Rubí Araceli May Guzmán

Expediente 697/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
697/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Rubí Araceli May Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa Rubí Araceli May Guzmán, por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de la responsable de acordar lo conducente a la contestación de demanda que la parte demandada del juicio laboral D-637/2015 debió realizar. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, manifiesta que el acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en razón de que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que señaló las diez horas del quince de junio del dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-637/2015; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de veintisiete de abril del año en curso, así como la mencionada constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que se señalaron las diez horas del quince de junio del dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-637/2015. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el tribunal responsable tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra y señaló fecha y hora para la audiencia de ley del juicio de origen. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado lo conducente a la contestación de demanda de la parte demandada del juicio natural, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente a la contestación de demanda de su contraparte, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se acordó lo procedente con relación a esa contestación e incluso, se señalaron las diez horas del quince de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, con relación al diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa Rubí Araceli May Guzmán, por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de la responsable de acordar lo conducente a la contestación de demanda que la parte demandada del juicio laboral D-637/2015 debió realizar. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, manifiesta que el acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en razón de que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que señaló las diez horas del quince de junio del dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-637/2015; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de veintisiete de abril del año en curso, así como la mencionada constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que se señalaron las diez horas del quince de junio del dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-637/2015. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el tribunal responsable tuvo a la parte demandada del juicio natural dando contestación a la demanda instaurada en su contra y señaló fecha y hora para la audiencia de ley del juicio de origen. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado lo conducente a la contestación de demanda de la parte demandada del juicio natural, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente a la contestación de demanda de su contraparte, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se acordó lo procedente con relación a esa contestación e incluso, se señalaron las diez horas del quince de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, con relación al diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó por una parte y concedió por otra la protección constitucional ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Diligenciaria de los números pares, adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del presente acuerdo dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando séptimo de la sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primeramente citado numeral, requiérase al Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, en su carácter de superior jerárquico para que ordene su subalterno a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, apercibido que no hacerlo así, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad obligada al cumplimiento. Finalmente, tomando en consideración que en proveído de once de septiembre de dos mil quince se formó el ANEXO I, con las copias certificadas del expediente 1876/2011, del índice del Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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