Rúben Zavala Salazar y Otros.
Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rúben Zavala Salazar y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad; mediante el cual informa que acepto la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Asimismo, en virtud de que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Cúmplase.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Bacilio Florentino Díaz y Rúben Zavala Salazar, como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero y Director de Seguridad Pública y Tránsito del citado Ayuntamiento, respectivamente, calidad que acreditan en términos de las copias certificadas que adjuntan a su demanda, contra actos de la Sala Regional de Ometepec, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1134/2019, y fórmese expediente. INCOMPETENCIA Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente TJA/SRO/084/2018. En ese contexto, se considera que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, carece de competencia legal para resolver el presente asunto y se surte en favor del Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo siguiente: Los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos que deben conocer del mismo, se encuentran plasmados en el artículo 107, fracciones V, y VI de la Constitución Federal, en relación a los numerales 170 y 176 de la Ley de Amparo que refieren: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo directo, es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, y se promoverá ante el Tribunal Colegiado que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el artículo 107, fracción V, constitucional, en su primer párrafo, establece en términos generales que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito; asimismo, el normativo 176, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, congruente con lo anterior, refiere que el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea por violaciones cometidas durante el procedimiento o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, lo cual incuestionablemente indica que se alude al amparo directo, pues este dispositivo legal se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Lo anterior conlleva a determinar, que la resolución reclamada a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, debe ser analizada en vía de amparo directo, por ser, de aquellas que deciden el fondo del asunto, y por ende, dan por concluido el juicio, lo cual conduce a establecer que este Juzgado Federal, carece de competencia legal para resolver a su respecto y su actuación se debe limitar a este pronunciamiento y, ordenar el envío del asunto al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Es aplicable la Jurisprudencia número P./J 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, Abril de 2015, Libro 17, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y se ordena remitir el original de la misma, así como sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que la envié a quien se estime competente, a fin de que sea la superioridad quien determine lo que en derecho corresponda, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Sin que haya lugar a tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica dado que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, efectúensele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que con posterioridad señale nuevo domicilio para tal efecto en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jorge Naranjo Hernández y Mateo Cruz Guzmán, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jorge Iván Naranjo Jiménez, Luis Enrique Zubillaga Guerrero y Servando García Morales, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, ya que es obligación de la misma informarse de la situación que guarda su demanda dentro de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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