Rubí del Carmen Cobos Cruz
Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rubí del Carmen Cobos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ******************** hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
mesa 2 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 653/2020-2, promovido por Rubí del Carmen Cobos Cruz. Acto seguido, el secretario da cuenta en este momento, con el oficio y anexos signado por la autoridad responsable denominada Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, registrado con el folio 8556. El Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, rendido por la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias relativas al acto reclamado que se le solicitaron en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, las cuáles resultan necesarias para resolver el presente asunto; por tanto, en virtud de que en esta fecha se encuentra señalada para su desahogo la audiencia constitucional y dado el sentido que se dará a la resolución que se dicte en el presente juicio, dése cuenta con las referidas constancias en la etapa procesal correspondiente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda de amparo , consistentes en copia simple de una credencial para votar expedida a nombre de la quejosa, copia simple del oficio DCAS-SCH-507-2020 signado el veintiuno de julio de dos mil veinte por el Subdirector de Capital Humano de Petróleos Mexicanos, copia simple del oficio DCAS-2159-2020, signado el veintitrés de julio de dos mil veinte por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos; asimismo, con la copia del oficio SS/UAF/DRH/SSyN/01062/08/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, el cual adjuntó a su informe justificado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, y diversas notas clínicas relativas a la valoración de la quejosa realizadas el diecisiete de enero, dos y siete de febrero, treinta de marzo, veintinueve de junio, veinte de julio, diecinueve de agosto, todas de dos mil veinte, mismas que adjuntó la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos , con residencia en la Ciudad de México, a su oficio recibido en esta fecha registrado con el folio 8556 las cuales obran agregadas en autos. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 653/2020-2, promovido por Rubí del Carmen Cobos Cruz, contra actos de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorios del artículo 1, 4, 5, 8, 16 y 73, fraccion XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el seis de agosto de dos mil veinte , a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Rubí del Carmen Cobos Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3. Pemex Exploración y Producción. ACTO RECLAMADO "La prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como trabajadora de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco, no obstante considerarse persona vulnerable al padecer hipertensión, hipotiroidismo, hiperaldosteronismo y obesidad". SEGUNDO. ADMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE PLANO. En proveído de seis de agosto de dos mil veinte , se registró la demanda bajo el expediente 653/2020-2, se admitió la demanda de que se trata, se otorgó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado para los efectos de que las autoridades responsables eximan a Rubí del Carmen Cobos Cruz, a acudir a su centro de trabajo y se le pague de manera íntegra su sueldo, siempre y cuando, como mencionó en su demanda de derechos fundamentales, se encuentre justificada la condición de salud que refirió y continúe vigente la relación laboral con Petróleos Mexicanos, lo anterior, para salvaguardar su salud; asimismo, para que no se le aplique descuento salarial por ausencia; se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como trabajadora de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud en representación de la citada secretaría y Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Tabasco de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , ambos con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama consistente en la prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como enfermera con especialidad en terapia intensiva del Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, toda vez que señalan que no estaban obligados a actuar en la forma en que la quejosa indica al carecer de facultades para hacerlo; lo cual no fue desvirtuado por ésta aun cuando se le dio vista en proveídos de dos y tres de septiembre de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, se considera que el acto atribuido a las referidas autoridades responsables es inexistente, toda vez que la quejosa no desvirtúa la negativa de las referidas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO del referido acto reclamado a las autoridades responsables anteriormente señaladas. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos , con residencia en la Ciudad de México, omitió rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio 353/2020 por el que se les requirió el mismo, el cual fue entregado el veintinueve de septiembre del año actual, lo cual se obtuvo de la búsqueda en la página electrónica https://correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx.; en la cual la pieza postal correspondiente a dicho oficio fue registrada bajo el número RM1124350851MX. Sin embargo, la certeza del acto se advierte de las documentales que adjuntó a su oficio recibido en esta fecha registrado con el folio 8556. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el caso, se considera materializada la causa de improcedencia derivada de la interpretación, a contrario sensu, de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De la interpretación conjunta de los artículos citados, se advierte que el juicio constitucional es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de un gobernado; por lo que el amparo será improcedente cuando los actos no deriven de una potestad que los dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló las notas distintivas de los actos de autoridad para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, mismas que son: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de voluntad del afectado. Lo anterior, lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, para establecer el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sirve de referencia la tesis XXXVI/99 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, de texto y rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En ese orden de ideas, es necesario que en el juicio de amparo se atienda la naturaleza del acto que se le imputa a una autoridad, para verificar si es autoridad para efectos del amparo, esto es, para estar en posibilidad de estimar la procedencia del amparo, se debe apreciar los actos y la calidad en que los realizó la autoridad a la que se señala como responsable. