Rubí Rentería Prado

Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
43/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Rubí Rentería Prado
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
  • Rubí Rentería Prado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad acusa recibo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual, acusa recibo del oficio por el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente asunto. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad acusa recibo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, acusa recibo de las constancias que en dos tomos de pruebas, le fueron devueltos mediante oficio de ocho de abril del dos mil veintidós, en el que causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 43/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, Rubí, Jezabel y Esmeralda, todas de apellidos Rentería Prado, promovieron demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Apátzingán, Michoacán; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Al instarse en la vía directa, la autoridad judicial realizó el procedimiento previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, rindió informe justificado, realizó el emplazamiento de la parte tercera interesada; por lo que la demanda fue remitida al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta capital, el que, por auto de trece de enero del año en curso, determinó carecer de competencia y remitirlo al juez de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad. Por razón de turno, dicha demanda tocó a este órgano jurisdiccional, el que, a través de acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 43/2022. Finalmente, la audiencia constitucional se verificó al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del toca 297/2021, en el que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veinticinco de octubre del año pasado, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 393/2021. En tanto que, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Apátzingán, Michoacán, le atribuye la ejecución que dé a dicha resolución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Apátzingán, Michoacán, ya que al rendir informe justificado así lo manifestaron. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con los originales del toca 297/2021 y las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 393/2021, que remitieron las responsables en apoyo al informe con justificación. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, esta juzgadora inadvierte, de oficio, que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. QUINTO. Estudio de fondo. Cuadro fáctico. Previo a estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, es pertinente establecer los principales antecedentes que permitan conocer la cronología del acto reclamado, que los siguientes: Elvira Sánchez Castillo promovió, en la vía de jurisdicción voluntaria familiar, diligencias para acreditar hechos, a efecto de probar judicialmente el concubinato entre ella y Faustino Rentería Patiño; expediente que fue registrado bajo el número 393/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Apátzingán, Michoacán. Seguidos los trámites procesales, el once de octubre de dos mil veintiuno, el juez de origen verificó la audiencia a que alude el artículo 1130 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en la que se ratificó la solicitud inicial de las diligencias y se desahogaron los medios de prueba correspondientes. Posteriormente, el veinticinco de octubre siguiente, se resolvieron las diligencias en comento, en la que se acreditó el hecho materia del expediente, al evidenciar que Elvira Sánchez Castillo vivió en concubinato con Faustino Rentería Patiño. Durante el estudio del asunto para emitir la resolución correspondiente, a través del escrito de veintiuno de octubre pasado, Rubí, Jezabel y Esmeralda, todas de apellidos Rentería Prado, se apersonaron al expediente y, medularmente, manifestaron su oposición dentro del mismo. Escrito que fue atendido por el juez responsable el veintisiete de octubre posterior, mismo que fue desechado en atención a que la oposición se realizó después de la verificación de la audiencia correspondiente. Inconformes con la resolución emitida en el expediente de origen, las quejosas interpusieron recurso de apelación; el cual fue turnado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; el que lo registró bajo el número 297/2021 y, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, determinó la improcedencia del medio de impugnación. Síntesis de los conceptos de violación. Las quejosas, en vía de conceptos de violación, únicamente manifestaron lo siguiente: Se violan en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y los numerales 1124, 1127, 1128 y 1130 del Código Familiar para el Estado y 1161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Calificación del concepto de violación Respecto a este tema, debe decirse que resulta inoperante el único motivo de disenso expresado, puesto que de su análisis se observa que la parte quejosa únicamente se limitó a transcribir preceptos constitucionales y legales que estimó violados; sin embargo, ello no es suficiente para formular un concepto de violación, dado que no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que debe existir un mínimo razonamiento que permita indicar la forma en cómo se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. Es decir, si las promoventes del amparo únicamente se limitan a manifestar que el acto reclamado viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales, sin que se exprese un argumento mínimo tendente a evidenciar el porqué le ocasiona un perjuicio o las razonas por las que resulta adversa al ordenamiento jurídico, los conceptos de violación resultan inoperantes. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 2a. XXXII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". Por ello, de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, no se advierte la lesión o agravio que las quejosas estiman les causa el acto reclamado y los motivos que originaron dichas inconformidades; por lo que del concepto de violación no es posible apreciar la causa de pedir y torna inoperante el único motivo de disenso formulado. Es orientadora al caso, la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". (Lo resaltado es de este juzgado). Además, por identidad jurídica sustancial, también es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Decisión. En ese contexto, al ser inoperante el único concepto de violación formulado, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rubí, Jezabel y Esmeralda, todas de apellidos Rentería Prado. Cuestión que se hace extensiva a los actos atribuidos al juez responsable, debido a que no se reclaman de manera autónoma, sino como en su calidad de autoridad ejecutora. Es aplicable la tesis aislada XXI.1o. 96 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubí, Jezabel y Esmeralda, todas de apellidos Rentería Prado, por los actos atribuidos al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Apátzingán, Michoacán, por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de la sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando sexto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado de autos, específicamente de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, acordado en proveído de quince de febrero del dos mil veintidós; mismo que se computa del dieciocho de febrero al uno de marzo del presente año. En tales condiciones, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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