Rubén Zárate Palomec

Expediente 230/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Rubén Zárate Palomec

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta. La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, devuelve las constancias relativas al exhorto 67/2023-III, orden 111/2023, del índice de este órgano jurisdiccional (librado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés), sin diligenciar. Dese de baja en el libro electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Del contenido de las constancias remitidas, se observa el actuario adscrito a dicho juzgado asentó la imposibilidad para notificar a la parte quejosa en el domicilio físico que señaló para tal efecto. Por las razones expuestas en la diligencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Del estado de autos, se obtiene que mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa solicitando acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realizaran por ese medio. En consecuencia, conforme a los artículos 26 fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, hágase a la parte quejosa la notificación por vía electrónica del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (desechamiento), a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación". Notifíquese en los términos precisados. ACUERDO DE 23 DE MARZO DE 2023: "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa."

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el quejoso **********. En atención a su contenido, se determina: EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "**********". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal actuante, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese al solicitante para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. Significándole al promovente la presente autorización no tiene efectos retroactivos. DOMICILIO. Como se pide, conforme a los artículos 26 fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte quejosa por la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" y el usuario antes señalado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. MEDIOS NO PROCESALES DE COMUNICACIÓN. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma nota. Notifíquese; y, personalmente a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...".

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: -El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe."Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: -El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe." Autorizado mediante firmas electrónicas.Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: -El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe." Autorizado mediante firmas electrónicas."Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: -El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe." Autorizado mediante firmas electrónicas.Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo indirecto 283/2023-A. De su contenido se advierte el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Rubén Zárate Palomec, por propio derecho y como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 230/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En el capítulo denominado hechos, el impetrante refiere bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: -El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional, regulado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -El citado Instituto tiene por mandato constitucional la regulación de la organización, funcionamiento y capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como del personal de la rama administrativa. -Desde el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hasta la actualidad, ocupa la plaza de Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. La cual corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional. -El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve obtuvo la titularidad en el rango como miembro del citado Servicio, que lo acredita como profesionalmente apto para integrar un órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. -Anualmente ha sido evaluado y capacitado. -El dos de marzo de dos mil veintitrés el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma data se publicó en el Diario Oficial de la Federación. -La reforma citada establece en sus transitorios que debe ejecutarse entre enero y agosto para instalar los órganos locales y las oficinas auxiliares. Estableciendo deberá compactar la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Congruente con ello, en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Conforme al precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral; o bien, versen sobre derechos políticos. En estos supuestos, los actos están sujetos al control constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral. Por lo anterior, acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral. Y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales. Siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral o al ejercicio de derechos políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 156 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 175, Novena Época, Materia Común, registro digital 1002222, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, materia constitucional, registro digital: 168997, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Así, en el caso, dado que el contenido material de la normatividad impugnada es electoral, no puede ser impugnada por vía de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido la parte quejosa también argumenta el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Organización Electoral de la Decimonovena Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Empero, ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto. En concreto, sobre la integración de las autoridades electorales. De ahí que aun considerando pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral. Lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, materia común, registro digital: 161391, siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. No siendo ocioso decir que en el Decreto impugnado se expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La cual prevé las controversias laborales se resolverán conforme al: LIBRO CUARTO Del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Por lo que el peticionario tiene expeditos sus derechos para en caso de considerar resintió afectación en sus derechos laborales, promueva a través de los medios previstos en la normativa electoral lo correspondiente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a Ernestina Landa Martínez, Angélica Citlalli Zárate Landa y Rubén Humberto Zárate Landa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las restricciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico proporcionado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa Rubén Zárate Palomec señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Rodríguez Clara, número cuarenta y cinco (45), Colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, al momento de la diligencia sea requerido para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hasta en tanto lo señale. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, mediante exhorto a la parte quejosa.

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