Rubí Medel Rosas

Expediente 891/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
891/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Rubí Medel Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en??? el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en??? el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 891/2021, promovido por **** contra actos del Comandante de la Policía del Estado, destacamentado en base C4 de la localidad de Cecilio Terán, del municipio de Nogales, Veracruz (Los Colorines), que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de octubre del actual, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado el día siguiente a este Juzgado, **** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comandante de la Policía del Estado, destacamentado en base C4 de la localidad de Cecilio Terán, del municipio de Nogales, Veracruz (Los Colorines), consistentes en: - La indiferencia y des-obligación de la autoridad responsable, al hacer caso omiso de su reporte en relación con las llamadas de amenazas recibidas -de personas desconocidas- en el domicilio de la aquí quejosa, ubicado en "****", para tratar de privarla de la vida o hacerle daño a su familia; así como de omitir los rondines para cuidar su integridad física y la de su familia. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La indiferencia y des-obligación de la autoridad responsable, al hacer caso omiso de su reporte en relación con las llamadas de amenazas recibidas -de personas desconocidas- en el domicilio de la aquí quejosa, ubicado en "***", para tratar de privarla de la vida o hacerle daño a su familia; así como de omitir los rondines para cuidar su integridad física y la de su familia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz; al rendir su informe negó la existencia de los actos que se les reclaman, pues refirió que no existe reporte alguno a nombre de la aquí quejosa; que tampoco labora en dicha dependencia persona alguna que responda al nombre de Mariana; y que no se generan números de folio con motivo de denuncias ciudadanas; que éstos sí se generan en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-A), pero sus folios son de dieciséis dígitos, por lo que no coincide con el número proporcionado por la quejosa; y al efecto remitió 1. Parte de novedades de trece de octubre del actual; Oficios 2. SSP/RAD/5318/2021, 3. SSP/RAD/5308/2021, 4. SSP/RAD/5309/2021, 5. SSP/RAD/5310/2021, 6. SSP/RAD/5312/2021, 7. SSP/RAD/5316/2021, 8. SSP/RAD/5317/2021; 9. Informe de veintiuno de noviembre del actual; y 10. Impresión simple del despliegue operativo de la Delegación Región XVI Ciudad Mendoza, con sede en Nogales. En ese entendido, es pertinente destacar que si bien cuando los actos reclamados consisten en omisiones, corresponde a las responsables demostrar que no incurrieron en éstas; empero, ante la negativa de la autoridad responsable respecto de la existencia de reporte alguno, resultaba necesario que la quejosa desvirtuara dicha negativa, esto es, acreditara la existencia de la denuncia que asegura formuló el doce de octubre de presente año y del reporte que indica se generó. Sin embargo, aun cuando en la demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, haber realizado la mencionada denuncia y que se levantó dicho reporte, la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia (V Región)2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351, Décima Época, con número de registro digital 2017654, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se dio a vista a las partes con las constancias remitidas por el Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz, en apoyo a su informe justificado, por lo que, a la fecha transcurre el término de ocho días a que alude el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, misma que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia incidental, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. (.) Notifíquese.

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