Rubí Enríquez Cárdenas
Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rubí Enríquez Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase informando que el proveído de veintiséis de enero pasado causó estado, dictado en el recurso de queja 20/2022 de su estadística; asimismo, como lo solicita el señor Magistrado Presidente acúsese recibo de estilo. Sin que haya lugar a acordar respecto al archivo definitivo del presente controvertido, toda vez que ya se acordó al respecto. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que conste como corresponda, el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, téngasele informando que tuvo por desechado el recurso de queja interpuesto por la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud y en representación de dicha secretaría, en contra del acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, radicándose el expediente ********************. Notifíquese.
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Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó un acuerdo que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable de depuración el veinte de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que no obre la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables foráneas en el presente asunto, en virtud que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad carece de legitimación para recurrir el auto que sobreseyó este asunto. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Titular de dicha dependencia, con sede en la Ciudad de México, interponiendo recurso de queja contra la suspensión de plano concedida en este asunto, ordenándose remitir dentro del término de tres días el telegrama original que contienen los agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, una vez que estuviera debidamente integrado. Sentado lo anterior, el medio de impugnación no se encuentra debidamente integrado para su remisión, al estar pendiente la fecha fidedigna de las constancias de notificación de autoridades foráneas, sin embargo, al causar estado en esta fecha el acuerdo de sobreseimiento por auto, el que suscribe estima que no es necesario esperar a que se integre debidamente el recurso para su remisión, dado el sentido del presente acuerdo y la trascendencia que tendrá al momento de resolver el Tribunal Colegiado de Circuito el medio de impugnación interpuesto. Apoya lo anterior, por la idea contenida la tesis II.2o.P.44K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, materia común, tomo XXXIV, julio de 2011, página 2185, registro digital 161497, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, NO SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR EL CONTRARIO, ÉSTE CONTINUÓ Y SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA LA CUAL CAUSA EJECUTORIA, AL NO SER IMPUGNADA POR ALGUNA DE LAS PARTES." Consecuentemente, remítase sin dilación alguna el telegrama original que contienen los agravios, así como copia certificada de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese y cúmplase....
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, mediante el cual remite el diverso signado por la autoridad responsable Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, atento a su contenido, téngase a la responsable cumpliendo con lo requerido el quince de diciembre del año en curso, informando respecto de la aplicación de la primera dosis de la vacuna PFIZER/BIONTECH a la directa persona quejosa menor de edad de identidad reservada y remitiendo las constancias que lo corroboran que el veintiocho de octubre de este año aplicó tal dosis. Ahora bien, en el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: I. La omisión de aplicar una Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), a favor de personas de entre 12 y 18 años de edad; lo que genera una afectación directamente de mi menor hija, en su derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud, máxime cuando las autoridades mexicanas e internacionales ya avalaron la aplicación de la vacuna BioNTech-Pfizer (dos dosis) para personas del sector etario ya señalado. Lo anterior con motivo del regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de agosto pasado. II. La omisión de llamar, informar y/o notificar a mi menor hija de manera urgente e inmediata, señalándose el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, ante el inicio de clases presenciales en esta ciudad. III. La discriminación sin justificación objetiva bastante, afectándose los derechos la vida (sic), a un desarrollo integral en la medida de lo posible y a la salud, engarzados con una violación inminente al principio de interés superior de la niñez De lo antes transcrito se observa que si bien la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), así como la discriminación que la falta de inclusión en dicha política causa a la directa persona quejosa menor de edad de identidad reservada; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 (dos dosis) a la parte quejosa menor de edad, puesto que los reclamos derivan precisamente de tal omisión. En ese contexto, es un hecho notorio para el que suscribe en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que la "Guía Técnica para la aplicación de la vacuna BNT162b2 PFIZER/BIONTECH contra el virus SARSCoV2", expedida por el Gobierno Federal el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, establece que son dos dosis para tener el esquema completo de vacunación; lo cual, en la especie ya aconteció. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistía, medularmente, en la omisión de las autoridades responsables de ordenar que se aplicara a su menor hija, la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden, así como del estado de autos, se advierte que ya le fueron suministradas las dos dosis de ese antígeno, es decir, la menor referida ya tiene completo el esquema de vacunación. Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, se colige que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.·" Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior que no se haya remitido a este Juzgado de Distrito por parte de la autoridad responsable oficiante, el certificado de vacunación correspondiente a la directa persona quejosa menor de edad de identidad reservada, pues tal acto no forma parte de la litis constitucional en el presente asunto. En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable designado como delegados a los profesionistas que ahí menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, téngase al apoderado legal de Servicios de Salud de Veracruz proporcionando el correo electrónico dir.asuntosjuridico@gmail.com; sin embargo, no se tendrá como medio para oír y recibir notificaciones, por no tratarse de un correo oficial, por lo que, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales como medio de contacto el correo electrónico proporcionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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