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto impugnado la prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como trabajadora de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco. De lo anterior se obtiene que la autoridad señalada como responsable ejecuta el acto reclamado como consecuencia de una relación laboral que sostiene con la parte quejosa en su carácter de empleada de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco, al reclamarse cuestiones derivadas de un contrato de individual de trabajo. En ese sentido, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, genera un conflicto de índole laboral entre la impetrante de amparo y las autoridades responsables. De ahí que la prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como trabajadora de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco, pues en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes, pues se encuentran en un plano de igualdad. Por tanto, la relación de la aquí quejosa con las autoridades responsables es de coordinación, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no de subordinación, al tratarse de una cuestión laboral. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, Laboral, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Se dice lo anterior, toda vez que dicho acto no puede considerarse dentro de una relación jurídica, de supra a subordinación, sino como derivado de una relación de coordinación entre la impetrante y las autoridades señaladas como responsables; así que, indudablemente escapa al concepto de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; considerándose éste, como el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, como aquel que emite un servidor público de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, el hecho de que Petróleos Mexicanos sea un organismo público, no es razón suficiente para que deba considerarse la prohibición de ausentarse de su centro de trabajo como trabajadora de base con la categoría de Técnico A de Informática en el Departamento de Operaciones TI Comalcalco, actualmente adscrita al Hospital General de Comalcalco, Tabasco, como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no gozar de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para ese efecto; es decir, tal acto no es generado con fundamento en una norma legal que le otorgue a la citada responsable la facultad de conducirse de tal o cual manera y que mediante este cree una situación jurídica concreta que afecte la esfera legal de la quejosa como gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de su voluntad. Lo anterior es así, ya que, como se desprende del libelo de amparo específicamente en los conceptos de violación, deja de manifiesto que la relación que existe entre la impetrante de amparo y las autoridades señaladas como responsables interactúan en un plano de transacción e igualdad, y no de supra a subordinación autoridad-gobernado, de tal manera que la negativa de la que se duele la impetrante, no proviene de un acto atribuible a una autoridad sino de cuestiones derivadas de un contrato de trabajo. En ese orden de ideas, en el presente asunto las autoridades responsables no actúan de manera unilateral ni con imperio en un plano de supra a subordinación frente al solicitante; al contrario, actúan en un plano de coordinación, por lo que en esa hipótesis el juicio de amparo es improcedente. Sin que pase inadvertido para el suscrito quien resuelve que la quejosa en su escrito de demanda de amparo haya anexado copia simple de una credencial para votar expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, copia simple del oficio DCAS-SCH-507-2020 signado el veintiuno de julio de dos mil veinte por el Subdirector de Capital Humano de Petróleos Mexicanos y copia simple del oficio DCAS-2159-2020 signado el veintitrés de julio de dos mil veinte por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos; sin embargo, al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que su contenido sea verdadero, aunque no haya sido objetada por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así el suscrito juzgador estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rubí del Carmen Cobos Cruz, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; se integra a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Rubí del Carmen Cobos Cruz, y atento a lo que expone se acuerda: Respecto a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx que realiza la parte quejosa, al usuario: "RUBIDELCARMEN" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.
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MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veinte, se otorgó el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, rindiera su informe justificado; mismo que se encuentra transcurriendo toda vez que fue notificada el veintinueve de septiembre pasado. No obstante lo anterior, el suscrito estima que resultan necesarias las constancias relativas al acto reclamado por la parte quejosa y por ello, en términos del numeral 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de todas y cada una de las actuaciones relacionadas con el acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en: "Riesgo de perder la vida por poner en grave peligro mi salud al negarme otorgar permiso con goce de salario y obligarme a presentarme a laboral en el Hospital General de Comalcalco, Tabasco, a pesar de saber las responsables que la entidad actualmente se encuentra en "semáforo rojo" y que padezco Hipertensión, Hipotiroidismo, Hiperaldosteronismo, Obesidad; siendo persona vulnerable según el artículo Segundo del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el diario oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, y el párrafo cuarto del punto no. Siete del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020". Las cuales deberán estar debidamente legibles, foliadas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y vigente a partir del uno de febrero del mismo año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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