Rubí Mora Herrera
Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rubí Mora Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, mismo que dice:"Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M. para los efectos siguientes: "[.]para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 854/20218-IV del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado a Octavio Mezo Acosta, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera correcta lo que determinó confesión de la aquí parte quejosa. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, c) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". d) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías [.]" Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de catorce de enero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así toda vez que obra en autos el oficio 2501/2021 signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual informó que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó dejar insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, lo anterior dentro del juicio ordinario civil 854/20218-IV de su índice. Posteriormente, se recibió el oficio 17/2021 con el cual el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, de cual se aprecia el estudio de los agravios vertidos por el aquí tercero interesado Octavio Mezo Acosta, determinando infundado el recurso de reclamación interpuesto por el citado tercero. En ese mismo sentido, determinó infundado lo manifestado por el demandado en el hecho que la actora trabaja y obtiene ingresos para subsistir, toda vez que no ofreció ningún medio de prueba para acreditar dicha aseveración. En otro aspecto bajo el análisis con perspectiva de género analizó el hecho tres de la demanda de alimentos en la cual la aquí quejosa manifestó que recibe dinero por parte del demandado, lo cual resulta poca cantidad para sufragar los gastos del infante que acude a su educación primaria, así como el hecho que el demandado confesó encontrarse laborando para el instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los cuales concedió alto valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora con lo anterior, y tomando en consideración que corresponde a demandado acreditar que la madre del menor cuenta con una fuente de trabajo, así como el hecho de que se encuentra en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias; el Juez de Primera Instancia determinó que la aquí quejosa se dedica al cuidado del menor de identidad reservada con iniciales D.G.M.M. generando así la presunción legal de necesitar alimentos en términos del artículo 233 del Código Civil del Estado de Veracruz. En tales condiciones concluyó que la madre del infante se dedica a las labores del hogar, así como al cuidado del menor, toda vez que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos se coloca en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico, sin pasar por alto la ausencia del aquí tercero interesado dado que labora en Cancún Quintana Roo, presumiendo que las labores y la crianza del menor son efectuadas por la aquí quejosa. Seguidamente, el Juez responsable al continuar analizando los agravios del demandado Octavio Mezo Acosta, determinó inoperante, el manifiesto relativo al cumplimiento de suministrar alimentos de manera voluntaria, dejando claro que dicha acción no exime al deudor alimentario de cumplir con su obligación; dado que ello resulta insuficiente para cancelar la pensión provisional, ya que al ser obligación alimentaria de tracto sucesivo, la necesidad surge de momento a momento, sin dejar el cumplimiento al arbitrio del deudor. Por otro lado, procedió al estudió de la medida provisional en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado, a fin de confrontar las necesidades alimentarias del menor y su madre, considerando su entorno social y demás particularidades que se desprendan de las constancias que obren en autos, con las posibilidades económicas del demandado, sus propios gastos o manutención a fin de establecer la posibilidad de cubrir la pensión alimentaria o en su caso si la misma resulta excesiva. Ahora, al analizar las necesidades de los acreedores alimentarios, concluyó que la aquí quejosa genera gastos propios del hogar, sin pasar por alto que el demandado señaló que su concubina trabaja y percibe ingresos, no obstante no acreditó su manifestación con medio de convicción alguno. Igualmente, analizó la necesidad del menor de iniciales D.G.M.M. puntualizando que cuenta con ocho años de edad, que cursa la instrucción primaria, de ahí que genera gastos por dicho concepto, precisando que desconoce a cuánto ascienden las necesidades del infante, el contexto social en el que se desenvuelve, y sus costumbres, al no contar con pruebas que acrediten dichas circunstancias, sin embargo, al suplir la deficiencia de queja y tomando consideración el interés superior del menor puntualizó que se encuentra estudiando la educación básica es una escuela pública y se desconoce que tenga laguna enfermedad que requiera tratamiento médico periódico, precisando que se acredita el derecho de recibir alimentos, en términos del artículo 234 del Código Civil, los cuales forman un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad; esto en relación con lo estipulado en el artículo 4° Constitucional, el cual tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Por otra parte, analizó la posibilidad del deudor alimentario, determinando que es trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, concluyendo que cuenta con posibilidades económicas para contribuir con la obligación alimentaria para los acreedores, sin dejar atrás la presunción de los propios gastos que