Rubi Taboada Almazo
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Rubi Taboada Almazo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso b), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, CONTRA ACTOS DEL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, DE QUIEN RECLAMA LA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DARLE INFORMACIÓN Y CONTINUAR CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***. REGISTRO FÓRMESE EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO; REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO BAJO EL NÚMERO 80/2023, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN ESAS CONDICIONES, PREVIO A LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ES NECESARIO ESTABLECER QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, SE DEBE ANALIZAR SI EXISTE O NO UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y, EN TAL SUPUESTO, DEBE DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA. EN EFECTO, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE: "ARTÍCULO 113. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXAMINARÁ EL ESCRITO DE DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO." EN RELACIÓN CON ELLO, LO MANIFIESTO SE PRESENTA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE DESPRENDE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ÉSTA SE ANEXEN. ASIMISMO, LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE TAL MODO QUE AÚN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE EVENTUALMENTE PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN ESE SENTIDO, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO, QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTEN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, TODA VEZ QUE LO MANIFIESTO E INDUDABLE DERIVA DEL EJERCICIO DE SUBSUNCIÓN ENTRE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA PARTE QUEJOSA Y LA CORRESPONDIENTE HIPÓTESIS NORMATIVA, LO QUE NADA IMPIDE QUE EL OPERADOR JURÍDICO SUSTENTA CONSIDERACIONES PROFUNDAS O DE GRAN AMPLITUD. ES APLICABLE LA TESIS AISLADA XXIV.2O.11 K (10A.) (REGISTRO 2021089), QUE ESTABLECE: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. EN DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, ENTRE EN LOS QUE DESTACAN LAS TESIS 1A./J. 32/2005, 2A./J. 54/2012 (10A.) Y 2A./J. 115/2015 (10A.), LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAN ESTABLECIDO QUE, POR REGLA GENERAL, EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL IDÓNEA PARA EFECTUAR UN "ANÁLISIS PROFUNDO", PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. NO OBSTANTE, CUANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTIVA SE OBSERVA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, A PARTIR DE LA LECTURA DEL ESCRITO DE DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS, ES DECIR, CUANDO EL OPERADOR JURÍDICO SE LIMITA A EFECTUAR UN SIMPLE EJERCICIO DE SUBSUNCIÓN ENTRE LOS HECHOS MANIFESTADOS EN FORMA CLARA POR EL QUEJOSO Y LA CORRESPONDIENTE HIPÓTESIS NORMATIVA, CON INDEPENDENCIA DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE, ELLO NO IMPLICA QUE DICHO ESTUDIO SE ENCUENTRE VEDADO AL SER, APARENTEMENTE, DE UNA PROFUNDIDAD TAL QUE REQUIERA DE CONSIDERACIONES ADICIONALES AL CONTENIDO DE LA PROPIA DEMANDA (MOTIVACIÓN LEGAL DE LA DECISIÓN), CUANDO, POR EL CONTRARIO, LA IMPROCEDENCIA RESULTA CLARA Y MANIFIESTA, DADA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO RECLAMADO Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA SOBRE ASPECTOS INHERENTES QUE LE PERJUDICAN; POR LO QUE, FRENTE A ESAS CIRCUNSTANCIAS, NO SE INOBSERVAN LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE CENSURAN LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL AUTO INICIAL SE EFECTÚE UN "ANÁLISIS PROFUNDO" PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ES ASÍ, MÁXIME QUE AQUÉLLOS SE REFIEREN A SUPUESTOS EN LOS QUE EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES LEGAL Y RACIONALMENTE PROCEDENTE, ES DECIR, SE JUSTIFICA QUE LA DEMANDA DE AMPARO SE ADMITA, PORQUE POTENCIALMENTE CABE LA POSIBILIDAD (REAL, NO ILUSORIA), DE QUE UNA VEZ RECIBIDOS LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES Y ALLEGADAS LAS PRUEBAS DE LAS PARTES, QUEDE PLENAMENTE DILUCIDADA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE, ADEMÁS, PODRÍA DICTARSE UNA SENTENCIA DE FONDO Y/O AMPARADORA, LO QUE NO OCURRE CUANDO POR DISPOSICIÓN LEGAL Y/O JURISPRUDENCIAL SE GENERA UNA CAUSAL EXPRESA E INSUPERABLE DE IMPROCEDENCIA, PUES EN ESTOS CASOS, LO QUE POTENCIALMENTE ESTÁ DE POR MEDIO, AUN DE ADMITIRSE LA DEMANDA, ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." BAJO ESAS CIRCUNSTANCIAS, A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL DISPONE: "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XVIII. CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, RESPECTO DE LAS CUALES CONCEDA LA LEY ORDINARIA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS, REVOCADAS O NULIFICADAS. SE EXCEPTÚA DE LO ANTERIOR: A) CUANDO SEAN ACTOS QUE IMPORTEN PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, EXTRADICIÓN, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES; B) CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN, AUTOS QUE ESTABLEZCAN PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS O IMPONGAN MEDIDAS CAUTELARES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD, RESOLUCIÓN QUE NIEGUE LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN O QUE ESTABLEZCA LOS REQUISITOS PARA SU DISFRUTE, RESOLUCIÓN QUE DECIDA SOBRE EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, ORDEN DE ARRESTO O CUALQUIER OTRO QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PROCESO PENAL; C) CUANDO SE TRATE DE PERSONA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO. D) CUANDO SE TRATE DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CUANDO LA PROCEDENCIA DEL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA SE SUJETE A INTERPRETACIÓN ADICIONAL O SU FUNDAMENTO LEGAL SEA INSUFICIENTE PARA DETERMINARLA, EL QUEJOSO QUEDARÁ EN LIBERTAD DE INTERPONER DICHO RECURSO O ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO; [.]"PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LA INTEGRIDAD DEL LIBELO CONSTITUCIONAL, SE OBSERVA QUE *** RECLAMA DEL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN Y CONTINUAR CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ****, INSTRUIDA EN CONTRA DE ****, POR EL DELITO DE AMENAZAS. A PARTIR DE ESA PERSPECTIVA, ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTIMA QUE LA SOLA INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES DECIR, EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO GENERA NINGUNA AFECTACIÓN A LOS PARTICULARES, PUES SE DESARROLLA DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJERCICIO DE UNA FACULTAD PUNITIVA QUE PRIMERO OBLIGA AL ESTADO A ESCLARECER HECHOS POSIBLEMENTE DELICTIVOS, SIN OLVIDAR LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS E INOCENTES; FACULTAD QUE ESTÁ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. POR ENDE, ES INCONCUSO QUE, LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, AL TENER UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO Y CONSTITUIR UNA FACULTAD ESTABLECIDA EN LA LEY SUPREMA, NO PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE CONTROL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A MENOS QUE CON MOTIVO DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES SE EMITA UN ACTO QUE INTERVENGA NEGATIVAMENTE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO. A FIN DE ILUSTRAR MEJOR EL SENTIDO QUE GUARDA LA PRESENTE DETERMINACIÓN, SE CITAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: JURISPRUDENCIA PC.VII.P. J/1 P (11A.) DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, REGISTRO DIGITAL 2025663, UNDÉCIMA ÉPOCA, MATERIAS COMÚN, PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 20, DICIEMBRE DE 2022, TOMO III, PÁGINA 2473, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 131, 211, 212, 213, 251 Y 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ADVIERTE QUE LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN TIENE POR OBJETO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REÚNA LOS REQUISITOS O DATOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL; POR ENDE, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA, NO