "desechar aquella", esto es, toda la demanda; criterio que se robustece examinando los preceptos de la ley, que ordena que la demanda confusa sea aclarada; sin embargo, es preciso considerar que la doctrina expuesta no es una interpretación rígida, que pueda sentarse como regla general, y que solo tiene aplicación justa, cuando los actos reclamados están fuertemente ligados entre si, formando una unidad o un todo que no es posible desmembrar. Ahora bien, dicha jurisprudencia es aplicable al caso en que el acusador o denunciante recurre en amparo la sentencia de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirma el fallo de primera instancia, que concedió la libertad por falta de méritos en favor de los indiciados, en el proceso instruido en averiguación de los delitos de falsificación de documentos privados y falsedad en declaraciones judiciales; en que se recurre, igualmente, del H. Congreso de la Unión, haber dictado el artículo 10 de La Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales y el decreto de 2 de enero de 1931, concediendo al Ejecutivo Federal facultades para reformar y expedir el Código Penal; y del presidente de la República, haber dictado, con el carácter de ley, y en virtud de las entidades que le confirió el citado decreto de 2 de enero de 1931, los artículos 24, inciso 6o., 29, 31, 34, 35, 37 y 39 del Código Penal para el Distrito y territorios federales, de 13 de agosto de 1931, ya que estando íntimamente ligados los actos reclamados, no puede dividirse la contienda, puesto que la demanda constituye una unidad o un todo que no es posible desmembrar. Por otra parte, es improcedente el juicio de amparo promovido por el acusador o denunciante de un hecho delictuoso, o por la parte civil constituida dentro de un proceso contra la resolución dictada por un tribunal de segunda instancia, por medio de la cual se revoca el auto de formal prisión dictado en contra del acusado, ordenando su libertad por falta de méritos, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, el ejercicio de la acción penal corresponde únicamente al Ministerio Público y en ningún caso a los particulares caso análogo al en que se reclama en amparo la resolución segunda instancia que confirma la de primera que manda poner en libertad, por falta de méritos, a los indiciados. Debe, pues, desecharse, en éste último caso, la demanda, sin hacer declaración expresa en cuanto a los actos que se atribuyen Congreso de la Unión y al presidente de la República, porque esos actos son accesorios de lo principal, como lo es la resolución judicial atacada; y si contra ésta es improcedente la demanda, también lo es por lo que ve a los otros actos. Si se admitiera por un momento el supuesto de que los actos reclamados del Congreso de la Unión y del presidente de la República son independientes del fallo judicial, el amparo contra los primeros sería también improcedente, por aplicación de la regla contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque teniendo el carácter de leyes tales actos, su sola expedición no entraña violación de garantías, sino necesita un acto posterior de autoridad, que en el caso fue la Sala de apelación, para realizar las violaciones. A mayor abundamiento, la improcedencia de la demanda se deriva de las disposiciones del artículo 10, relacionadas con las de 73, fracción XVIII, 74, fracción III, y 145 de la Ley de Amparo, no siendo inconstitucional el primero de esos preceptos, pues no hay razones para estimarlo así, ya que los derechos que establecen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ameritan o requieren, como en casos análogos, una ley reglamentaria que precise su alcance." Aunado a ello, una de las bases esenciales para la separación de juicios de amparo consiste en no crear incertidumbre jurídica y a su vez denegar justicia a quien acude a solicitar la protección de la Justicia Federal, propósitos los anteriores que se omiten cumplir al separar la demanda de amparo. Pues precisamente se generaría inseguridad jurídica, al turnar, por diferentes actos, la misma demanda de amparo a este juzgado de Distrito, lo que podría generar, en torno a una misma controversia, distintos criterios y posturas que, en última instancia podrían dificultar e incluso, imposibilitar, el derecho a la tutela judicial efectiva de la promovente. Lo anterior, porque los actos que se reclaman del Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que de conformidad a la legislación que invoca la quejosa, consisten en vigilar y de exhortar a los integrantes del personal que integra el Poder Judicial del Estado, y en su caso, imponer las correcciones disciplinarias que correspondan; así como la nula intención del Consejo de la Judicatura de la entidad federativa de alcanzar excelencia, objetividad e imparcialidad; y la nula evaluación sobre las obligaciones, tales