genera el demandado al estar separado del núcleo familiar por motivo de la fuente de trabajo, así como los gastos por concepto de traslado para convivir con su familia y concepto de vivienda ante FOVISSSTE, acreditado con los recibos de pago y estado de cuenta de dicha institución; recalcando que no existe certeza del estilo de vida que lleva el aquí tercero interesado, el entorno social de su familia, costumbres y tradiciones. En ese orden de ideas, el Juez de primera instancia, procedió al estudio de las necesidades de los acreedores con la posibilidad del deudor alimentario, concluyendo que la medida provisional debe ser confirmada al ajustarse al principio de proporcionalidad en términos del 242 del Código Civil del Estado, toda vez que, los acreedores alimentarios cuentan con la presunción legal y humana de necesitar alimentos, significando que respecto al menor requiere un alimentación adecuada a su edad, esto es, sana, nutritiva y suficiente para el desarrollo físico y mental, al pie de los conceptos que la palabra alimento estipula el artículo 239 del Código Civil del Estado, así como la circunstancia que el infante en crecimiento, aumenta sus necesidades alimenticias. Ahora, al analizar las posibilidades de demandado de sufragar la obligación impuesta de manera provisional, se aprecia el desglose de las facturas exhibidas, conceptos y cantidades que ascienden los gastos del mismo, únicamente del año dos mil veinte, así como la cantidad liquida que obtiene mensualmente por concepto de sueldo, tal como el Juez de origen destacó del informe rendido por el contador público José Fernando Martínez Franzoni, en su carácter de Director General de Administración del Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobierno, puntualizando que recibe la cantidad de $11,700.78 (once mil setecientos pesos 78/100 moneda nacional) cantidad que resulta después de los descuentos legales ya realizados por la fuente pagadora. En ese sentido, concluyó que una vez realizado el descuento de cuarenta por ciento por concepto de pensión alimenticia, sobre la referida cantidad que percibe mensualmente, conserva la cantidad de $7,020.46 (siete mil veinte pesos 46/100 moneda nacional) precisando que en los meses que acredito haber realizado pagos, su ingreso resultó insuficiente para cubrirlos; sin pasar por alto que en el mes de agosto de año dos mil veinte, donde erogó gastos por la cantidad de $4,606.21 (cuatro mil seiscientos seis pesos 21/100 moneda nacional) conservó la cantidad $2,414.25 (dos mil cuatrocientos catorce pesos 25/100 moneda nacional). Bajo dichas manifestaciones, el juez responsable manifestó que ambos acreedores alimentarios necesitan alimentos y el deudor alimentista se encuentra en posibilidad de seguir otorgando la pensión alimenticia provisional, máxime que no justificó motivo por el cual se encuentre imposibilitado para ello o que los acreedores no necesiten en la forma estipulada; por tanto, declaró infundado la reclamación interpuesta por el demandado y confirmó la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor Octavio Mezo Acosta como trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se cumplieron por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, al dejar sin efectos la resolución de once de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la cual determinó confirmar la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento, analizando la confesión vertida por la parte quejosa, en el hecho tres de la demanda de alimentos, así como al resolver con perspectiva de género, y atendiendo el interés superior del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M. para los efectos siguientes: "[.]para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 854/20218-IV del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado a Octavio Mezo Acosta, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera correcta lo que determinó confesión de la aquí parte quejosa. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, c) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". d) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías [.]" Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de catorce de enero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así toda vez que obra en autos el oficio 2501/2021 signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual informó que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó dejar insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, lo anterior dentro del juicio ordinario civil 854/20218-IV de su índice. Posteriormente, se recibió el oficio 17/2021 con el cual el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, de cual se aprecia el estudio de los agravios vertidos por el aquí tercero interesado Octavio Mezo Acosta, determinando infundado el recurso de reclamación interpuesto por el citado tercero. En ese mismo sentido, determinó infundado lo manifestado por el demandado en el hecho que la actora trabaja y obtiene ingresos para subsistir, toda vez que no ofreció ningún medio de prueba para acreditar dicha aseveración. En otro aspecto bajo el análisis con perspectiva de género analizó el hecho tres de la demanda de alimentos en la cual la aquí quejosa manifestó que recibe dinero por parte del demandado, lo cual resulta poca cantidad para sufragar los gastos del infante que acude a su educación primaria, así como el hecho que el demandado confesó encontrarse laborando para el instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los cuales concedió alto valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora con lo anterior, y tomando en consideración que corresponde a demandado acreditar que la