PUEDE SUSPENDERSE, INTERRUMPIRSE O CESAR EN SU CURSO, SALVO LOS CASOS AUTORIZADOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DE AHÍ QUE, CUANDO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SIN IMPUGNAR ACTOS EN LA INVESTIGACIÓN QUE PUDIERAN COMPROMETER DERECHOS HUMANOS, DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, PUES ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, AL NO AFECTARSE EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, PUES EN LA ETAPA TEMPRANA DEL PROCESO PENAL EN QUE SE DESARROLLAN TALES ACTOS - INVESTIGACIÓN INICIAL- EL DERECHO DE DEFENSA DEL INDICIADO ESTÁ SALVAGUARDADO EN LA MEDIDA EN QUE CON LA JUDICIALIZACIÓN DE LA CARPETA SE TRANSITARÁ A UNA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, A FIN DE QUE UN JUEZ GARANTICE EL REFERIDO DERECHO FUNDAMENTAL -ENTRE OTROS- Y DETERMINE LO CONDUCENTE RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, MÁXIME QUE NI SIQUIERA CON LA RENDICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS PODRÍA DESVIRTUARSE DICHA CAUSAL, PUES LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL (ETAPA DE INVESTIGACIÓN) POR MANDATO CONSTITUCIONAL ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL." TESIS (X REGIÓN)2O.1 P (10A.) DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, REGISTRO DIGITAL 2012423, DÉCIMA ÉPOCA, MATERIAS COMÚN, PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 33, AGOSTO DE 2016, TOMO IV, PÁGINA 2592, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 211, FRACCIÓN I, INCISO A), 212, 213, 214, 216, 217, 218 Y 251 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, TIENE POR OBJETO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REÚNA LOS REQUISITOS O DATOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR LO CUAL, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA, NO PUEDE SUSPENDERSE, INTERRUMPIRSE O CESAR EN SU CURSO. EN EFECTO, EL INICIO Y TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL A CARGO DEL REPRESENTANTE SOCIAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁN EXENTOS DE CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A SU SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN, INCLUSO, DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PORQUE LOS ACTOS VERIFICADOS DURANTE ESTA ETAPA, COMO LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL, NO IRROGAN PERJUICIO AL GOBERNADO, PUES NO TRASCIENDEN IRREPARABLEMENTE EN SU ESFERA JURÍDICA, DEBIDO A QUE SON SUSCEPTIBLES DE ANULARSE O CONTRARRESTARSE CUANDO EL FISCAL FORMULE LA IMPUTACIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL, Y SE INICIE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA O FORMALIZADA, O BIEN, EN CASO DE QUE SE DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SE AFIRMA LO ANTERIOR, PORQUE DE CONSIDERAR QUE LOS ACTOS DICTADOS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL, AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO DEL GOBERNADO Y CON ELLO LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, SE OBSTACULIZARÍA INJUSTIFICADAMENTE LA POTESTAD-DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECABAR LOS DATOS DE PRUEBA PARA ESTABLECER QUE SE HA COMETIDO UN HECHO SEÑALADO EN LA LEY COMO DELITO Y QUE EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. ASÍ, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA MENCIONADA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 5O., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL QUEJOSO, YA QUE NO LE CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL, DIRECTA, NI DERIVADA DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ORDEN JURÍDICO, AUNQUE ESTA REGLA GENERAL PUEDE ADMITIR EXCEPCIONES QUE DEBEN EXAMINARSE EN LO PARTICULAR." ****EN ESE SENTIDO, SE REITERA, LA SOLA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN A LA QUEJOSA Y CONTINUAR CON LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE QUE SE TRATA NO ES SUSCEPTIBLE DE SER ANALIZADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, PUES POR EL MOMENTO NO SE TIENE DATO DE QUE ALGUNA DE QUE DICHOS ACTOS AFECTEN SUS PAPELES, DERECHOS O POSESIONES. SE INVOCA, POR LOS MOTIVOS QUE LA CONFORMAN, LA TESIS P. LXIII/2004 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XX, DICIEMBRE DE 2004, PÁGINA 1113, NOVENA ÉPOCA, QUE A LA LETRA DICE: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. LA AVERIGUACIÓN PREVIA CONSISTE EN UNA SERIE DE DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y EN CUMPLIMIENTO DE UN IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, CON OBJETO DE INDAGAR SI HAY ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UN DELITO, ASÍ COMO, EN SU CASO, A SUS PROBABLES RESPONSABLES; POR TANTO, COMO DENTRO DE ESTE PROCEDIMIENTO NO SE SABE DE ANTEMANO CUÁL SERÁ EL RESULTADO, SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO PROPICIA AFECTACIÓN ALGUNA REPARABLE POR LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL; SIN QUE CON TAL AFIRMACIÓN SE SOSLAYE QUE CIERTOS ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA SÍ PUEDAN, POR SUS CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS PROPIOS Y PARTICULARES, SER SUSCEPTIBLES DE ESE CONTROL." PARA DEMOSTRAR LO ANTERIOR, ES PERTINENTE SEÑALAR QUE EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, EN SU APARTADO C, ESTABLECE: "ARTÍCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN. [.] C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO: I. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; II. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE NO ES NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA; III. RECIBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA; IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN MENOSCABO DE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER AL SENTENCIADO DE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARÁ PROCEDIMIENTOS ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO; V. AL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CASOS: CUANDO SEAN MENORES DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESARIO PARA SU PROTECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, OFENDIDOS, TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO. LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN; VI. SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y VII. IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAÑO. [.]" DEL NUMERAL ANTES TRANSCRITO, SE ADVIERTE QUE DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL, FUE INCLUIDO DE MANERA EXPRESA EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAÑO; CONSTITUYÉNDOSE UN MÍNIMO DE DERECHOS BASADOS EN UNA PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO. DE MODO QUE, ENTRE DIVERSOS DERECHOS CONSTITUCIONALES PREVISTOS EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, SE DIO UNA NUEVA DIMENSIÓN A OTRAS FIGURAS COMO LA COADYUVANCIA PARA EFECTOS DE QUE PUDIERAN INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL JUICIO, E INTERPONER LOS RECURSOS EN TÉRMINOS DE LEY. ASÍ, LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO VICTIMAL MEXICANO, Y EN PARTICULAR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A UNA ASISTENCIA JURÍDICA, SE ENCUENTRA CORRESPONDIDO EN EL CUERPO ADJETIVO CORRESPONDIENTE; DE MODO QUE, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, HACE UN RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMAS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA ASESORÍA JURÍDICA QUE LES ASISTE. DE ESA FORMA, LOS NUMERALES 108 , 109 Y 110 , DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVÉN CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHA PARTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ASÍ COMO, LOS MÚLTIPLES DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. EN EFECTO, DE LA LECTURA DE DICHOS NUMERALES, SE ADVIERTE QUE A LA VÍCTIMA SE LE RECONOCE COMO AQUELLA PARTE DEL PROCEDIMIENTO QUE RESIENTE DIRECTA E INDIRECTAMENTE SOBRE SU PERSONA LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR LA CONDUCTA DELICTIVA. EN RAZÓN DE TAL CALIDAD, LE ASISTEN DIVERSOS DERECHOS, COMO EL DE CONTAR CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE EN SU BENEFICIO EXISTAN; EL RECIBIR DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO ASESORÍA JURÍDICA