Rubi Ceballos Dominguez
Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rubi Ceballos Dominguez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista el escrito aclaratorio signado por Fabián Eduardo Requena Muñoz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Rubí Ceballos Domínguez, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para asuntos de las Universidades e Instituciones Superiores Autónomas por ley en el Estado de San Luis Potosí; mediante el cual desahoga la prevención que le fue efectuada en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida y el escrito de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, la Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que concluyó, que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 20/2019/J.E; sin embargo, ésta no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Es así, porque del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación dentro del procedimiento de origen, o su paralización total. En efecto, del artículo 763, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la autoridad laboral debe resolver de plano los incidentes que no tengan una tramitación especial -como ocurre con el de liquidación de laudo-, oyendo a las partes, esto es, debe dictarse la interlocutoria correspondiente inmediatamente después de concluida la audiencia a que se refiere el mencionado precepto legal. En la especie, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se cerró instrucción en el juicio de origen, y la demanda de amparo se presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, de lo que se colige que a esta última data no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales antes señalado, a fin de considerar que la omisión reclamada es de aquellas contra las que procede el juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda de que se trata al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista el escrito aclaratorio signado por Fabián Eduardo Requena Muñoz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Rubí Ceballos Domínguez, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para asuntos de las Universidades e Instituciones Superiores Autónomas por ley en el Estado de San Luis Potosí; mediante el cual desahoga la prevención que le fue efectuada en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida y el escrito de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, la Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que concluyó, que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 20/2019/J.E; sin embargo, ésta no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Es así, porque del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación dentro del procedimiento de origen, o su paralización total. En efecto, del artículo 763, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la autoridad laboral debe resolver de plano los incidentes que no tengan una tramitación especial -como ocurre con el de liquidación de laudo-, oyendo a las partes, esto es, debe dictarse la interlocutoria correspondiente inmediatamente después de concluida la audiencia a que se refiere el mencionado precepto legal. En la especie, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se cerró instrucción en el juicio de origen, y la demanda de amparo se presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, de lo que se colige que a esta última data no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales antes señalado, a fin de considerar que la omisión reclamada es de aquellas contra las que procede el juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda de que se trata al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Rubí Ceballos Domínguez, contra actos de l(a) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para asuntos de las Universidades e Instituciones Superiores Autónomas por ley en el Estado de San Luis Potosí, con copia(s) y anexo(s) que se acompaña(n); fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 476/2021-I. Ahora, a efecto de proveer lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con copias del mismo para cada una de las partes, aclare lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado, debiendo señalar, particularmente, la fecha en que fue cerrada la instrucción dentro del juicio de origen; esto, a efecto de estar en aptitud de conocer si a la data de presentación de su demanda, la autoridad responsable se encuentra en condición legal de dictar el laudo correspondiente. Se le apercibe que para el caso de no cumplir con tal requerimiento en tiempo y forma, se tendrá por no presentada su demanda de amparo; ello, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente.
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