madre del menor cuenta con una fuente de trabajo, así como el hecho de que se encuentra en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias; el Juez de Primera Instancia determinó que la aquí quejosa se dedica al cuidado del menor de identidad reservada con iniciales D.G.M.M. generando así la presunción legal de necesitar alimentos en términos del artículo 233 del Código Civil del Estado de Veracruz. En tales condiciones concluyó que la madre del infante se dedica a las labores del hogar, así como al cuidado del menor, toda vez que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos se coloca en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico, sin pasar por alto la ausencia del aquí tercero interesado dado que labora en Cancún Quintana Roo, presumiendo que las labores y la crianza del menor son efectuadas por la aquí quejosa. Seguidamente, el Juez responsable al continuar analizando los agravios del demandado Octavio Mezo Acosta, determinó inoperante, el manifiesto relativo al cumplimiento de suministrar alimentos de manera voluntaria, dejando claro que dicha acción no exime al deudor alimentario de cumplir con su obligación; dado que ello resulta insuficiente para cancelar la pensión provisional, ya que al ser obligación alimentaria de tracto sucesivo, la necesidad surge de momento a momento, sin dejar el cumplimiento al arbitrio del deudor. Por otro lado, procedió al estudió de la medida provisional en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado, a fin de confrontar las necesidades alimentarias del menor y su madre, considerando su entorno social y demás particularidades que se desprendan de las constancias que obren en autos, con las posibilidades económicas del demandado, sus propios gastos o manutención a fin de establecer la posibilidad de cubrir la pensión alimentaria o en su caso si la misma resulta excesiva. Ahora, al analizar las necesidades de los acreedores alimentarios, concluyó que la aquí quejosa genera gastos propios del hogar, sin pasar por alto que el demandado señaló que su concubina trabaja y percibe ingresos, no obstante no acreditó su manifestación con medio de convicción alguno. Igualmente, analizó la necesidad del menor de iniciales D.G.M.M. puntualizando que cuenta con ocho años de edad, que cursa la instrucción primaria, de ahí que genera gastos por dicho concepto, precisando que desconoce a cuánto ascienden las necesidades del infante, el contexto social en el que se desenvuelve, y sus costumbres, al no contar con pruebas que acrediten dichas circunstancias, sin embargo, al suplir la deficiencia de queja y tomando consideración el interés superior del menor puntualizó que se encuentra estudiando la educación básica es una escuela pública y se desconoce que tenga laguna enfermedad que requiera tratamiento médico periódico, precisando que se acredita el derecho de recibir alimentos, en términos del artículo 234 del Código Civil, los cuales forman un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad; esto en relación con lo estipulado en el artículo 4° Constitucional, el cual tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Por otra parte, analizó la posibilidad del deudor alimentario, determinando que es trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, concluyendo que cuenta con posibilidades económicas para contribuir con la obligación alimentaria para los acreedores, sin dejar atrás la presunción de los propios gastos que genera el demandado al estar separado del núcleo familiar por motivo de la fuente de trabajo, así como los gastos por concepto de traslado para convivir con su familia y concepto de vivienda ante FOVISSSTE, acreditado con los recibos de pago y estado de cuenta de dicha institución; recalcando que no existe certeza del estilo de vida que lleva el aquí tercero interesado, el entorno social de su familia, costumbres y tradiciones. En ese orden de ideas, el Juez de primera instancia, procedió al estudio de las necesidades de los acreedores con la posibilidad del deudor alimentario, concluyendo que la medida provisional debe ser confirmada al ajustarse al principio de proporcionalidad en términos del 242 del Código Civil del Estado, toda vez que, los acreedores alimentarios cuentan con la presunción legal y humana de necesitar alimentos, significando que respecto al menor requiere un alimentación adecuada a su edad, esto es, sana, nutritiva y suficiente para el desarrollo físico y mental, al pie de los conceptos que la palabra alimento estipula el artículo 239 del Código Civil del Estado, así como la circunstancia que el infante en crecimiento, aumenta sus necesidades alimenticias. Ahora, al analizar las posibilidades de demandado de sufragar la obligación impuesta de manera provisional, se aprecia el desglose de las facturas exhibidas, conceptos y cantidades que ascienden los gastos del mismo, únicamente del año dos mil veinte, así como la cantidad liquida que obtiene mensualmente por concepto de sueldo, tal como el Juez de origen destacó del informe rendido por el contador público José Fernando Martínez Franzoni, en su carácter de Director General de Administración del Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobierno, puntualizando que recibe la cantidad de $11,700.78 (once mil setecientos pesos 78/100 moneda nacional) cantidad que resulta después de los descuentos legales ya realizados por la fuente pagadora. En ese sentido, concluyó que una vez realizado el descuento de cuarenta por ciento por concepto de pensión alimenticia, sobre la referida cantidad que percibe mensualmente, conserva la cantidad de $7,020.46 (siete mil veinte pesos 46/100 moneda nacional) precisando que en los meses que acredito