A TRAVÉS DE UN ASESOR JURÍDICO; A SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO TANTO POR ESTE ASÍ COMO, POR EL MINISTERIO PÚBLICO O EL JUEZ; IMPUGNAR POR SÍ O POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, LAS OMISIONES O NEGLIGENCIAS QUE COMETA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN Y, DE MANERA GENERAL, A INTERVENIR EN TODO EL PROCEDIMIENTO POR SÍ O A TRAVÉS DE SU ASESOR JURÍDICO. RESPECTO A LA REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL ASESOR JURÍDICO, LA NORMATIVA EN COMENTO DISPONE QUE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS PODRÁN LLEVAR A CABO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EL NOMBRAMIENTO DEBERÁ RECAER EN UN LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO TITULADO QUE DEBERÁ ACREDITAR SU PROFESIÓN, Y EN CASO DE QUE NO PUEDA HACER LA NOMINACIÓN RESPECTIVA, TENDRÁ DERECHO A UNO DE OFICIO. ES DECIR, QUE LA ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA SE HA PROFESIONALIZADO A FIN QUE NO SEA SOLAMENTE UNA PERSONA DE CONFIANZA O ELLA MISMA QUIENES COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO PENAL, SINO QUE RECAIGA EN UN TÉCNICO DEL DERECHO A FIN QUE PUEDA VELAR POR SUS INTERESES DE MANERA EFECTIVA. SE TIENE ENTONCES QUE LA INTERVENCIÓN DEL ASESOR JURÍDICO SERÁ PARA ORIENTAR, ASESORAR O INTERVENIR LEGALMENTE EN EL PROCEDIMIENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA Y QUE PODRÁ ACTUAR EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, IGUAL QUE LAS VÍCTIMAS, AUNQUE SÓLO PODRÁ PROMOVER LO QUE PREVIAMENTE INFORME A SU REPRESENTADO. DE LO REFERIDO, SE TIENE QUE EL ASESOR JURÍDICO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ACTÚA COMO UN VERDADERO REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA DEL DELITO, EL CUAL TIENE ENTRE SUS FUNCIONES DE MAYOR RELEVANCIA LA ASISTENCIA, ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DENTRO DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL, ASÍ COMO, EN CUALQUIER INSTANCIA, PROCEDIMIENTO O JUICIO EN LOS QUE SEAN PARTE. AHORA, DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE DICHOS PRECEPTOS LEGALES JUNTO CON EL DIVERSO 2585 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE ADVIERTE QUE ESTABLECEN EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, LAS OMISIONES EN QUE INCURRA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR INVESTIGADORA DE LOS DELITOS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO NACIONAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. ASÍ LO SOSTUVO LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 27/2018 (10A.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, REGISTRO DIGITAL 2017641, DÉCIMA ÉPOCA, MATERIA PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 57, AGOSTO DE 2018, TOMO I, PÁGINA 945, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 109, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, OTORGAN A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE UN DELITO, EL DERECHO A IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESE CÓDIGO. ASIMISMO, EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PREVÉ QUE LOS JUECES DE CONTROL TIENEN ENCOMENDADA LA TAREA DE RESOLVER EN FORMA INMEDIATA Y POR CUALQUIER MEDIO, LAS SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL; ADEMÁS, DEBEN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS INDICIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS, CUIDANDO QUE LA ACTUACIÓN DE LA PARTE ACUSADORA SEA APEGADA A DERECHO; ESTO ES, LES CORRESPONDE RESOLVER LAS DILIGENCIAS QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL, EN FORMA ACELERADA Y ÁGIL, ASÍ COMO REALIZAR LAS AUDIENCIAS PROCESALES PRELIMINARES AL JUICIO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA ACUSATORIO. POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PREVÉ LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ESTO ES, EN GENERAL SE TRATA DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR, SUSPENDER O TERMINAR UNA INVESTIGACIÓN. EN ESTE SENTIDO, BIEN PUEDE ENTENDERSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ENCUADRAN EN ESTE SUPUESTO, YA QUE DICHA CONDUCTA SUPONE LA PARALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA. ASÍ, DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS CITADOS, SE OBTIENE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO PUEDEN IMPUGNAR ANTE EL JUEZ DE CONTROL LAS OMISIONES DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL DERIVADAS DE SU FACULTAD INVESTIGADORA, A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUESTO QUE LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INDAGATORIA ES QUE, AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. " LOS PUNTOS QUE SUSTENTARON LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA EJECUTORIA QUE DIO ORIGEN A LA ANTERIOR JURISPRUDENCIA, EN LO QUE INTERESA, FUERON LOS SIGUIENTES: 1] EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PREVÉ UN MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO PUEDAN IMPUGNAR, EN SEDE JUDICIAL ORDINARIA, TODAS AQUELLAS OMISIONES DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA, ASÍ COMO LAS DETERMINACIONES QUE EXPRESAMENTE REGULA SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SEA EL JUEZ DE CONTROL QUIEN DE MANERA ÁGIL, UNA VEZ QUE DÉ INTERVENCIÓN A LAS PARTES, DETERMINE SI LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO INVESTIGADOR ESTÁ LEGALMENTE JUSTIFICADA O NO. 2] UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO; 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS NUMERALES 109, FRACCIÓN XXI Y 258 DEL CÓDIGO NACIONAL, PERMITE CONCLUIR QUE LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR INVESTIGADORA DEBEN ESTAR SUJETAS A CONTROL JUDICIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA EL JUEZ DE CONTROL QUIEN REVISE LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS. 3] ESTA CIRCUNSTANCIA CONDUCE A ESTIMAR QUE TALES DETERMINACIONES NO SE LIMITAN A LAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS EN DICHO NUMERAL (ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL), SINO QUE EN GENERAL SE TRATA DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR, SUSPENDER O TERMINAR UNA INVESTIGACIÓN. EN ESTE SENTIDO, PUEDE ENTENDERSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ENCUADRAN EN ESTE SUPUESTO, YA QUE DICHA CONDUCTA SUPONE LA PARALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA. 4] ADEMÁS, LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN, ES QUE AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. DE ESTA MANERA, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA PUEDE ORDENAR QUE CESE ESE ESTADO DE COSAS Y, EN CONSECUENCIA, QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚE REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. 5] POR OTRO LADO, DEBE DESTACARSE QUE EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTABLECE QUE EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A IMPUGNAR LAS OMISIONES O NEGLIGENCIAS QUE COMETA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN, DEBE HACERSE VALER EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL MISMO CÓDIGO Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. DE AHÍ QUE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL CITADO ARTÍCULO 258 SEA EL IDÓNEO PARA IMPUGNAR LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 6] NO SE SOSLAYA QUE EL CITADO ARTÍCULO 258 ESTABLECE COMO PLAZO PARA LA IMPUGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL, EL DE DIEZ DÍAS POSTERIORES A QUE SEA NOTIFICADA LA DETERMINACIÓN CONTROVERTIDA; SIN EMBARGO, AL RESPECTO, LOS ACTOS OMISIVOS, POR SU ESPECIAL NATURALEZA, NO SE CONSUMAN EN UN MOMENTO, SINO QUE SE PROLONGAN EN EL TIEMPO, MIENTRAS NO SE GENERE UNA ACCIÓN QUE LOS HAGA CONCLUIR. EMPERO, POR CERTEZA JURÍDICA, DEBE PRECISARSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, DEBEN IMPUGNARSE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA OMISIVA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, EN ARAS DE CONTRIBUIR CON EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN ÁGIL DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 7] POR OTRO LADO, LA FUNCIÓN INVESTIGADORA TIENE LUGAR EN LA ETAPA PRELIMINAR, CUYO OBJETO ES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DERIVADOS DE UNA NOTICIA CRIMINAL, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y ELEMENTOS QUE PERMITAN, EN SU CASO, FUNDAR UNA ACUSACIÓN EN CONTRA DE UNA PERSONA A LA QUE SE ATRIBUYA LA COMISIÓN DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO. ESTA LABOR, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN ASUME EL PAPEL DE RECTOR DE LA INVESTIGACIÓN Y ES AUXILIADO POR LA POLICÍA, ASÍ COMO POR EXPERTOS EN DIVERSAS CIENCIAS U OFICIOS. 