actos la quejosa también los hace deriva de que la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, no acordó favorable su ya indicada pretensión. En ese mismo contexto, es oportuno precisar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental que tiene toda persona no sólo a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, sino a que éstas emitan sus resoluciones de una manera pronta, completa e imparcial. Igualmente del contenido de dicho numeral se coligen diversos derechos fundamentales, entre ellos, el de economía procesal, de inmediatez y el de concentración, los cuales, a su vez, son los que inspiran el principio que prohíbe dividir la continencia de la causa. También es necesario explicar que, en el juicio de amparo, opera el principio de no división de continencia de la causa, que consiste en resolver, de manera concentrada, las pretensiones vinculadas, la que entre otros casos, emerge cuando los actor reclamados derivan de la misma causa o tienen el mismo origen, a fin de evitar fragmentar el tema litigioso. El citado principio constituye una directriz que implica la unidad que debe haber en todo juicio y consiste en que las pretensiones conexas deben debatirse en un mismo proceso, por lo cual solo será un Juez y una la sentencia que recaiga sobre aquéllas, no obstante, con la separación de autos se originaría que en dos juicios diversos, tramitados ante Juzgadores distintos, se estudien actos relacionados con la cuestión principal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el postulado en comentario (prohibición de dividir la continencia de la causa) se sustenta en la necesidad procesal de resolver de manera concentrada las acciones y pretensiones vinculadas por la misma causa o que tengan el mismo origen. Asimismo, ha sido enfática en el sentido de que no es válido que se divida la continencia de la causa cuando se trate de los mismos hechos que dieren lugar a diversas determinaciones que estuvieren vinculadas entre sí, de tal forma que no pueda pronunciarse sobre unas sin afectar a las demás. En esa secuencia argumentativa, más allá de que dichos actos reclamados deban estudiarse por separado a fin de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse, pues es claro que lo busca es el alcance y la protección de sus derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, así como el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales. Así las cosas, este Juzgado de Distrito respetuosamente no acepta la separación de autos propuesta por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para conocer respecto de los actos reclamados por Rubí Tapia López, en representación de su menor hijo de identidad resguardada, identificado con las iniciales G.V.L.T., contra las autoridades responsables Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, precisados con antelación. Por lo tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Jurisprudencia P./J. 3/2021 (10a.), remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en turno, para que conozca del conflicto competencial suscitado en virtud de no compartirse la separación de juicios realizada por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con esta misma sede, y, resuelva si resulta procedente, mantener el estado de separación de los autos, o bien, regresar los autos al juzgador que determinó la escisión. Asimismo, comuníquese lo anterior al mencionado el Secretario encargado del Despacho, para que haga lo propio, en términos de la mencionada Jurisprudencia, cuyo rubro y texto establecen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno". SOLICITUD DE TURNO Y REMISIÓN PARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA SEPARACIÓN DE AUTOS En cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020, de la Dirección General de Gestión Judicial, mediante oficio que se remita vía correo electrónico a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, con los insertos necesarios, solicítese, el registro de turno para que el Tribunal Colegiado de Circuito, que corresponda, conozca del conflicto competencial de separación de autos generado por lo aquí determinado. Sin que haya lugar a notificar personalmente este proveído a la parte quejosa, en virtud de que en atención a lo determinado en el presente auto, es axiomático que este juzgador no se vinculó con el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a la Secretaria encargada del presente asunto, supervise que la Oficial Judicial "A" encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente expediente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaría supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Asimismo, se autoriza a los Secretarios del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente expediente resulten necesarios. "...."
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