haber realizado pagos, su ingreso resultó insuficiente para cubrirlos; sin pasar por alto que en el mes de agosto de año dos mil veinte, donde erogó gastos por la cantidad de $4,606.21 (cuatro mil seiscientos seis pesos 21/100 moneda nacional) conservó la cantidad $2,414.25 (dos mil cuatrocientos catorce pesos 25/100 moneda nacional). Bajo dichas manifestaciones, el juez responsable manifestó que ambos acreedores alimentarios necesitan alimentos y el deudor alimentista se encuentra en posibilidad de seguir otorgando la pensión alimenticia provisional, máxime que no justificó motivo por el cual se encuentre imposibilitado para ello o que los acreedores no necesiten en la forma estipulada; por tanto, declaró infundado la reclamación interpuesta por el demandado y confirmó la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor Octavio Mezo Acosta como trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se cumplieron por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, al dejar sin efectos la resolución de once de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la cual determinó confirmar la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento, analizando la confesión vertida por la parte quejosa, en el hecho tres de la demanda de alimentos, así como al resolver con perspectiva de género, y atendiendo el interés superior del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 472/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M. para los efectos siguientes: "[.]para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 854/20218-IV del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado a Octavio Mezo Acosta, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera correcta lo que determinó confesión de la aquí parte quejosa. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, c) Atienda el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño". d) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Rubí Mora Herrera por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada bajo las siglas D.G.M.M y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías [.]" Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de catorce de enero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así toda vez que obra en autos el oficio 2501/2021 signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual informó que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó dejar insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, lo anterior dentro del juicio ordinario civil 854/20218-IV de su índice. Posteriormente, se recibió el oficio 17/2021 con el cual el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, de cual se aprecia el estudio de los agravios vertidos por el aquí tercero interesado Octavio Mezo Acosta, determinando infundado el recurso de reclamación interpuesto por el citado tercero. En ese mismo sentido, determinó infundado lo manifestado por el demandado en el hecho que la actora trabaja y obtiene ingresos para subsistir, toda vez que no ofreció ningún medio de prueba para acreditar dicha aseveración. En otro aspecto bajo el análisis con perspectiva de género analizó el hecho tres de la demanda de alimentos en la cual la aquí quejosa manifestó que recibe dinero por parte del demandado, lo cual resulta poca cantidad para sufragar los gastos del infante que acude a su educación primaria, así como el hecho que el demandado confesó encontrarse laborando para el instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los cuales concedió alto valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora con lo anterior, y tomando en consideración que corresponde a demandado acreditar que la madre del menor cuenta con una fuente de trabajo, así como el hecho de que se encuentra en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias; el Juez de Primera Instancia determinó que la aquí quejosa se dedica al cuidado del menor de identidad reservada con iniciales D.G.M.M. generando así la presunción legal de necesitar alimentos en términos del artículo 233 del Código Civil del Estado de Veracruz. En tales condiciones concluyó que la madre del infante se dedica a las labores del hogar, así como al cuidado del menor, toda vez que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos se coloca en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico, sin pasar por alto la ausencia del aquí tercero interesado dado que labora en Cancún Quintana Roo, presumiendo que las labores y la crianza del menor son efectuadas por la aquí quejosa. Seguidamente, el Juez responsable al continuar analizando los agravios del demandado Octavio Mezo Acosta, determinó inoperante, el manifiesto relativo al cumplimiento de suministrar alimentos de manera voluntaria, dejando claro que dicha acción no exime al deudor alimentario de cumplir con su obligación; dado que ello resulta insuficiente para cancelar la pensión provisional, ya que al ser obligación alimentaria de tracto sucesivo, la necesidad surge de momento a momento, sin dejar el cumplimiento al arbitrio del deudor. Por otro lado, procedió al estudió de la medida provisional en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado, a fin de confrontar las necesidades alimentarias del menor y su madre, considerando su entorno social y demás particularidades que se desprendan de las constancias que obren en autos, con las posibilidades económicas del demandado, sus propios gastos o manutención a fin de establecer la posibilidad de cubrir la pensión alimentaria o en su caso si la misma resulta excesiva. Ahora, al analizar las necesidades de los acreedores alimentarios, concluyó que la aquí quejosa genera gastos propios del hogar, sin pasar por