8] ASÍ, CUANDO LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE UN HECHO CON APARIENCIA DE DELITO, DEBE INVESTIGAR Y PRACTICAR TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS Y ACTOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE LAS PARTES Y EL DEBIDO PROCESO; SIN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE PUEDA SUSPENDERSE O INTERRUMPIRSE, SALVO LOS CASOS PREVISTOS LEGALMENTE. 9] ES NECESARIO ENFATIZAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO TIENE DIVERSAS FINALIDADES, DE ENTRE LAS QUE PODEMOS DESTACAR DOS. LA PRIMERA CONSISTE EN QUE, GENERALMENTE, LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE PRELIMINAR, PUEDA SER SUPERVISADA POR EL JUEZ DE CONTROL. ASÍ, COMO LA INTENCIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL DISEÑAR LA FIGURA DEL JUEZ DE CONTROL -EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE DOS MIL OCHO-, FUE QUE DICHA AUTORIDAD RESOLVIERA LAS IMPUGNACIONES DE LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL DESISTIMIENTO Y LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y, EN GENERAL, LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PARA CONTROLAR SU LEGALIDAD Y ASÍ RESGUARDAR LOS DERECHOS TANTO DE LOS IMPUTADOS, COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. LA SEGUNDA FINALIDAD CONSISTE EN QUE LOS ASUNTOS DERIVADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEBEN SER RESUELTOS DE FORMA EXPEDITA Y EN BREVE TÉRMINO. POR ELLO, LA POSIBILIDAD DE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO IMPUGNEN LAS OMISIONES DEL ÓRGANO INVESTIGADOR ANTE EL JUEZ DE CONTROL, REPRESENTA UN BENEFICIO PARA ÉSTOS, EN VIRTUD DE QUE EN UNA AUDIENCIA CON ASISTENCIA DE LAS PARTES LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE RESOLVER LO CONDUCENTE, SUJETÁNDOSE AL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN EL CÓDIGO NACIONAL. CON ELLO SE BUSCA INDEFECTIBLEMENTE RECUPERAR LA EFICACIA DEL PROCESO ORDINARIO COMO GARANTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES, AL GENERAR TRANSPARENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, PORQUE EL JUSTICIABLE OBSERVA EN TIEMPO REAL Y DIRECTAMENTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 10] ASÍ TAMBIÉN, DE DICHAS OMISIONES DEBE CONOCER PREVIAMENTE EL JUEZ DE CONTROL, YA QUE DE ACUDIR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, ELLO GENERARÍA MAYOR RETRASO EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL, EN RAZÓN A QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDEN ACTUALIZARSE TANTO EN LA FASE INICIAL COMO EN LA COMPLEMENTARIA. 11] EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONCLUYÓ QUE LA OMISIÓN O INACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE SER IMPUGNADA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PUES, COMO LO RESOLVIÓ LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA EJECUTORIA QUE DIO ORIGEN A LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 27/2018 (10A.), LA LABOR DE INVESTIGACIÓN ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y ELEMENTOS QUE PERMITAN EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DERIVADOS DE UNA DENUNCIA, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN ASUME EL PAPEL DE RECTOR DE LA INVESTIGACIÓN Y ES AUXILIADO POR LA POLICÍA, ASÍ COMO POR EXPERTOS EN DIVERSAS CIENCIAS U OFICIOS. ASÍ, CUANDO LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE UN HECHO CON APARIENCIA DE DELITO, DEBE INVESTIGAR Y PRACTICAR TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS Y ACTOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE LAS PARTES Y EL DEBIDO PROCESO; SIN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE PUEDA SUSPENDERSE O INTERRUMPIRSE, SALVO LOS CASOS PREVISTOS LEGALMENTE. POR LO QUE, YA QUE UNA DE LAS FINALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO CONSISTE EN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE PRELIMINAR, PUEDA SER SUPERVISADA POR EL JUEZ DE CONTROL, SE TIENE QUE LA JUEZ RESPONSABLE DEBIÓ ESTUDIAR LA LEGALIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL Y ASÍ RESGUARDAR LOS DERECHOS TANTO DE LOS IMPUTADOS, COMO DE LA VÍCTIMA. ADEMÁS, LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN, ES QUE AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. DE ESTA MANERA, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA PUEDE ORDENAR QUE CESE ESE ESTADO DE COSAS Y, EN CONSECUENCIA, QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚE REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESE ORDEN DE IDEAS, COMO YA SE DIJO, A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA; EN CONSECUENCIA, SE IMPONE DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR *** DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 61, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO POR OTRO LADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE *** COLONIA CENTRO EN ESTA CIUDAD. AUTORIZADOS DE IGUAL MANERA, SE AUTORIZA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA A ****, TODA VEZ QUE TIENE REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, QUE LO ACREDITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO. NO ASÍ POR LO QUE RESPECTA A EDITH MARTÍNEZ DÍAZ, QUIEN NO CUENTA CON EL REFERIDO REGISTRO EN EL SISTEMA DE QUE SE TRATA; POR LO QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE LE TIENE COMO AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. AVISO DE TRANSPARENCIA ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3°, 8°, 9°, 67, FRACCIÓN II, 68, 98, 104, 108, 110, FRACCIONES X Y XI, 113, 117 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 73, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE, SE DETERMINARÁ SOBRE SU PROCEDENCIA Y DE SER ASÍ, SE ELABORARÁ LA VERSIÓN PÚBLICA RESPECTIVA EN LA QUE SE TESTARÁN LAS PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS; ASIMISMO, INFÓRMESELES QUE ESTÁN EN APTITUD DE CONSENTIR LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL DE PROTEGER DICHOS DATOS. TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS TERCERO, ARTÍCULOS 251, 263; CUARTO, ARTÍCULOS 3 Y 23 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, SE ESTABLECE QUE LA DIGITALIZACIÓN LEGIBLE DE LAS PROMOCIONES FÍSICAS O IMPRESAS RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES SERÁ A CARGO DEL OFICIAL JUDICIAL C ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES; ADEMÁS, ÉSTAS SERÁN FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE E INCORPORADAS AL SISE POR LA PERSONA SECRETARIA ENCARGADA DEL ASUNTO O DE QUIEN, EN SU MOMENTO, LA CUBRA POR GOCE DE PERIODO VACACIONAL, LICENCIA O PERMISO. EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LAS COPIAS DE TRASLADO, HOJAS EN BLANCO, FOLDERS, MICAS O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SIN LEYENDA RELEVANTE ALGUNA, CUYA PRESENTACIÓN SE APRECIE ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INGRESAN, NI LAS COPIAS PRESENTADAS COMO "ANEXOS" Y QUE CORRESPONDAN A ACTUACIONES DEL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL. MIENTRAS QUE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA VÍA ELECTRÓNICA O GENERADA ELECTRÓNICAMENTE CONSTARÁ ÚNICAMENTE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SIN QUE DEBA IMPRIMIRSE NI AGREGARSE AL EXPEDIENTE IMPRESO. ASIMISMO, QUE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN, INCLUSO LAS DE CORREOS O PAQUETERÍA DERIVADAS DE ESTE ASUNTO, QUE SE GENEREN FÍSICAMENTE DEBERÁN AGREGARSE DIGITALIZADAS Y DE MANERA LEGIBLE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DE LOS ACTUARIOS A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PRÁCTICA O RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR QUE ELLO SE HAGA DE MANERA OPORTUNA; **** NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA , EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, CONTRA ACTOS DEL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, DE QUIEN RECLAMA LA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DARLE INFORMACIÓN Y CONTINUAR CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***. REGISTRO FÓRMESE EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO; REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO BAJO EL NÚMERO 80/2023, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN ESAS CONDICIONES, PREVIO A LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ES NECESARIO ESTABLECER QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, SE DEBE ANALIZAR SI EXISTE O NO UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y, EN TAL SUPUESTO, DEBE DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA. EN EFECTO, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE: "ARTÍCULO 113. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXAMINARÁ EL ESCRITO DE DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO." EN RELACIÓN CON ELLO, LO MANIFIESTO SE PRESENTA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE DESPRENDE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ÉSTA SE ANEXEN. ASIMISMO, LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE TAL MODO QUE AÚN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE EVENTUALMENTE PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN ESE SENTIDO, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO, QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTEN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, TODA VEZ QUE LO MANIFIESTO E INDUDABLE DERIVA DEL EJERCICIO DE SUBSUNCIÓN ENTRE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA PARTE QUEJOSA Y LA CORRESPONDIENTE HIPÓTESIS NORMATIVA, LO QUE NADA IMPIDE QUE EL OPERADOR JURÍDICO SUSTENTA CONSIDERACIONES PROFUNDAS O DE GRAN AMPLITUD. ES APLICABLE LA TESIS AISLADA XXIV.2O.11 K (10A.) (REGISTRO 2021089), QUE ESTABLECE: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. EN DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, ENTRE EN LOS QUE DESTACAN LAS TESIS 1A./J. 32/2005, 2A./J. 54/2012 (10A.) Y 2A./J. 115/2015 (10A.), LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAN ESTABLECIDO QUE, POR REGLA GENERAL, EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL IDÓNEA PARA EFECTUAR UN "ANÁLISIS PROFUNDO", PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. NO OBSTANTE, CUANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTIVA SE OBSERVA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, A PARTIR DE LA LECTURA DEL ESCRITO DE DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS, ES DECIR, CUANDO EL OPERADOR JURÍDICO SE LIMITA A EFECTUAR UN SIMPLE EJERCICIO DE SUBSUNCIÓN ENTRE LOS HECHOS MANIFESTADOS EN FORMA CLARA POR EL QUEJOSO Y LA CORRESPONDIENTE HIPÓTESIS NORMATIVA, CON INDEPENDENCIA DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE, ELLO NO IMPLICA QUE DICHO ESTUDIO SE ENCUENTRE VEDADO AL SER, APARENTEMENTE, DE UNA PROFUNDIDAD TAL QUE REQUIERA DE CONSIDERACIONES ADICIONALES AL CONTENIDO DE LA PROPIA DEMANDA (MOTIVACIÓN LEGAL DE LA DECISIÓN), CUANDO, POR EL CONTRARIO, LA IMPROCEDENCIA RESULTA CLARA Y MANIFIESTA, DADA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO RECLAMADO Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA SOBRE ASPECTOS INHERENTES QUE LE PERJUDICAN; POR LO QUE, FRENTE A ESAS CIRCUNSTANCIAS, NO SE INOBSERVAN LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE CENSURAN LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL AUTO INICIAL SE EFECTÚE UN "ANÁLISIS PROFUNDO" PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ES ASÍ, MÁXIME QUE AQUÉLLOS SE REFIEREN A SUPUESTOS EN LOS QUE EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES LEGAL Y RACIONALMENTE PROCEDENTE, ES DECIR, SE JUSTIFICA QUE LA DEMANDA DE AMPARO SE ADMITA, PORQUE POTENCIALMENTE CABE LA POSIBILIDAD (REAL, NO ILUSORIA), DE QUE UNA VEZ RECIBIDOS LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES Y ALLEGADAS LAS PRUEBAS DE LAS PARTES, QUEDE PLENAMENTE DILUCIDADA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE, ADEMÁS, PODRÍA DICTARSE UNA SENTENCIA DE FONDO Y/O AMPARADORA, LO QUE NO OCURRE CUANDO POR DISPOSICIÓN LEGAL Y/O JURISPRUDENCIAL SE GENERA UNA CAUSAL EXPRESA E INSUPERABLE DE IMPROCEDENCIA, PUES EN ESTOS CASOS, LO QUE POTENCIALMENTE ESTÁ DE POR MEDIO, AUN DE ADMITIRSE LA DEMANDA, ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." BAJO ESAS CIRCUNSTANCIAS, A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL DISPONE: "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XVIII. CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, RESPECTO DE LAS CUALES CONCEDA LA LEY ORDINARIA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS, REVOCADAS O NULIFICADAS. SE EXCEPTÚA DE LO ANTERIOR: A) CUANDO SEAN ACTOS QUE IMPORTEN PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, EXTRADICIÓN, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES; B) CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN, AUTOS QUE ESTABLEZCAN PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS O IMPONGAN MEDIDAS CAUTELARES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD, RESOLUCIÓN QUE NIEGUE LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN O QUE ESTABLEZCA LOS REQUISITOS PARA SU DISFRUTE, RESOLUCIÓN QUE DECIDA SOBRE EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, ORDEN DE ARRESTO O CUALQUIER OTRO QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PROCESO PENAL; C) CUANDO SE TRATE DE PERSONA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO. D) CUANDO SE TRATE DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CUANDO LA PROCEDENCIA DEL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA SE SUJETE A INTERPRETACIÓN ADICIONAL O SU FUNDAMENTO LEGAL SEA INSUFICIENTE PARA DETERMINARLA, EL QUEJOSO QUEDARÁ EN LIBERTAD DE INTERPONER DICHO RECURSO O ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO; [.]"PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LA INTEGRIDAD DEL LIBELO CONSTITUCIONAL, SE OBSERVA QUE *** RECLAMA DEL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN Y CONTINUAR CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ****, INSTRUIDA EN CONTRA DE ****, POR EL DELITO DE AMENAZAS. A PARTIR DE ESA PERSPECTIVA, ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTIMA QUE LA SOLA INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES DECIR, EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO GENERA NINGUNA AFECTACIÓN A LOS PARTICULARES, PUES SE DESARROLLA DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJERCICIO DE UNA FACULTAD PUNITIVA QUE PRIMERO OBLIGA AL ESTADO A ESCLARECER HECHOS POSIBLEMENTE DELICTIVOS, SIN OLVIDAR LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS E INOCENTES; FACULTAD QUE ESTÁ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. POR ENDE, ES INCONCUSO QUE, LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, AL TENER UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO Y CONSTITUIR UNA FACULTAD ESTABLECIDA EN LA LEY SUPREMA, NO PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE CONTROL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A MENOS QUE CON MOTIVO DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES SE EMITA UN ACTO QUE INTERVENGA NEGATIVAMENTE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO. A FIN DE ILUSTRAR MEJOR EL SENTIDO QUE GUARDA LA PRESENTE DETERMINACIÓN, SE CITAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: JURISPRUDENCIA PC.VII.P. J/1 P (11A.) DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, REGISTRO DIGITAL 2025663, UNDÉCIMA ÉPOCA, MATERIAS COMÚN, PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 20, DICIEMBRE DE 2022, TOMO III, PÁGINA 2473, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 131, 211, 212, 213, 251 Y 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ADVIERTE QUE LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN TIENE POR OBJETO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REÚNA LOS REQUISITOS O DATOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL; POR ENDE, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA, NO PUEDE SUSPENDERSE, INTERRUMPIRSE O CESAR EN SU CURSO, SALVO LOS CASOS AUTORIZADOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DE AHÍ QUE, CUANDO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SIN IMPUGNAR ACTOS EN LA INVESTIGACIÓN QUE PUDIERAN COMPROMETER DERECHOS HUMANOS, DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, PUES ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, AL NO AFECTARSE EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, PUES EN LA ETAPA TEMPRANA DEL PROCESO PENAL EN QUE SE DESARROLLAN TALES ACTOS - INVESTIGACIÓN INICIAL- EL DERECHO DE DEFENSA DEL INDICIADO ESTÁ SALVAGUARDADO EN LA MEDIDA EN QUE CON LA JUDICIALIZACIÓN DE LA CARPETA SE TRANSITARÁ A UNA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, A FIN DE QUE UN JUEZ GARANTICE EL REFERIDO DERECHO FUNDAMENTAL -ENTRE OTROS- Y DETERMINE LO CONDUCENTE RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, MÁXIME QUE NI SIQUIERA CON LA RENDICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS PODRÍA DESVIRTUARSE DICHA CAUSAL, PUES LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL (ETAPA DE INVESTIGACIÓN) POR MANDATO CONSTITUCIONAL ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL." TESIS (X REGIÓN)2O.1 P (10A.) DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, REGISTRO DIGITAL 2012423, DÉCIMA ÉPOCA, MATERIAS COMÚN, PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 33, AGOSTO DE 2016, TOMO IV, PÁGINA 2592, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 211, FRACCIÓN I, INCISO A), 212, 213, 214, 216, 217, 218 Y 251 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, TIENE POR OBJETO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REÚNA LOS REQUISITOS O DATOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR LO CUAL, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA, NO PUEDE SUSPENDERSE, INTERRUMPIRSE O CESAR EN SU CURSO. EN EFECTO, EL INICIO Y TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL A CARGO DEL REPRESENTANTE SOCIAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁN EXENTOS DE CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A SU SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN, INCLUSO, DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PORQUE LOS ACTOS VERIFICADOS DURANTE ESTA ETAPA, COMO LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL, NO IRROGAN PERJUICIO AL GOBERNADO, PUES NO TRASCIENDEN IRREPARABLEMENTE EN SU ESFERA JURÍDICA, DEBIDO A QUE SON SUSCEPTIBLES DE ANULARSE O CONTRARRESTARSE CUANDO EL FISCAL FORMULE LA IMPUTACIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL, Y SE INICIE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA O FORMALIZADA, O BIEN, EN CASO DE QUE SE DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SE AFIRMA LO ANTERIOR, PORQUE DE CONSIDERAR QUE LOS ACTOS DICTADOS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL, AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO DEL GOBERNADO Y CON ELLO LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, SE OBSTACULIZARÍA INJUSTIFICADAMENTE LA POTESTAD-DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECABAR LOS DATOS DE PRUEBA PARA ESTABLECER QUE SE HA COMETIDO UN HECHO SEÑALADO EN LA LEY COMO DELITO Y QUE EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. ASÍ, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA MENCIONADA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 5O., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL QUEJOSO, YA QUE NO LE CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL, DIRECTA, NI DERIVADA DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ORDEN JURÍDICO, AUNQUE ESTA REGLA GENERAL PUEDE ADMITIR EXCEPCIONES QUE DEBEN EXAMINARSE EN LO PARTICULAR." ****EN ESE SENTIDO, SE REITERA, LA SOLA OMISIÓN Y NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN A LA QUEJOSA Y CONTINUAR CON LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE QUE SE TRATA NO ES SUSCEPTIBLE DE SER ANALIZADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, PUES POR EL MOMENTO NO SE TIENE DATO DE QUE ALGUNA DE QUE DICHOS ACTOS AFECTEN SUS PAPELES, DERECHOS O POSESIONES. SE INVOCA, POR LOS MOTIVOS QUE LA CONFORMAN, LA TESIS P. LXIII/2004 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XX, DICIEMBRE DE 2004, PÁGINA 1113, NOVENA ÉPOCA, QUE A LA LETRA DICE: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. LA AVERIGUACIÓN PREVIA CONSISTE EN UNA SERIE DE DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y EN CUMPLIMIENTO DE UN IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, CON OBJETO DE INDAGAR SI HAY ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UN DELITO, ASÍ COMO, EN SU CASO, A SUS PROBABLES RESPONSABLES; POR TANTO, COMO DENTRO DE ESTE PROCEDIMIENTO NO SE SABE DE ANTEMANO CUÁL SERÁ EL RESULTADO, SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO PROPICIA AFECTACIÓN ALGUNA REPARABLE POR LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL; SIN QUE CON TAL AFIRMACIÓN SE SOSLAYE QUE CIERTOS ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA SÍ PUEDAN, POR SUS CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS PROPIOS Y PARTICULARES, SER SUSCEPTIBLES DE ESE CONTROL." PARA DEMOSTRAR LO ANTERIOR, ES PERTINENTE SEÑALAR QUE EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, EN SU APARTADO C, ESTABLECE: "ARTÍCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN. [.] C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO: I. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; II. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE NO ES NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA; III. RECIBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA; IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN MENOSCABO DE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER AL SENTENCIADO DE DICHA REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARÁ PROCEDIMIENTOS ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO; V. AL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CASOS: CUANDO SEAN MENORES DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESARIO PARA SU PROTECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, OFENDIDOS, TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO. LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN; VI. SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y VII. IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAÑO. [.]" DEL NUMERAL ANTES TRANSCRITO, SE ADVIERTE QUE DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL, FUE INCLUIDO DE MANERA EXPRESA EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAÑO; CONSTITUYÉNDOSE UN MÍNIMO DE DERECHOS BASADOS EN UNA PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO. DE MODO QUE, ENTRE DIVERSOS DERECHOS CONSTITUCIONALES PREVISTOS EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, SE DIO UNA NUEVA DIMENSIÓN A OTRAS FIGURAS COMO LA COADYUVANCIA PARA EFECTOS DE QUE PUDIERAN INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL JUICIO, E INTERPONER LOS RECURSOS EN TÉRMINOS DE LEY. ASÍ, LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO VICTIMAL MEXICANO, Y EN PARTICULAR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A UNA ASISTENCIA JURÍDICA, SE ENCUENTRA CORRESPONDIDO EN EL CUERPO ADJETIVO CORRESPONDIENTE; DE MODO QUE, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, HACE UN RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMAS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA ASESORÍA JURÍDICA QUE LES ASISTE. DE ESA FORMA, LOS NUMERALES 108 , 109 Y 110 , DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVÉN CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHA PARTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ASÍ COMO, LOS MÚLTIPLES DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. EN EFECTO, DE LA LECTURA DE DICHOS NUMERALES, SE ADVIERTE QUE A LA VÍCTIMA SE LE RECONOCE COMO AQUELLA PARTE DEL PROCEDIMIENTO QUE RESIENTE DIRECTA E INDIRECTAMENTE SOBRE SU PERSONA LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR LA CONDUCTA DELICTIVA. EN RAZÓN DE TAL CALIDAD, LE ASISTEN DIVERSOS DERECHOS, COMO EL DE CONTAR CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE EN SU BENEFICIO EXISTAN; EL RECIBIR DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO ASESORÍA JURÍDICA A TRAVÉS DE UN ASESOR JURÍDICO; A SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO TANTO POR ESTE ASÍ COMO, POR EL MINISTERIO PÚBLICO O EL JUEZ; IMPUGNAR POR SÍ O POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, LAS OMISIONES O NEGLIGENCIAS QUE