alto que el demandado señaló que su concubina trabaja y percibe ingresos, no obstante no acreditó su manifestación con medio de convicción alguno. Igualmente, analizó la necesidad del menor de iniciales D.G.M.M. puntualizando que cuenta con ocho años de edad, que cursa la instrucción primaria, de ahí que genera gastos por dicho concepto, precisando que desconoce a cuánto ascienden las necesidades del infante, el contexto social en el que se desenvuelve, y sus costumbres, al no contar con pruebas que acrediten dichas circunstancias, sin embargo, al suplir la deficiencia de queja y tomando consideración el interés superior del menor puntualizó que se encuentra estudiando la educación básica es una escuela pública y se desconoce que tenga laguna enfermedad que requiera tratamiento médico periódico, precisando que se acredita el derecho de recibir alimentos, en términos del artículo 234 del Código Civil, los cuales forman un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad; esto en relación con lo estipulado en el artículo 4° Constitucional, el cual tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Por otra parte, analizó la posibilidad del deudor alimentario, determinando que es trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, concluyendo que cuenta con posibilidades económicas para contribuir con la obligación alimentaria para los acreedores, sin dejar atrás la presunción de los propios gastos que genera el demandado al estar separado del núcleo familiar por motivo de la fuente de trabajo, así como los gastos por concepto de traslado para convivir con su familia y concepto de vivienda ante FOVISSSTE, acreditado con los recibos de pago y estado de cuenta de dicha institución; recalcando que no existe certeza del estilo de vida que lleva el aquí tercero interesado, el entorno social de su familia, costumbres y tradiciones. En ese orden de ideas, el Juez de primera instancia, procedió al estudio de las necesidades de los acreedores con la posibilidad del deudor alimentario, concluyendo que la medida provisional debe ser confirmada al ajustarse al principio de proporcionalidad en términos del 242 del Código Civil del Estado, toda vez que, los acreedores alimentarios cuentan con la presunción legal y humana de necesitar alimentos, significando que respecto al menor requiere un alimentación adecuada a su edad, esto es, sana, nutritiva y suficiente para el desarrollo físico y mental, al pie de los conceptos que la palabra alimento estipula el artículo 239 del Código Civil del Estado, así como la circunstancia que el infante en crecimiento, aumenta sus necesidades alimenticias. Ahora, al analizar las posibilidades de demandado de sufragar la obligación impuesta de manera provisional, se aprecia el desglose de las facturas exhibidas, conceptos y cantidades que ascienden los gastos del mismo, únicamente del año dos mil veinte, así como la cantidad liquida que obtiene mensualmente por concepto de sueldo, tal como el Juez de origen destacó del informe rendido por el contador público José Fernando Martínez Franzoni, en su carácter de Director General de Administración del Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobierno, puntualizando que recibe la cantidad de $11,700.78 (once mil setecientos pesos 78/100 moneda nacional) cantidad que resulta después de los descuentos legales ya realizados por la fuente pagadora. En ese sentido, concluyó que una vez realizado el descuento de cuarenta por ciento por concepto de pensión alimenticia, sobre la referida cantidad que percibe mensualmente, conserva la cantidad de $7,020.46 (siete mil veinte pesos 46/100 moneda nacional) precisando que en los meses que acredito haber realizado pagos, su ingreso resultó insuficiente para cubrirlos; sin pasar por alto que en el mes de agosto de año dos mil veinte, donde erogó gastos por la cantidad de $4,606.21 (cuatro mil seiscientos seis pesos 21/100 moneda nacional) conservó la cantidad $2,414.25 (dos mil cuatrocientos catorce pesos 25/100 moneda nacional). Bajo dichas manifestaciones, el juez responsable manifestó que ambos acreedores alimentarios necesitan alimentos y el deudor alimentista se encuentra en posibilidad de seguir otorgando la pensión alimenticia provisional, máxime que no justificó motivo por el cual se encuentre imposibilitado para ello o que los acreedores no necesiten en la forma estipulada; por tanto, declaró infundado la reclamación interpuesta por el demandado y confirmó la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor Octavio Mezo Acosta como trabajador de dirección de RH MIGRACIÓN en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se cumplieron por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, al dejar sin efectos la resolución de once de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la cual determinó confirmar la pensión alimenticia decretada mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, del cuarenta por ciento, analizando la confesión vertida por la parte quejosa, en el hecho tres de la demanda de alimentos, así como al resolver con perspectiva de género, y atendiendo el interés superior del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaría Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Rubén Santiago Pérez833/2017
- Ruben Santos Malpica174/2019
- Rubén Vázquez Miranda749/2019
- Rubén Vergara Coto464/2016
- Rubi Cela Vivanco Ramírez147/2017
- Rubí de los Ángeles Reyes Martínez972/2022
- Rubi Vallejo Rodríguez958/2014
- Rubicela Campos Romero636/2021
- Rubicela Landa Barran827/2023
- Rubicela Quevedo Hernández (REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS)806/2022
- Rufina Uscanga Martínez688/2014
- Rufino Nuñez Rosas1091/2017