COMETA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN Y, DE MANERA GENERAL, A INTERVENIR EN TODO EL PROCEDIMIENTO POR SÍ O A TRAVÉS DE SU ASESOR JURÍDICO. RESPECTO A LA REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL ASESOR JURÍDICO, LA NORMATIVA EN COMENTO DISPONE QUE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS PODRÁN LLEVAR A CABO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EL NOMBRAMIENTO DEBERÁ RECAER EN UN LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO TITULADO QUE DEBERÁ ACREDITAR SU PROFESIÓN, Y EN CASO DE QUE NO PUEDA HACER LA NOMINACIÓN RESPECTIVA, TENDRÁ DERECHO A UNO DE OFICIO. ES DECIR, QUE LA ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA SE HA PROFESIONALIZADO A FIN QUE NO SEA SOLAMENTE UNA PERSONA DE CONFIANZA O ELLA MISMA QUIENES COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO PENAL, SINO QUE RECAIGA EN UN TÉCNICO DEL DERECHO A FIN QUE PUEDA VELAR POR SUS INTERESES DE MANERA EFECTIVA. SE TIENE ENTONCES QUE LA INTERVENCIÓN DEL ASESOR JURÍDICO SERÁ PARA ORIENTAR, ASESORAR O INTERVENIR LEGALMENTE EN EL PROCEDIMIENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA Y QUE PODRÁ ACTUAR EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, IGUAL QUE LAS VÍCTIMAS, AUNQUE SÓLO PODRÁ PROMOVER LO QUE PREVIAMENTE INFORME A SU REPRESENTADO. DE LO REFERIDO, SE TIENE QUE EL ASESOR JURÍDICO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ACTÚA COMO UN VERDADERO REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA DEL DELITO, EL CUAL TIENE ENTRE SUS FUNCIONES DE MAYOR RELEVANCIA LA ASISTENCIA, ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DENTRO DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL, ASÍ COMO, EN CUALQUIER INSTANCIA, PROCEDIMIENTO O JUICIO EN LOS QUE SEAN PARTE. AHORA, DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE DICHOS PRECEPTOS LEGALES JUNTO CON EL DIVERSO 2585 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE ADVIERTE QUE ESTABLECEN EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, LAS OMISIONES EN QUE INCURRA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR INVESTIGADORA DE LOS DELITOS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO NACIONAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. ASÍ LO SOSTUVO LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 27/2018 (10A.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, REGISTRO DIGITAL 2017641, DÉCIMA ÉPOCA, MATERIA PENAL, GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 57, AGOSTO DE 2018, TOMO I, PÁGINA 945, QUE ES DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 109, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, OTORGAN A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE UN DELITO, EL DERECHO A IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESE CÓDIGO. ASIMISMO, EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PREVÉ QUE LOS JUECES DE CONTROL TIENEN ENCOMENDADA LA TAREA DE RESOLVER EN FORMA INMEDIATA Y POR CUALQUIER MEDIO, LAS SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL; ADEMÁS, DEBEN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS INDICIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS, CUIDANDO QUE LA ACTUACIÓN DE LA PARTE ACUSADORA SEA APEGADA A DERECHO; ESTO ES, LES CORRESPONDE RESOLVER LAS DILIGENCIAS QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL, EN FORMA ACELERADA Y ÁGIL, ASÍ COMO REALIZAR LAS AUDIENCIAS PROCESALES PRELIMINARES AL JUICIO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA ACUSATORIO. POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PREVÉ LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ESTO ES, EN GENERAL SE TRATA DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR, SUSPENDER O TERMINAR UNA INVESTIGACIÓN. EN ESTE SENTIDO, BIEN PUEDE ENTENDERSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ENCUADRAN EN ESTE SUPUESTO, YA QUE DICHA CONDUCTA SUPONE LA PARALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA. ASÍ, DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS CITADOS, SE OBTIENE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO PUEDEN IMPUGNAR ANTE EL JUEZ DE CONTROL LAS OMISIONES DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL DERIVADAS DE SU FACULTAD INVESTIGADORA, A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUESTO QUE LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INDAGATORIA ES QUE, AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. " LOS PUNTOS QUE SUSTENTARON LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA EJECUTORIA QUE DIO ORIGEN A LA ANTERIOR JURISPRUDENCIA, EN LO QUE INTERESA, FUERON LOS SIGUIENTES: 1] EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PREVÉ UN MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO PUEDAN IMPUGNAR, EN SEDE JUDICIAL ORDINARIA, TODAS AQUELLAS OMISIONES DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA, ASÍ COMO LAS DETERMINACIONES QUE EXPRESAMENTE REGULA SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SEA EL JUEZ DE CONTROL QUIEN DE MANERA ÁGIL, UNA VEZ QUE DÉ INTERVENCIÓN A LAS PARTES, DETERMINE SI LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO INVESTIGADOR ESTÁ LEGALMENTE JUSTIFICADA O NO. 2] UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO; 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS NUMERALES 109, FRACCIÓN XXI Y 258 DEL CÓDIGO NACIONAL, PERMITE CONCLUIR QUE LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR INVESTIGADORA DEBEN ESTAR SUJETAS A CONTROL JUDICIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA EL JUEZ DE CONTROL QUIEN REVISE LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS. 3] ESTA CIRCUNSTANCIA CONDUCE A ESTIMAR QUE TALES DETERMINACIONES NO SE LIMITAN A LAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS EN DICHO NUMERAL (ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL), SINO QUE EN GENERAL SE TRATA DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR, SUSPENDER O TERMINAR UNA INVESTIGACIÓN. EN ESTE SENTIDO, PUEDE ENTENDERSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ENCUADRAN EN ESTE SUPUESTO, YA QUE DICHA CONDUCTA SUPONE LA PARALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN INVESTIGADORA. 4] ADEMÁS, LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN, ES QUE AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. DE ESTA MANERA, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA PUEDE ORDENAR QUE CESE ESE ESTADO DE COSAS Y, EN CONSECUENCIA, QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚE REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. 5] POR OTRO LADO, DEBE DESTACARSE QUE EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTABLECE QUE EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A IMPUGNAR LAS OMISIONES O NEGLIGENCIAS QUE COMETA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN, DEBE HACERSE VALER EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL MISMO CÓDIGO Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. DE AHÍ QUE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL CITADO ARTÍCULO 258 SEA EL IDÓNEO PARA IMPUGNAR LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 6] NO SE SOSLAYA QUE EL CITADO ARTÍCULO 258 ESTABLECE COMO PLAZO PARA LA IMPUGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL, EL DE DIEZ DÍAS POSTERIORES A QUE SEA NOTIFICADA LA DETERMINACIÓN CONTROVERTIDA; SIN EMBARGO, AL RESPECTO, LOS ACTOS OMISIVOS, POR SU ESPECIAL NATURALEZA, NO SE CONSUMAN EN UN MOMENTO, SINO QUE SE PROLONGAN EN EL TIEMPO, MIENTRAS NO SE GENERE UNA ACCIÓN QUE LOS HAGA CONCLUIR. EMPERO, POR CERTEZA JURÍDICA, DEBE PRECISARSE QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, DEBEN IMPUGNARSE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA OMISIVA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, EN ARAS DE CONTRIBUIR CON EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN ÁGIL DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 7] POR OTRO LADO, LA FUNCIÓN INVESTIGADORA TIENE LUGAR EN LA ETAPA PRELIMINAR, CUYO OBJETO ES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DERIVADOS DE UNA NOTICIA CRIMINAL, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y ELEMENTOS QUE PERMITAN, EN SU CASO, FUNDAR UNA ACUSACIÓN EN CONTRA DE UNA PERSONA A LA QUE SE ATRIBUYA LA COMISIÓN DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO. ESTA LABOR, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN ASUME EL PAPEL DE RECTOR DE LA INVESTIGACIÓN Y ES AUXILIADO POR LA POLICÍA, ASÍ COMO POR EXPERTOS EN DIVERSAS CIENCIAS U OFICIOS. 8] ASÍ, CUANDO LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE UN HECHO CON APARIENCIA DE DELITO, DEBE INVESTIGAR Y PRACTICAR TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS Y ACTOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE LAS PARTES Y EL DEBIDO PROCESO; SIN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE PUEDA SUSPENDERSE O INTERRUMPIRSE, SALVO LOS CASOS PREVISTOS LEGALMENTE. 9] ES NECESARIO ENFATIZAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO TIENE DIVERSAS FINALIDADES, DE ENTRE LAS QUE PODEMOS DESTACAR DOS. LA PRIMERA CONSISTE EN QUE, GENERALMENTE, LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE PRELIMINAR, PUEDA SER SUPERVISADA POR EL JUEZ DE CONTROL. ASÍ, COMO LA INTENCIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL DISEÑAR LA FIGURA DEL JUEZ DE CONTROL -EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE DOS MIL OCHO-, FUE QUE DICHA AUTORIDAD RESOLVIERA LAS IMPUGNACIONES DE LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL DESISTIMIENTO Y LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y, EN GENERAL, LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PARA CONTROLAR SU LEGALIDAD Y ASÍ RESGUARDAR LOS DERECHOS TANTO DE LOS IMPUTADOS, COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. LA SEGUNDA FINALIDAD CONSISTE EN QUE LOS ASUNTOS DERIVADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEBEN SER RESUELTOS DE FORMA EXPEDITA Y EN BREVE TÉRMINO. POR ELLO, LA POSIBILIDAD DE QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO IMPUGNEN LAS OMISIONES DEL ÓRGANO INVESTIGADOR ANTE EL JUEZ DE CONTROL, REPRESENTA UN BENEFICIO PARA ÉSTOS, EN VIRTUD DE QUE EN UNA AUDIENCIA CON ASISTENCIA DE LAS PARTES LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE RESOLVER LO CONDUCENTE, SUJETÁNDOSE AL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN EL CÓDIGO NACIONAL. CON ELLO SE BUSCA INDEFECTIBLEMENTE RECUPERAR LA EFICACIA DEL PROCESO ORDINARIO COMO GARANTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES, AL GENERAR TRANSPARENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, PORQUE EL JUSTICIABLE OBSERVA EN TIEMPO REAL Y DIRECTAMENTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 10] ASÍ TAMBIÉN, DE DICHAS OMISIONES DEBE CONOCER PREVIAMENTE EL JUEZ DE CONTROL, YA QUE DE ACUDIR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, ELLO GENERARÍA MAYOR RETRASO EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL, EN RAZÓN A QUE LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDEN ACTUALIZARSE TANTO EN LA FASE INICIAL COMO EN LA COMPLEMENTARIA. 11] EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONCLUYÓ QUE LA OMISIÓN O INACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE SER IMPUGNADA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PUES, COMO LO RESOLVIÓ LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA EJECUTORIA QUE DIO ORIGEN A LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 27/2018 (10A.), LA LABOR DE INVESTIGACIÓN ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y ELEMENTOS QUE PERMITAN EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DERIVADOS DE UNA DENUNCIA, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN ASUME EL PAPEL DE RECTOR DE LA INVESTIGACIÓN Y ES AUXILIADO POR LA POLICÍA, ASÍ COMO POR EXPERTOS EN DIVERSAS CIENCIAS U OFICIOS. ASÍ, CUANDO LA AUTORIDAD MINISTERIAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE UN HECHO CON APARIENCIA DE DELITO, DEBE INVESTIGAR Y PRACTICAR TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS Y ACTOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE LAS PARTES Y EL DEBIDO PROCESO; SIN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE PUEDA SUSPENDERSE O INTERRUMPIRSE, SALVO LOS CASOS PREVISTOS LEGALMENTE. POR LO QUE, YA QUE UNA DE LAS FINALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO CONSISTE EN QUE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE PRELIMINAR, PUEDA SER SUPERVISADA POR EL JUEZ DE CONTROL, SE TIENE QUE LA JUEZ RESPONSABLE DEBIÓ ESTUDIAR LA LEGALIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL Y ASÍ RESGUARDAR LOS DERECHOS TANTO DE LOS IMPUTADOS, COMO DE LA VÍCTIMA. ADEMÁS, LA FINALIDAD DE QUE EL JUEZ DE CONTROL REVISE LAS DECISIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE DEFINEN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN, ES QUE AL ESTIMAR QUE SU ACTUACIÓN ES ILEGAL, DEBE CONMINARLO A QUE REANUDE LA INVESTIGACIÓN Y PRACTIQUE TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. DE ESTA MANERA, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN MINISTERIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA PUEDE ORDENAR QUE CESE ESE ESTADO DE COSAS Y, EN CONSECUENCIA, QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚE REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESE ORDEN DE IDEAS, COMO YA SE DIJO, A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA; EN CONSECUENCIA, SE IMPONE DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR *** DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 61, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO POR OTRO LADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE *** COLONIA CENTRO EN ESTA CIUDAD. AUTORIZADOS DE IGUAL MANERA, SE AUTORIZA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA A ****, TODA VEZ QUE TIENE REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, QUE LO ACREDITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO. NO ASÍ POR LO QUE RESPECTA A EDITH MARTÍNEZ DÍAZ, QUIEN NO CUENTA CON EL REFERIDO REGISTRO EN EL SISTEMA DE QUE SE TRATA; POR LO QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE LE TIENE COMO AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. AVISO DE TRANSPARENCIA ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3°, 8°, 9°, 67, FRACCIÓN II, 68, 98, 104, 108, 110, FRACCIONES X Y XI, 113, 117 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 73, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE, SE DETERMINARÁ SOBRE SU PROCEDENCIA Y DE SER ASÍ, SE ELABORARÁ LA VERSIÓN PÚBLICA RESPECTIVA EN LA QUE SE TESTARÁN LAS PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS; ASIMISMO, INFÓRMESELES QUE ESTÁN EN APTITUD DE CONSENTIR LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL DE PROTEGER DICHOS DATOS. TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS TERCERO, ARTÍCULOS 251, 263; CUARTO, ARTÍCULOS 3 Y 23 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, SE ESTABLECE QUE LA DIGITALIZACIÓN LEGIBLE DE LAS PROMOCIONES FÍSICAS O IMPRESAS RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES SERÁ A CARGO DEL OFICIAL JUDICIAL C ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES; ADEMÁS, ÉSTAS SERÁN FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE E INCORPORADAS AL SISE POR LA PERSONA SECRETARIA ENCARGADA DEL ASUNTO O DE QUIEN, EN SU MOMENTO, LA CUBRA POR GOCE DE PERIODO VACACIONAL, LICENCIA O PERMISO. EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LAS COPIAS DE TRASLADO, HOJAS EN BLANCO, FOLDERS, MICAS O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SIN LEYENDA RELEVANTE ALGUNA, CUYA PRESENTACIÓN SE APRECIE ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INGRESAN, NI LAS COPIAS PRESENTADAS COMO "ANEXOS" Y QUE CORRESPONDAN A ACTUACIONES DEL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL. MIENTRAS QUE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA VÍA ELECTRÓNICA O GENERADA ELECTRÓNICAMENTE CONSTARÁ ÚNICAMENTE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SIN QUE DEBA IMPRIMIRSE NI AGREGARSE AL EXPEDIENTE IMPRESO. ASIMISMO, QUE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN, INCLUSO LAS DE CORREOS O PAQUETERÍA DERIVADAS DE ESTE ASUNTO, QUE SE GENEREN FÍSICAMENTE DEBERÁN AGREGARSE DIGITALIZADAS Y DE MANERA LEGIBLE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DE LOS ACTUARIOS A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PRÁCTICA O RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR QUE ELLO SE HAGA DE MANERA OPORTUNA; **** NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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